El Gobierno deja fuera de la regularización de inmigrantes a los apátridas y condena a los saharauis a un "limbo"
- El Ejecutivo argumenta que el Consejo de Estado recomendó la no inclusión del colectivo, mayoritariamente saharaui
- El proceso de los apátridas se puede demorar hasta 3 años y en ese periodo no pueden optar a un permiso de trabajo
La regularización extraordinaria de inmigrantes no incluye a los apátridas. El colectivo, que sí figuraba en los borradores del decreto que manejaba el Gobierno, según explican desde la plataforma Regularización Ya, se cayó del texto definitivo después de que el Consejo de Estado objetase su inclusión en la misma disposición que la relativa a los solicitantes de asilo. Y mientras estos siguen, los apátridas, no. ¿Por qué? "Es una forma de no enfadar a Marruecos. No le encuentro más explicación", defiende Sidi Talebbuia, abogado de origen saharaui.
El 95% de las personas que solicitan ser reconocidas como apátridas son saharauis, precisa Talebbuia, que atribuye a una "decisión meramente política" la no inclusión del colectivo. El dictamen del Consejo de Estado, recuerda, advirtió que la inclusión en una misma disposición de aquellas personas que han solicitado asilo y aquellas que han iniciado el trámite para ser reconocidas como apátridas podía generar "inseguridad jurídica" y recomendó no incluir a estos últimos.
La objeción se podría haber resuelto incluyendo una disposición específica para cada uno de los grupos, según apunta Redwan Baddouh, saharaui y miembro de Regularización Ya, una de las plataformas que han impulsado la regularización y presente en las negociaciones del decreto. Talebbuia también considera que con dos disposiciones diferenciadas se podría haber resuelto el conflicto, de ahí que achaque a una "decisión política y no jurídica" el proceder del Gobierno. El colectivo está dolido, a este revés se suma el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez diese en 2022 un giro de 180 grados a la postura histórica que España había mantenido respecto al Sáhara y optase por defender el plan marroquí de autonomía.
El abogado calcula que puede haber unas 8.000 personas pendientes de que se les reconozca como apátridas y recuerda que mientras están inmersas en el trámite no tienen derecho a un permiso de trabajo. En la actualidad, según el abogado, el proceso se demora entre dos y tres años, cuando el reglamento que lo regula estipula un plazo de tres meses. “Son personas que están en un limbo y por eso era importante darles esta vía”, defiende Baddouh.
Una de esas personas es Aza Sidi Othmane, una saharaui de 31 años que lleva un año y siete meses esperando a que el Ministerio del Interior resuelva su expediente. Reside en Gijón, con su hermana, y no tiene trabajo. “No dan ninguna explicación de por qué tarda tanto. Lo último fue que recibí una carta hace cuatro meses en la que me daban un plazo de 10 días para ir a Extranjería”, cuenta. Allí presentó toda la documentación que le habían requerido, pero no ha vuelto a tener más noticias.
Mientras, Aza se va apoyando en la ayuda que le brindan familiares y amigos. Así fue como consiguió un empadronamiento para que su hija, que tiene nacionalidad española porque nació a los seis meses de llegar aquí, tenga un pediatra asignado. “Es en un pueblo que está lejos, pero qué le voy a hacer, así puedo ponerle las vacunas”, explica. Ella, sin embargo, no tiene acceso a la sanidad pública a menos que acuda a las urgencias. No es la única de su círculo más próximo en la misma situación. Según explica, tiene una tía y una prima en Oviedo que también esperan la resolución de sus solicitudes para ser reconocidas como apátridas.
"No están en situación irregular"
"Las personas apátridas no están en situación irregular y este es un procedimiento específico para personas en situación irregular", se excusó este martes la ministra de Inclusión, Elma Saiz, en una entrevista en la Cadena SER. La portavoz del Ejecutivo obvió a las personas que están inmersas en el trámite y cuyo expediente todavía no se ha resuelto, el colectivo al que Regularización Ya pedía incluir en el decreto y que ha quedado fuera.
La portavoz argumentó que el Ejecutivo, tras las recomendaciones del Consejo de Estado, no debía "solapar procedimientos". "Tenemos que separar claramente la situación de las personas apátridas porque no están en situación irregular y están protegidas por el estatuto de apátrida", defendió la ministra, que no quiso contestar a la pregunta concreta de si el colectivo iba a tener entonces un proceso de regularización específico.
Mientras, Sumar, el socio minoritario del Gobierno, ha anunciado este miércoles que trabajará por desbloquear la Ley de Nacionalidad para Saharauis y "garantizar igualdad en la regularización". "No vamos a mirar hacia otro lado", ha prometido la ministra de Sanidad, Mónica García, en un post publicado en X.
Saiz además comparó la situación de los apátridas con la de los ucranianos desplazados por la guerra. No obstante Talebbuia recuerda que la situación es diferente para los solicitantes de protección internacional, que pueden optar a un permiso de trabajo a los seis meses de haber iniciado el trámite correspondiente, aunque todavía no esté resuelto.
"¿A qué obedece? Es una razón política y no jurídica, más del 95% son saharauis, procedentes de los campamentos de Tinduf", insiste Talebbuia, que remarca que los dictámenes del Consejo de Estado no son de obligado cumplimiento. “No sería la primera vez que el Gobierno se limita a escuchar la opinión del Consejo y luego continua con lo que tiene en mente”, zanja el abogado.
