El Gobierno recurre la candidatura de Puigdemont "con todo el respeto" al informe en contra del Consejo de Estado
- El Consejo de Estado discrepa sobre el momento escogido
- Explica que si se admite a trámite, el pleno del martes 30 quedará suspendido
- El TC estudiará el recurso en Pleno extraordinario el sábado a las 13.00 horas
- Consulta el contenido del recurso del Gobierno al Constitucional en pdf
El Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de impugnación contra la candidatura de Carles Puigdemont a la investidura, a pesar de que no tiene el respaldo del Consejo de Estado que este jueves dijo al Ejecutivo que discrepa sobre el momento elegido para oponerse a esta sesión plenaria que está prevista para el 30 de enero.
Finalmente, el recurso que ha presentado el Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el Constitucional pretende impugnar tanto la resolución del presidente del Parlamen planteando la candidatura del expresidente catalán como la que firmó Roger Torrent el jueves convocando el pleno del próximo martes para hacerla efectiva. En caso de ser admitido a trámite, supondría la suspensión de ambas resoluciones.
El presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, ha convocado un pleno extraordinario para este sábado, a las 13.00 horas, con el fin de estudiar si se admite a trámite la impugnación del Ejecutivo.
A priori, no todos los magistrados son favorables a la admisión a trámite, según informa Efe, por lo que será muy difícil que el TC tome una decisión por unanimidad. De todos modos, en ningún caso se van a pronunciar en este pleno sobre el fondo del asunto.
Igualmente, los magistrados deberán estudiar si aceptan la petición de los diputados electos de Junts per Catalunya, entre los que se incluye propio Puigdemont, para ser parte en el procedimiento.
Según han adelantado a Efe fuentes del Constitucional, el tribunal va a decidir admitirlo a trámite y suspender la designación como candidato a president, con una resolución que además advertirá a los miembros de la Mesa de su obligación de obedecer.
El Gobierno ha pedido que se ordene la notificación personal tanto al presidente del Parlament como a los demás miembros de la Mesa y se les recuerde su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, y que se les haga advertencia expresa de las consecuencias penales en caso de que incumplan la resolución.
El Gobierno cree que presenta "argumentos suficientes"
La vicepresidenta de Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el recurso se presenta "con todo el respeto al Consejo de Estado", aunque ha recordado que su informe "no es vinculante" y ha añadido que el Gobierno considera que tiene "argumentos legales suficientes para evitar que el señor Puigdemont, que se encuentra huido, pueda continuar con este desafío a la legalidad y la democracia".
“El Consejo de Estado nos da sus opiniones, tiene función de asesoramiento. No nos da instrucciones y a nosotros nos toca gobernar”, ha querido dejar claro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha quedado aprobado este recurso de inconstitucionalidad.
Preguntada sobre si ha causado sorpresa en La Moncloa el revés del informe desfavorable, ha insistido en la misma línea: "El Gobierno sabrá qué medidas toma, cómo las toma y cuándo las toma, porque para eso es el Gobierno"
“Sáenz de Santamaría: "El señor Puigdemont no tiene libertad para ir al Parlament"“
"El señor Puigdemont está en busca y captura en territorio nacional por delitos tan graves como la rebelión, sedición y malversación y no puede ser investido presidente de la Generalitat. No tiene libertad para ir al Parlament", ha afirmado la número dos del Ejecutivo, que ha defendido que el Gobierno haga uso de "todas las herramientas jurídicas" porque "entre sus obligaciones está defender España" ante un "huido" que "se niega a rendir cuentas ante el Tribunal Supremo".
Por estos motivos, ha dicho, "respeta" los consejos jurídicos que da el Consejo de Estado pero su dictamen no es "vinculante para el Gobierno" y prefiere presentar ya el recurso ante la posibilidad de que "se produzca un daño al Estado de derecho que posteriormente no pueda ser solventado".
Este órgano consultivo considera que los argumentos del Ejecutivo se basan en "hipótesis" en las que se da "por seguro" la incomparecencia de Puigdemont en el Parlament. Además, asegura que la pretensión del Gobierno de abortar la investidura entra dentro de las impugnaciones "preventivas o hipotéticas".
El Gobierno ve "inédito" que alguien que "no respeta la ley" sea investido
"En nuestra obligación está que no se lleven hasta el final actos que van en contra de la Constitución y suponen una nueva afrenta a nuestra democracia", ha defendido Sáenz de Santamaría, para quien es "inédito" que alguien que "no respeta la ley" pretenda ser investido.
“Supone una nueva afrenta a nuestra democracia“
La vicepresidenta ha explicado que si es el recurso admitido a trámite por el Tribunal Constitucional se producirá la suspensión inmediata la investidura convocada para el próximo 30 de enero.
Preguntada por cuáles deben ser los pasos a seguir si el Constitucional admite a trámite el recurso y se suspende el pleno del martes 30, Sáenz de Santamaría ha trasladado al presidente del Parlament, Roger Torrent, esa responsabilidad, sin aclarar si correrían entonces los dos meses antes de convocar elecciones o se tendría que convocar otro pleno de investidura con un candidato diferente de forma obligada.
En este sentido, ha insistido en que Torrent puede promover otra candidatura diferente a la de Puigdemont: "Puede elegir entre los más de 100 diputados".
El propio Torrent ha comparecido, minutos después de que el Gobierno anunciase su decisión, para dejar claro que Puigdemont tiene "toda la legitimidad para ser candidato a la investidura" y reiterar que el pleno será el martes 30 a las 15:00 de la tarde.
Por su parte, el PSOE mantiene su “apoyo” al Gobierno en las medidas que decida poner en marcha para impedir la investidura de Puigdemont, si bien destaca que a quien le “toca administrar” lo que se debe hacer es al Ejecutivo, mietras que Ciudadanos también muestra el respaldo pero le afea el "revés" del Consejo de Estado por "no consultar a nadie".
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