En libertad con cargos el director de obra pública de la Generalitat y el extesorero de CDC Osàcar
- El juez ha dejado libre a Rosell en contra del criterio del fiscal, que pedía prisión
- A ambos les ha retirado el pasaporte y les exige comparecer mensualmente
- El instructor investiga el cobro de comisiones del 3% a cambio de contratos
El juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el caso de las presuntas comisiones ilegales del 3% a Convergència (CDC) a cambio de la adjudicación de contratos ha dejado en libertad con cargos al director general de la empresa de la Generalitat que gestiona las obras públicas, Infraestructuras.cat, Josep Antonio Rosell, y al extesorero del partido Daniel Osàcar, detenido este mismo viernes por la mañana. A ambos les ha retirado el pasaporte y les obliga a comparecer ante el juzgado una vez al mes.
Según fuentes judiciales citadas por Efe, después de que este jueves enviara a prisión sin fianza al actual tesorero de CDC, Andreu Viloca, el único de los detenidos por su presunta relación con la trama de pago de comisiones que está en prisión, el juez ha tomado este viernes declaración a dos empresarios, además de Rosell y Osàcar, que se han negado a declarar ante el magistrado.
La detención de Daniel Osàcar, que dejó el cargo de tesorero en diciembre de 2010, ha elevado a 12 el número de detenidos por su presunta implicación en la trama de cobro de comisiones, que el pasado miércoles comportó el registro de la sede de CDC y de empresas sospechosas de pagar mordidas.
Osàcar, cuya detención también estaba prevista el pasado miércoles pero que se aplazó para que le fuera menos gravosa dado su delicado estado de salud, está obligado a entregar su pasaporte al juez, que ha estimado que existe riesgo de fuga según los argumentos de la Fiscalía, que sostiene que posee bienes en el extranjero.
El pasado 28 de agosto, la Guardia Civil registró el domicilio de Osàcar por orden del juez que instruye el caso y el material intervenido en su casa ha sido clave para precipitar la tercera fase de la Operación Petrum del pasado miércoles, en la que los investigadores se hicieron con la contabilidad de CDC.
El nombre de Daniel Osàcar aparece también en el caso del expolio del Palau de la Música, por el que la Fiscalía le pide siete años y medio de prisión por su papel clave en el presunto pago de comisiones ilícitas de la constructora Ferrovial a la formación nacionalista.
Pese a ello, el presidente de la Generalitat y líder de la formación, Artur Mas, ha vuelto a asegurar este viernes que mantiene la "confianza" que en su día depositó en Osàcar y Viloca, aunque ha precisado que en CDC el administrador es el único responsable de las finanzas del partido.
El director de obra pública, en libertad en contra el criterio del fiscal
El riesgo de fuga, junto al de destrucción de pruebas, ha sido también esgrimido por la Fiscalía Anticorrupción para pedir prisión incondicional para el director general de Infraestructuras.cat, la empresa que gestiona la obra pública de la Generalitat, por riesgo de fuga y destrucción de pruebas.
El magistrado, sin embargo, ha rechazado la medida cautelar planteada por el ministerio público y ha acordado dejar en libertad con cargos a Josep Antoni Rosell, aunque le ha retirado el pasaporte como a Osàcar y, además, le obliga a comparecer mensualmente en el juzgado.
El alto cargo permanece imputado en la causa por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, financiación ilegal, alteración de precios en concursos y subastas públicas y falsedad en documento mercantil, de acuerdo con la calificación provisional que ha establecido el juez.
La Fiscalía sospecha que Rosell pudo intervenir desde la empresa de obra pública para favorecer la adjudicación de proyectos a compañías que pagaban comisiones a CDC.
Varios empresarios, en libertad
También en libertad, con el pasaporte retirado, ha quedado el directivo de la empresa Oproler Sergio Lerma, que se sospecha pagó comisiones a fundaciones afines a CDC para lograr la adjudicación de obras y servicios públicos.
El juez ha dejado además en libertad esta mañana a Xavier Tauler, consejero delegado -desde hace un año solo con funciones consultivas- de Copisa, una empresa adjudicataria habitual de obra pública de la Generalitat. Tauler está imputado por la Audiencia Nacional por haber pagado presuntamente 3,2 millones en comisiones ilegales a Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del expresidente de la Generalitat.
Otro de los que han quedado en libertad con cargos tras comparecer ante el juez es Jordi Soler, directivo del Grupo Soler que se sospecha pudo pagar una comisión por la construcción de un centro cultural de Sant Fruitós del Bages (Barcelona), adjudicada en 2009 y financiada con fondos del llamado plan E, impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero.
También están en libertad con cargos desde el jueves, sin comparecer ante el juez aunque con la obligación de hacerlo como imputados cuando se les cite, los dos empleados del área financiera de CDC detenidos -Carlos del Pozo, secretario del patronato de la Catdem, y Anna Dolors Benítez-, así como otros cuatro de los empresarios arrestados.
Registro en la sede de CDC
El juez que instruye el caso ordenó el pasado mes de agosto que se registrase el domicilio de Osàcar, la sede de la Fundación Catdem, donde se incautó de varias cajas con documentación y ordenadores, y el despacho de su actual administrador, Andreu Viloca, en la sede de CDC.
La Fiscalía Anticorrupción destacó la "especial relevancia" de los documentos triturados que se incautaron en el registro del despacho en la sede de CDC, que pudieron ser reconstruídos por el servicio de Criminalística de la Guardia Civil.
Agentes de la Guardia Civil registraron durante cerca de ocho horas la sede de la Fundación Catdem, a la que se cree que Teyco (empresa controlada por la familia Sumarroca, históricamente vinculada a la del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol) pagó comisiones del 3% del importe de obras públicas municipales, la mayoría de ellas financiadas con fondos del Estado procedentes del "plan Zapatero" entre 2009 y 2010.
El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, ha comparecido este viernes en el Parlament para defender la transparencia de la gestión de las obras públicas y, entre otras cosas, ha dicho que "tenía y tiene" confianza en los tesoreros Viloca y Osàcar, después de que este miércoles asegurase que se siente "objeto de caza mayor" y criticase la actuación de la Fiscalía en esta investigación.
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