La infanta se enfrenta a una petición de ocho años de prisión

El macrojuicio ha comenzado este lunes a primera hora con la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, sentados en el banquillo de los acusados. Ambos han entrado juntos al edificio de la Escuela Balear de la Administración Pública de Palma, donde se celebra, con gesto serio y sin hacer declaraciones a la prensa aunque ya dentro se han sentado separados como ha previsto el tribunal.

Arranca el jucio del caso Nóos con Urdangarin y la infanta como acusados

Arranca el jucio del caso Nóos con Urdangarin y la infanta como acusados

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El tribunal del caso Nóos -una de las piezas separadas del caso Palma Arena- juzga a los exduques de Palma y a otros 16 acusados más por el presunto desvío de seis millones de euros públicos a través de los contratos que realizaron los gobiernos autonómicos de Baleares y Valencia y el Ayuntamiento de Madrid con el Instituto Nóos, puesto en marcha por Urdangarin y su exsocio Diego Torres.

Urdangarin se enfrenta a una petición de 19 años y medio de prisión por parte de la Fiscalía como presunto autor de los delitos de prevaricación, malversación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra la Hacienda, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Manos Limpias pide para él 26 años y medio y para la infanta ocho años como cooperadora de dos delitos fiscales.

Tras la primera jornada de juicio, que se ha prolongado desde las 9.21 de la mañana hasta las 21.58 horas de la noche con varios recesos, el tribunal tendrá que pronunciarse sobre las cuestiones previas que han quedado pendientes, entre ellas si aplica o no la doctrina Botín a la infanta, antes del 9 de febrero, cuando se reanudará con las declaraciones de los acusados.

El fiscal: "La única respuesta judicial posible es el archivo"

Durante su intervención en la fase de cuestiones previas, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha subrayado que "la única respuesta judicial posible" para la infanta Cristina es el archivo de su imputación y ha señalado que otorgar legitimidad a la acusación popular de Manos Limpias "supondría quebrantar la doctrina emanada hasta la fecha por el Tribunal Supremo y una discriminación no justificada" en alusión a la doctrina Botín. "¿Por qué en idénticas circunstancias ni un solo ciudadano se ha sentado en el banquillo y estas dos ciudadanas sí?", se ha preguntado.

El fiscal Anticorrupción ha presentado además un informe de Hacienda como nueva prueba para avalar que ninguna de las dos cometió delito en caso de que el tribunal rechace aplicar la doctrina Botín y el juicio siga adelante contra la infanta.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, concluye que los socios no administradores de una empresa utilizada para defraudar a Hacienda o los que no ejerzan funciones de gestión no pueden incurrir en responsabilidades penales por el mero hecho de ser socios en la misma. Este sería el caso de la infanta, que compartía al 50% al empresa Aizoon.

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Defensa, fiscalía y acusación particular piden que se aplique la llamada doctrina Botín para la Infanta

El informe, que ha sido admitido por el tribunal, ha sido elaborado por Caridad Gómez, jefa de la Unidad Central en materia de Coordinación de Delitos contra la Hacienda Pública.

Horrach ha insistido también en que, cuando lo único que marca la diferencia entre la infracción administrativa y el delito fiscal es el importe de la cuota defraudada, (que debe ser superar los 120.000 euros para ser punible), "no es posible trasladar al proceso penal lo que no está previsto como infracción administrativa en las leyes tributarias".

La defensa pide no vulnerar "derechos fundamentales"

Por su parte, el abogado defensor de la infanta Cristina Jesús María Silva ha solicitado la nulidad de la acusación de la infanta Cristina porque se vulneran sus "derechos fundamentales" y ha insistido en que Manos Limpias no está legitimada para mantener en solitario la imputación de la infanta si no acusa la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

En el turno de cuestiones previas con el que se ha iniciado el juicio ante la Audiencia de Palma, Silva ha subrayado que reclama la exoneración de la infanta en aplicación de la "jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo" en sucesivos pronunciamientos.

Ha detallado que la acción popular no puede sostener la acusación en solitario, como ha fijado el Tribunal Supremo (en 2007 con la llamada doctrina Botín), ha confirmado por el Constitucional y posteriormente aplicado hasta en siete decisiones distintas audiencias provinciales desde 2009.

La defensa de la infanta ha presentado además como nueva prueba documental un informe económico que rebaja en unos 50.000 euros la posible responsabilidad civil en la en la que incurriría a título lucrativo si el tribunal condena a su marido, Iñaki Urdangarin, y que ha admitido el tribunal. El fiscal sostiene que la infanta pudo beneficiarse de 578.413 euros.

La Abogacía califica de eslogan el lema "Hacienda somos todos"

La abogada del Estado Dolores Ripoll ha defendido este lunes la aplicación a la infanta Cristina de la doctrina Botín y ha rechazado que Manos Limpias pueda ser acusación en este caso basándose en el lema de que "Hacienda somos todos" porque esta es una expresión que fue creada en su día para el ámbito publicitario y no puede ser aplicada al derecho, según recoge Europa Press.

"No existe la acusación pública en materia tributaria", ha defendido de forma vehemente Ripoll, que ha cuestionado durante su intervención que la motivación de Manos Limpias en este caso sea la defensa del interés público.

Esta letrada ha manifestado que los servicios jurídicos del Estado acusan o no atendiendo únicamente al resultado de la instrucción y sobre delitos penales, no sobre infracciones administrativas, en alusión al hecho de que las irregularidades tributarias de la infanta no lleguen a los 120.000 euros anuales que constituyen delito.

A lo largo de sus intervención, Ripoll ha insistido en que el perjudicado por los delitos contra la Hacienda Pública es el erario público, representado por la Abogacía del Estado, y no los ciudadanos en general.

Manos Limpias exige que no se dé un "privilegio de inmunidad" a la infanta

La letrada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, ha reclamado que no se conceda un "privilegio de inmunidad" a la infanta Cristina, como a su juicio propugnan su defensa, la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Ha reprochado a la Abogacía del Estado que, en nombre de la Agencia Tributaria, se arrogue "el monopolio" de la defensa de los intereses de la Hacienda Pública. Considera, además, que si el tribunal decide que el juicio no continúe contra doña Cristina no permitirá que se defienda y la "estigmatizará socialmente".

La letrada de Manos Limpias, que mantiene en solitario la acusación por colaboración en dos delitos contra Hacienda, ha subrayado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal equipara a la acusación popular con la particular en muchos preceptos, lo que a su juicio la legitima para acusar a la hermana del rey sin que lo hagan la Fiscalía ni la Abogacía del Estado.

López Negrete ha rebatido también los principios jurisprudenciales, doctrinas conocidas como Botín y Atuxa, que han expuesto la defensa de la infanta Cristina, el fiscal y la abogada del Estado para negar su legitimidad y ha recalcado que la acción popular es un derecho constitucional.

Cree que excluir a Manos Limpias de la posibilidad de ejercer la acusación contra la infanta sería "un retorcimiento" del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que causaría un triple perjuicio a la Justicia, a la Corona y a la propia infanta.

Urdangarin y la infanta, sentados en la misma fila pero no juntos

Las 18 personas acusadas en el caso Nóos se han sentado en el banquillo de los acusados este lunes con todas las miradas puestas en la infanta y su marido. Cristina de Borbón ha estado sentada en un extremo de la tercera fila de los encausados.

Es la misma fila en la que se han sentado Iñaki Urdangarin, aunque separado de ella, y su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, que ha pedido la nulidad de todo el juicio y ha insistido en pedir, a través de su abogado, la declaración como testigos del rey Felipe VI y del monarca emérito, don Juan Carlos de Borbón. Testimonios que no han sido aceptados por el tribunal.

Sin embargo, el tribunal sí ha aceptado la declaración como testigos, a propuesta de Torres, de el exjefe de prensa de la Casa Real Javier Ayuso y de la montañera Edurne Pasabán, entre otros.

La infanta ha vivido impertérrita la primera sesión del juicio del caso Nóos. Según relata Efe, parecía que había acudido con la lección bien aprendida: no gesticular, no sonreír y llamar la atención lo menos posible.

Y lo ha conseguido. Durante las cinco horas y media de juicio de la mañana, la infanta ha permanecido en la misma postura de rigidez protocolaria: espalda recta, piernas descruzadas y en paralelo, la barbilla ligeramente levantada y las manos entre las piernas, palma con palma. Solo movía la cabeza para mirar a los abogados cuando intervenían o la televisión de plasma que tenía a su izquierda y que le permitía ver al fiscal y a las acusaciones.

En la primera fila se han situado el ex director general de Deportes José Luis "Pepote" Ballester; el exdirector de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal; el exdirector del Instituto Balear de Turismo Juan Carlos Alía; el exsecretario de dicha entidad Miguel Ángel Bonet; el expresidente del Govern balear Jaume Matas y el que fuera contable de Nóos y cuñado de Torres, Marco Antonio Tejeiro.

En la segunda fila, el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas Jorge Vela; la ex responsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia Elisa Maldonado; el exdirector de dicha entidad José Manuel Aguilar; el exsecretario valenciano de Turismo Luis Lobón; la ex consejera delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016 Mercedes Coghen y la esposa de Diego Torres y responsable de personal de Nóos Ana María Tejeiro.