Primer juicio de bebés robados en España: la larga lucha de las familias lleva al banquillo al doctor Vela

La larga lucha de las familias

Plataformas y asociaciones trabajan incansablemente para identificar a los responsables e, incluso, esta cuestión lleva años en la agenda parlamentaria de los partidos, a quienes los afectados reclaman que actúen para que esta tragedia humana no quede impune.

"Que se celebre el primer juicio en España es algo positivo y nos abre una puerta a la esperanza. Esperemos que a partir de ahora la cosa cambie y se haga justicia. Se podría sentar jurisprudencia y ser un antes y un después", señala a RTVE.es, Antonio Barroso, presidente de Anadir, la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares.

Fue este colectivo el que en 2011 pidió a la Fiscalía General del Estado la apertura de una investigación para identificar a los responsables de una trama que actuó en toda España, sobre todo entre los años 50 a 90, dedicada al robo y posterior venta de niños.

Barroso calcula que podrían ser en torno a 30.000 los niños robados y entregados a otras familias con una identidad falsa, un fenómeno cuyos inicios se remontan a la Guerra Civil y tachado como una de las páginas más negras de la historia contemporánea de nuestro país.

"Nos sentimos políticamente muy defraudados, judicialmente maltratados y la ciudadanía tampoco se ha volcado con nosotros y es algo que le podría pasar a cualquiera", añade Antonio Barroso.

La comparecencia de Vela, en el aire

El juicio del doctor Vela, es, probablemente, el más esperado en el año judicial en la región aunque fuentes jurídicas han informado a Efe de que su celebración no está del todo confirmada habida cuenta de la nueva estrategia planteada por el facultativo.

El acusado, de 85 años, pidió hace días un examen forense con la intención de acreditar una enfermedad degenerativa y aplazar el juicio indefinidamente, bajo el temor de los afectados por el robo de bebés a vivir un nuevo caso sor María.

En 2012, la causa de los "niños robados" llegó a los juzgados a instancias de la denuncia presentada por María Luisa Torres por el robo de su hija recién nacida, en 1982. Torres acusó a la monja María Gómez Valbuena, conocida como sor María, de haberle arrebatado a la hija que tuvo en la clínica madrileña Santa Cristina. Se convirtió así en la primera persona a la que un juez abría diligencias por un caso de "niños robados".

Su historia acaparó las portadas de la prensa y otorgó una mayor visibilidad social a la causa. Pero cuando la instrucción avanzaba e iban apareciendo nuevos casos relacionados con la religiosa, sor María falleció. Antes de ello, se había negado a declarar.

La muerte de la religiosa supuso un jarro de agua fría para los afectados, que confiaban en que el proceso contra sor María marcara un antes y un después en la investigación de los niños robados. Se agarraban a este caso para impulsar otros más en los tribunales.

¿Cómo actuaba la trama?

Los recién nacidos eran sustraídos en diversas clínicas y a los padres se les decía que habían muerto al nacer o a las pocas horas, víctimas de alguna infección y aceleraban los trámites de enterramiento, sin la participación de la familia.

Los bebés eran entregados a otras parejas previa falsificación de los documentos, tanto el certificado de defunción, como la nueva inscripción como nacidos con otra identidad y otros padres, que pagaban por ello. Muchos con destino a otros países. Estaban implicados médicos, sanitarios, abogados, funcionarios y religiosos.

En el caso de Vela, la Fiscalía pide 11 años de prisión por participar en el robo de Inés Madrigal, que nació en 1969 en la Clínica San Ramón de Madrid y fue sustraída de su madre biológica y entregada a una mujer estéril, a quien Vela le había recomendado fingir un embarazo con cojines, mientras que la acusación particular solicita trece años de cárcel.

El Ministerio Público le acusó de un delito de sustracción de menor de siete años, otro de suposición de parto cometidos por facultativo y otro de falsedad en documento oficial y fija, además, una indemnización a Inés Madrigal de 350.000 euros.

Más de 150 periodistas de 45 medios de comunicación seguirán las dos sesiones del juicio, que arrancará el martes con la esperada declaración del acusado y de otros siete testigos. El miércoles continuará con la declaración de otros cinco testigos antes de dar paso a la prueba pericial con las comparecencias de dos peritos y la documental.

A continuación, ese mismo día se elevarán a definitivas las conclusiones e informes de las partes y el juicio quedará visto para sentencia una vez el acusado haga o no uso del turno de última palabra.

Vela ya declaró como imputado en diciembre de 2013 en relación con la denuncia del robo de Inés Madrigal, aunque se desvinculó de esa supuesta trama y negó su participación en los hechos, pues aunque reconoció su firma en el certificado de nacimiento de Inés Madrigal dijo que "firmaba cosas sin mirarlas".

Y añadió que no se explicaba ese hecho porque no conocía a Inés Pérez, una mujer estéril que figura como la madre biológica de la denunciante, pero que en realidad era madre adoptiva.