Prisión sin fianza para Villar y su hijo por lucrarse con la federación

• El juez Pedraz acuerda esta medida en un auto ante la gravedad de los delitos
• Villar, su hijo Gorka y Juan Padrón han ingresado en la prisión de Soto del Real
• La rescisión de contratos con Santa Mónica causó perjuicio de 51,7 millones
• Creó una red de "clientelismo" y "sobornos" para garantizar su reelección
• El juez sospecha que Gorka Villar se lucró con 10 amistosos de la selección
• Consulta el auto del juez Pedraz, en PDF

Villar, su hijo Gorka y Juan Padrón ingresan en prisión provisional sin fianza

El juez Santiago Pedraz ha enviado a prisión sin fianza al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, y a su hijo Gorka por un posible perjuicio de millones de euros a las arcas del organismo, han informado fuentes jurídicas.

El magistrado ha decretado asimismo el ingreso en prisión sin fianza para el presidente de la federación tinerfeña, Juan Padrón, mientras que al secretario de este organismo, Ramón Hernández Baussou, le ha impuesto una fianza de 100.000 euros para salir de prisión, todo ello tras tomar declaración a los cuatro durante todo el día.

Villar, su hijo Gorka y Juan Padrón han ingresado a las 21:00 horas en la prisión de Soto del Real de manera provisional.

Los detenidos han sido conducidos esta la mañana de este jueves a la Audiencia Nacional tras su arresto el pasado martes en la 'operación Soule', en la que se les acusa de lucrarse en beneficio propio con las arcas del ente federativo.

Según informa la Audiencia Nacional, el juez acuerda esta medida en un auto ante la gravedad de los delitos -administración desleal, apropiación indebida estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares-, lo que pudiera llevarles a huir de la justicia, "máxime ante la gran capacidad económica de la que disponen", así como la posibilidad de obstrucción de la investigación, que se encuentra pendiente de analizar toda la documentación ocupada en los registros.

Un perjuicio de 51,7 millones a la RFEF

La decisión de resolución de los contratos entre la RFEF y el Grupo Santa Mónica (GSM) adoptada por Ángel María Villar y Juan Padrón "causó un perjuicio al patrimonio de la RFEF de 51,7 millones de euros, según el auto.

En 2012 el grupo Santa Mónica incumplió el contrato de cesión de derechos audiovisuales,  por no abonar cantidades debidas (15.530.000€) y por no haber solicitado éste la preceptiva autorización federativa para la venta de esos derechos a la empresa MEDIASET ESOALA COMUNICACIÓN SA en enero de 2013, según establecía el contrato, "operación de la que la RFEF tuvo conocimiento una vez firmado el acuerdo entre ambas partes".

La directiva también acordó por unanimidad autorizar todas las acciones legales en defensa de sus legítimos intereses, así como la negociación y suscripción de acuerdos con el Grupo Santa Mónica para resolver todos los acuerdos y contratos que tuviera suscritos con el citado Grupo, consiguiendo recuperar todos los derechos que gestionaba.

"La decisión de resolución de estos contratos apartándose de lo acordado por la Junta Directiva causó un perjuicio al patrimonio de la RFEF de 51.746.071,30€", sostiene el auto, que desglosa este daño en tres apartados. 4.996.071,30€ por la renuncia a unos derechos que no se acreditan; 17.000.000€ por la resolución del contrato de derechos audiovisuales y 29.750.000€ por el no ejercicio de la cláusula de responsabilidad penal que contemplaba el contrato de cesión exclusiva de derechos audiovisuales.

Venta interesada de derechos

Según la denuncia, en el primer trimestre de 2014 el grupo de comunicación MEDIAPRO ofreció 16 millones por los derechos internacionales de los partidos de la selección española, Copa del Rey y Supercopa para un periodo de tres años.

"Dicha oferta fue traslada por el denunciante a Juan Padrón y Ángel María Villar, quienes la rechazaron, vendiendo finalmente esos derechos al grupo B4 Capital, al que estaría vinculado el italiano Antonio Matarrese, quien según el denunciante, es íntimo amigo de Villar (ex vicepresidente de FIFA)".

El auto añade igualmente que "el acuerdo, según Pérez, por 16,5 millones por un periodo de cuatro años, abarcando el ámbito territorial mundial, presumiblemente supuso un perjuicio para el patrimonio federativo".

MEDIAPRO ofreció asimismo la adquisición de los partidos amistosos de la selección española por 40 millones, "oferta igualmente rechazada y se adjudicó el contrato a MEDIASET, que revendió presumiblemente los derechos a TVE por importe de 30 millones".

El documento de Pedraz recuerda que ATRESMEDIA denunció en 2014 ante la CNMV que la RFEF no garantizaba los principios de transparencia objetividad y no discriminación de otros operadores en la venta de los derechos televisivos de partidos de la selección española.

Villar creó una red de "clientelismo"

Según el magistrado, Villar se valió de una red de clientelismo, soborno y presiones con el fin de garantizar su permanencia al frente de este organismo.

El juez apunta que al menos desde 2009 Villar creó un entramado que ha permitido la desviación de fondos tanto públicos como privados de la RFEF y organismos vinculados a ellos como la propia Fundación y MUPRESFE (Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija) estableciendo un "clientelismo" tanto en la contratación del personal que recae en familiares de los acusados como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministros.

El pasado mes de junio, según recoge el auto, el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Angel Pélaez, comunicó a Villar que había dejado fuera de reparto de los presupuestos de la Federación 5.210.000 euros para disposición personal del principal acusado, a quien le llegó a decir que podría emplear esa cantidad para lo que le saliera "de los huevos".

Sobornos para garantizar su reelección

Respecto al presunto cabecilla de esta trama, Pedraz detalla en su auto que Villar cometió "excesos en las facultades de administración", aprovechándose de su posición de dominio en calidad de presidente de la Federación desde 1988 y precisa que existen indicios para afirmar que se garantizó la mayoría necesaria para seguir al frente del organismo.

Concreta dichos excesos en los nombramientos de la Junta Directiva por un lado (que utiliza a modo de recompensa para premiar la lealtad de los presidentes de las federaciones afines o vetar a los que le son contrarios), y por otro, en la concesión de beneficios a los que han favorecido su candidatura. Estas serían la Federación de Fútbol de la Región de Murcia y la Federación Cántabra de Fútbol.

Así se desprende de la transcripción de unas grabaciones telefónicas incorporadas al sumario que se atribuyen a Villar, a Padrón y al que fuera entrenador de la Selección Nacional de Fútbol Javier Clemente. En estas se aprecia como el principal acusado le ofrece a José Angel Pélaez una entrada gratis para la final de la Champions League en Cardiff (Reino Unido) de este año.

Clemente advirtió de la compra de votos

En dichas conversaciones, Clemente le dice a Padrón que Juan Luis Larrea, delegado de la Selección Nacional, está preocupado por tener que pagar 300.000 euros a la Federación Cántabra de Fútbol por unos campos de fútbol que nunca serían de la federación sino del Ayuntamiento. Padrón le responde que Villar no va sino a lo de él y que le importa "tres cojones" la federación.

Igualmente, Clemente advirtió a Padrón de que Villar había comprado votos ya que en su conversación dijo: "Son votos, son votos comprados ¡Joder Juan!... Apoyos comprados... Decir amén, amén por... llevarse unos dineros", dijo.

Gorka Villar se lucró con 10 amistosos de la selección

Santiago Pedraz sospecha que Gorka Villar se benefició de al menos diez partidos de la selección española contra otras selecciones, de las que acabó percibiendo cobros.

Casos en los que se aprecia "una especie de relación triangular" entre la RFEF, federaciones extranjeras y Sports Advisers SL, la empresa de Gorka Villar, quien, pese a no tener cargo alguno en la federación, participa directamente en algunas negociaciones.

Así lo plasma en el auto en el que ha decretado prisión sin fianza para Ángel María Villar, el vicepresidente de la RFEF, Juan Padrón, y el hijo del primero por montar un entramado para lucrarse de millones de euros.

Uno de los métodos utilizados era el de la organización de partidos amistosos en la época más laureada de la selección española para beneficiar a la empresa del hijo de Villar.

Corea del Sur (en 2010 y 2012), Venezuela (2011), Chile (2008, 2011 y 2013), México (2010), Colombia (2011 y 2017) y Argentina (2009 y 2011) son los partidos bajo sospecha.

En todos se aprecia una "inmediación temporal"

En todos y cada uno" de los casos se aprecia una "inmediación temporal" entre el partido de la selección y la contratación de los servicios de la empresa de Gorka Villar y en algunos, como en el caso de Corea, Venezuela o Colombia se implica directamente en la negociación del partido.

De hecho, el de Corea de Sur de 2012 ni siquiera estaba en los planes aprobados por la RFEF y finalmente se impuso por decisión de Ángel María Villar, que además permitió que la federación coreana no pagara derechos comerciales ni de televisión.

El resultado es que la federación pasó de percibir 1,2 millones de euros de la empresa Matchworld (como estaba estipulado) a cobrar sólo 870.000 euros y además tener que pagar los gastos de alojamiento y manutención de la delegación.

Poco después de organizar el partido de Venezuela, la empresa de Villar hijo firmó un contrato con esa federación por 29.475 euros; en el caso de Chile fueron 36.000 euros y 48.000 en dos anualidades y así sucesivamente, lo que lleva a los investigadores a creer que esos contratos no son "fruto del azar", sino un resultado buscado y en el que influyó la posición de su padre.

Indemnización de 300.000 euros y vuelta a contratar

La investigación, que surge a raíz de una denuncia del Consejo Superior de Deporte (CSD), expone igualmente que una auditoría del organismo concluyó que el promedio de retribuciones anuales a 40 empleados era de 5,5 millones de euros y alertó sobre la contratación excesiva de personal, los altos sueldos y la baja productividad de parte de éste.

Villar también maniobró para que la secretaría general de la RFEF, Esther Gascón, percibiese 300.000 euros en calidad de indemnización por su despido para posteriormente ser de nuevo contratada.