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Sánchez anuncia una reforma del sistema de dependencia con una inversión que superará los 7.200 millones en 2027

  • Es el mayor incremento de la historia en la aportación del Gobierno a la dependencia
  • La financiación de la dependencia será de 2.218 millones adicionales para 2026
Sánchez anuncia una reforma del sistema de dependencia con una inversión que superará los 7.200 millones en 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado "la mayor inversión en dependencia de la democracia" que asciende a más de 2.200 millones extra con el fin de "cuidar más y mejor a quienes más lo necesitan" y supone la financiación por parte de la Administración General del Estado del 50% del sistema de dependencia, hasta superar los 7.200 millones de euros en el año 2027. Se hará a través de un un real decreto-ley que se ha aprobado este martes en Consejo de Ministros.

Sánchez ha destacado que se trata de una inversión que multiplica casi por cinco la financiación estatal en dependencia desde 2018 y supone "un paso decisivo para consolidar un sistema mucho más fuerte, más humano y más justo".

Se trata de una reforma estructural que amplía las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tiene reconocido un grado de dependencia, y que implica duplicar estas ayudas a las personas que requieren más apoyos.

Así, las cuantías para el grado III (gran dependencia) suben un 128%, pasando de 290 euros al mes a 660 euros al mes; las de grado II (dependencia severa) suben un 100%, pasando de 130 euros al mes a 260 euros al mes; y las de grado I (dependencia moderada) suben un 18%, pasando de 76 euros al mes a 90 euros al mes.

Las comunidades recibirán mayor dotación económica

De esta manera, a partir del 1 de julio, las comunidades recibirán una mayor dotación económica para seguir avanzando en varios objetivos que ha resumido Sánchez: reducir las listas de espera, contratar a más personal, mejorar sus condiciones, ofrecer más servicios y ampliar otros como los cuidados a domicilio.

Todo ello, con el fin último de enfrentar nuevos retos como el envejecimiento de la población o los cambios en las estructuras familiares.

El presidente ha hecho este anuncio tras reunirse, junto con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, con personas con discapacidad y en situación de dependencia, cuidadores y representantes de organizaciones que trabajan en este ámbito.

Bustinduy ha incidido, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en que "hoy es un día histórico para la política social de este país". "Es la mayor ampliación de la red asistencial de este país en décadas", ha señalado, para explicar que esa financiación del 50% de la dependencia por parte del Estado era uno de los "principales objetivos" del Gobierno y "se cumple".

El ministro ha explicado que el sistema de dependencia atiende a 1,6 millones de personas, lo que supone 600.000 más que en 2020. Y aunque la lista de espera, ha añadido, se ha reducido en un 51% en seis años, aún hay casi 160.000 personas a la espera del reconocimiento de grado o de la implementación de las prestaciones acorde a su grado.

Esta medida supone, además, blindar a futuro esta inversión ampliada ya que será una obligación para el Estado, independientemente del color del Gobierno, ya que estas nuevas cuantías sólo podrían revertirse por una norma con rango de ley.

Reducir listas y más atención a domicilio, entre los objetivos

El Gobierno ha enumerado los principales objetivos de la reforma estructural aprobada este martes:

-Continuar reduciendo listas de espera para acceder a una prestación por dependencia, agilizando el sistema y minimizando la burocracia.

-Contratar a más trabajadoras para ofrecer cuidados a las personas en situación de dependencia y mejorar sus condiciones laborales.

-Ofrecer más y mejores servicios a las personas en situación de dependencia, especialmente aquellas en una situación más grave.

-Ampliar la atención a domicilio e incrementar los centros de día.

-Invertir más en tecnología y consolidar servicios como la teleasistencia.

-Transformar los centros residenciales para superar el modelo de las macrorresidencias y habilitar espacios en el que los usuarios tengan más autonomía.

Seguir avanzando hacia el modelo de desinstitucionalización

El objetivo del Gobierno no es solo poner a disposición de las comunidades más recursos, también avanzar hacia el nuevo modelo de cuidados impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales hace dos años basado en la desinstitucionalización de las personas en situación de dependencia, esto es, menos cuidado en instituciones como residencias y más cuidados en casa, para aumentar los derechos y la autonomía y priorizar la voluntad del dependiente de vivir en su hogar o en entornos próximos y comunitarios.

En este sentido, esta reforma legislativa incluye nuevos servicios para avanzar en nuevos modelos de convivencia colaborativa, y cuidados y apoyos en viviendas compartidas, y un aumento de productos de apoyo que mejoren la autonomía como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz, que se servirán mediante préstamo o cesión temporal.

Esta reforma incorpora otros avances importantes como ofrecer a la persona usuaria el derecho a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciba, y garantizar su derecho a permanecer en el entorno elegido o a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas.

Los profesionales esperan que sirva para reducir lista de espera

La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha calificado de "buena noticia" el decreto del Gobierno que aumenta la financiación estatal de la dependencia y reclama que la prioridad sea reducir las listas de espera, según informa Efe.

"El Gobierno pasa de la retórica a los hechos", ha asegurado su presidente, José Manuel Ramírez, quien ha recordado que en España siguen en las listas de espera 265.503 personas.

La entidad plantea la necesidad de incrementar las prestaciones, subir las intensidades de los servicios y compatibilizarlos, además de mejorar los salarios y las condiciones laborales del personal del sistema de la dependencia, especialmente de las auxiliares de la atención domiciliaria y de las residencias.