Consumo abre un expediente a una inmobiliaria con miles de viviendas en alquiler por "cuatro potenciales infracciones"
- Apunta a cuatro potenciales infracciones como imponer un seguro de impago o altas penalizaciones por retrasos
- En abril ya impuso una multa de 3,6 millones a otra inmobiliaria, Alquiler Seguro, por prácticas abusivas
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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente a una gran inmobiliaria que alquila miles de viviendas en varias ciudades y comunidades de España al detectar "cuatro potenciales infracciones".
Sin revelar el nombre de la empresa, el departamento dirigido por Pablo Bustinduy ha explicado en una nota que la decisión llega tras una "investigación" y que estas infracciones podrían ser consideradas como "cláusulas abusivas". En caso de ser así, acarrearían "multas de hasta un millón de euros por cada una o entre seis y ocho veces el beneficio ilícito", ha señalado.
Las potenciales infracciones son, según detalla, "la imposición a la parte arrendataria de un seguro de impago", "la incorporación de una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada del contrato de adhesión", "la imposición de una penalización desproporcionada por cada día de retraso en la entrega de la vivienda" y "la incorporación de una cláusula que impone al arrendatario gastos y penalizaciones injustificados" de suministros y su cambio de titularidad.
Tras la apertura de este nuevo expediente sancionador, —continúa el comunicado —la Dirección General de Consumo "recuerda que la iniciación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación".
En abril multó a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros
La decisión llega poco más de un mes después de que Consumo ratificara una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro. La inmobiliaria, según indicó el ministerio en ese momento, cometió seis infracciones tipificadas como muy graves y una como grave al vulnerar los derechos de los consumidores y aprovechar su posición de predominio de mercado.
Entre las infracciones graves estuvieron, la imposición a los arrendatarios de la contratación de un servicio de atención al inquilino dentro de los gastos de gestión inmobiliaria; de la contratación de un seguro de hogar en beneficio de la parte arrendadora, cargos por reclamaciones incluso cuando no eran imputables al arrendatario; y cargos por reclamaciones judiciales, aun no existiendo condena en costas.
Otra de las prácticas sancionadas es la inclusión de cláusulas que permitían incorporar a los arrendatarios a ficheros de morosos sin deudas exigibles y la limitación del derecho de desistimiento en determinados contratos.
La resolución devino firme y agotó la vía administrativa después de que Bustinduy resolviese el recurso de alzada o impugnación interpuesto ante él. También después que la Dirección General de Consumo abriese un expediente sancionador a esta inmobiliaria por prácticas abusivas tras las denuncias de organizaciones como Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU.
