La empresa responable del proyecto Castor aguarda los informes técnicos sobre el almacen de gas situado frente a la costa de Castellón y Tarragona, que determinará sus efectos sobre la falla Amposta y su relación con los más de 500 terremotos producidos en la zona. La planta permanecerá parada hasta entonces y el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha dicho este jueves en el Congreso que se preservará la seguridad de la población afectada por el proyecto Castor y que el Gobierno llevará ante el Supremo la cáusula abusiva que obliga al gobierno a indemnizar a la empresa en caso de cierre definitivo, cuyo coste ascendería a 1700 millones de euros. Informe Semanal ha estado en la plataforma, ha sondeado los temores de los habitantes de la zona y pescadores, de las asociaciones ecologistas y los alcaldes de los municipios cercanos. Hemos buscado también los argumentos técnicos con el catedrático de geología de la Universidad Complutense, Gonzalo Vallejo y con Recaredo del Potro, presidente de ESCAL-UGS, la empresa responsable del proyecto Castor.
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