La Fiscalía investigará a los ayuntamientos por los escraches a policías, pero no las cargas del 1-O
- El TSJC pide informes de la coordinación policial y los incidentes
- La Fiscalía investiga a Pineda y Calella por la expulsión de policías de sus hoteles
- Se opone, en cambio, a investigar la actuación policial durante el referéndum
- Sigue en vivo y en directo la actualidad en Cataluña tras el 1-O
La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias para investigar la expulsión de los agentes de la Policía Nacional de los hoteles de Pineda de Mar y Calella (Barcelona) en los que se hospedan los agentes movilizados para frenar el referéndum independentista suspendido por el Tribunal Constitucional, y la posible implicación de los "responsables municipales" en esa decisión.
En un escrito, la fiscal jefa de Barcelona, Ana Magaldi, delega la investigación al servicio especial de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona, que ha abierto diligencias por los delitos de amenazas, coacciones y contra los derechos fundamentales y libertades públicas "cometido por la pertenencia de los afectados a la nación española".
Mientras, la magistrada del TSJC Mercedes Armas, que investiga la querella contra el Govern por convocar el referéndum, ha requerido a Diego Pérez de los Cobos, como responsable del dispositivo para impedir el 1-O, un informe sobre su "plan de coordinación", detallando el cometido de cada cuerpo policial, su grado de cumplimiento y su resultado.
También solicita la juez instructora a Pérez de los Cobos, responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, la "relación de los incidentes" que fueron produciéndose en el transcurso de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la jornada del referéndum.
El auto rechaza la pretensión de la defensa de los miembros del Govern de que sea el TSJC quien asuma la investigación que dirige el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, quien hace dos semanas ordenó la operación que culminó con la detención de altos cargos de la Generalitat presuntamente relacionados con los preparativos del referéndum.
Se opone a investigar las cargas policiales
En cuanto a las cargas policiales durante la jornada del referéndum del 1-O, la Fiscalía se ha opuesto a investigar la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el 1-O porque considera que no afectó "en absoluto a la normal convivencia ciudadana" y ha recriminado al Govern que convocara "de forma irresponsable" a los ciudadanos en concentraciones "tumultuarias" ante los locales de votación.
En el escrito presentado ante el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que tiene en sus manos la denuncia de la Generalitat contra las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1-O, la Fiscalía considera que no debe investigar la actuación global de ambos cuerpos y pide que se indague solo la intervención de los agentes en un local de votación, la escuela Jesuitas de Sant Gervasi.
El fiscal entiende que en algunos casos los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional intervinieron en "legítima defensa" para cumplir con la orden del TSJC frente a la intervención de "individuos no identificados" que actuaron "violentamente" en su contra.
En cualquier caso, el ministerio público, en un "ejercicio intelectual", basándose en los datos proporcionados por la Generalitat, remarca que si el 1-O votaron 2.262.424 personas y 844 resultaron heridos, de ello se desprende que un 0,037 % de los votantes resultaron afectados por la "presunta violencia policial".
No obstante, el fiscal reconoce que cada uno de los casos concretos "merece y obliga" a jueces y fiscales a aclarar lo sucedido, por lo que pide que se abra una investigación sobre la intervención policial en el centro educativo Jesuitas de Sant Gervasi, en la calle Porvenir de Barcelona.
Para el fiscal, la Generalitat pretende con su denuncia generar una "interesada confusión", para "poner el foco en la presunta violencia de las actuaciones de los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil para dejar en la penumbra el grave comportamiento" de los miembros del gobierno catalán.
Investiga si los Ayuntamientos amenazaron a los hoteles
En relación a la expulsión de los policías de los hoteles donde se hospedaban, el ministerio público ha encargado una investigación a la Policía Nacional de las circunstancias en que se produjo mientras a las puertas de los establecimientos se organizaban desde el pasado domingo concentraciones para protestar por las actuaciones policiales en la jornada del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.
Según el decreto de apertura de diligencias, la Fiscalía ha constatado a través de informaciones periodísticas que "numerosos agentes de los cuerpos estatales de la Policía Nacional y la Guardia Civil en las localidades de Calella y Pineda de Mar han sido expulsados globalmente de los hoteles en que estaban alojados y que podría haber responsables municipales implicados en dichos hechos".
Además, añade el fiscal, por las redes sociales "circula un documento" en el que el gerente de los hoteles Checkin de Pineda de Mar asegura que se ha visto obligado a desalojar a los policías, bajo la amenaza del Ayuntamiento -gobernado por el PSC- de cerrar los establecimientos durante cinco años.
En un comunicado conjunto emitido este martes, el Ayuntamiento y la cadena hotelera de Pineda han negado esas presiones para expulsar a los policías y el consistorio ha precisado que se ha limitado a plantear a la Delegación del Gobierno si los policía podían adelantar unos días su salida de los hoteles, prevista para el 5 de octubre próximo.
Pese a que ayer se les indicó que debían abandonar los hoteles a las 16:00 horas de este martes, los policías siguen en los establecimientos de Pineda de Mar, donde permanecen congregadas centenares de personas para exigir que abandonen la localidad.
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