El Gobierno y el PP pactan que Manuel Marchena sea el presidente de un CGPJ de mayoría progresista
- El órgano de Gobierno de los jueces tendrá once miembros progresistas de los veinte
- Marchena, que fue propuesto por el PP, iba a presidir el juicio a los líderes independentistas
El Gobierno y el PP han pactado este lunes el nombramiento del magistrado conservador Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, así como también han acordado que el órgano de gobierno de los jueces tenga mayoría progresista, han informado fuentes de Ejecutivo.
Hasta ahora, Marchena, que fue propuesto por el PP, era el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo e iba a presidir el juicio a los líderes del procés en el Supremo.
En base al acuerdo, 11 de los 20 representantes del CGPJ serán propuestos por partidos progresistas, según la intención del Ejecutivo. El plazo otorgado en el Congreso para que los grupos presenten sus candidatos a la renovación del Consejo vence este lunes.
Tras las negociaciones del fin de semana, el PP ha consentido que el sector conservador esté en minoría del nuevo CGPJ, a cambio de que el presidente fuera Manuel Marchena.
El Gobierno ha aceptado finalmente el nombre de Marchena porque considera que en el momento actual, máxime tras lo ocurrido con la decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas, era necesario un mensaje de acuerdo y consenso de los partidos en torno a la Justicia.
Primer gran acuerdo entre PSOE y PP en el Gobierno de Sánchez
La composición del CGPJ y el nombre de su presidente supone el primer acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con el PP de Pablo Casado, un pacto que se ha conseguido pese a que el Ejecutivo diera por rotas las relaciones entre ambos, después de que el líder del PP acusara al presidente de ser "partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España".
El Gobierno considera que este acuerdo supone un mensaje positivo a la sociedad de que, en medio de las discrepancias políticas, es posible el diálogo y el consenso entre las dos principales formaciones.
Sánchez y Casado han dado el visto bueno a un acuerdo con cesiones por ambas partes y cuyas negociaciones han dirigido la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su predecesor en el cargo y responsable de este área en el PP, Rafael Catalá.
El propio Casado ha subrayado este lunes la "independencia" y la "extraordinaria profesionalidad" de los magistrados y juristas candidatos a renovar el Consejo General del Poder Judicial tras el acuerdo alcanzado con los socialistas, y no ha escatimado elogios para Marchena, "un jurista de los mejores que haya tenido España en las últimas décadas" que cuenta con "el respeto de toda la profesión".
Cambios en el tribunal del juicio del 'procés'
El pacto entre el Gobierno y los populares tendrá una repercusión inmediata en el caso de los dirigentes independentistas juzgados por su actuación en el denominado "procés", ya que Marchena formaba parte del tribunal encargado de este asunto.
La propia vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, ha recordado este lunes mismo que no podrá formar parte de ese tribunal. Posiblemente el magistrado de mayor antigüedad en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, será quien le sustituya en ese juicio, según fuentes jurídicas a Europa Press.
Pero desde el Gobierno se asegura que esta cuestión no ha sido clave para que cediera ante la pretensión del PP, sino que lo esencial ha sido garantizar que en el Consejo General del Poder Judicial haya una mayoría progresista. También insisten en que no se podía bloquear a la Justicia y era necesario facilitar su renovación.
De los veinte miembros del CGPJ, diez son propuestos por el Congreso y otros diez por el Senado, donde el plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta diciembre. El mandato de los vocales en activo del CGPJ finaliza el día 4 de ese mes. En el último proceso de elección, diez fueron propuestos por el PP y siete por PSOE. CiU, PNV e IU eligieron uno cada uno.
Podemos, dispuesto a negociar, pero Cs se excluye
Por su parte, Podemos reconoce que "hay conversaciones con el PSOE y el resto de grupos parlamentarios" para la composición del CGPJ, aunque ha matizado que todavía no han hablado de "nombres", ni del cupo que elegirán ellos.
En una rueda de prensa este lunes, los portavoces de la formación morada, Pablo Echenique y Noelia Vera, han explicado que en las conversaciones que están manteniendo han mostrado sus dos exigencias: que el criterio para elegir a los miembros sea el de su "profesionalidad" y la "neutralidad", y que haya más mujeres en el Consejo.
En este sentido, creen necesario "femenizar" el CGPJ y también que quienes lo formen "sean personas con un currículo que lo avale y que sean independientes".
Vera ha criticado también el sistema de elección, pues a su juicio, deberían ser los propios vocales quienes eligieran al presidente de su órgano de gobierno."Queremos cambiar las cosas y si gobernáramos, cambiaríamos el sistema de elección del CGPJ. Pero mientras tanto, tenemos que formar parte del proceso, aunque no estemos de acuerdo", ha afirmado la portavoz de Podemos.
Aunque ni Echenique, ni Vera no lo han confirmado, uno de los candidatos que suenan para uno de sus puestos, es la exdiputada de Podemos Victoria Rosell, magistrada que ejerce en Canarias y que fue portavoz de Jueces Para la Democracia entre 2012 y 2015.
Rosell, en declaraciones a RNE, ha asegurado que espera que "no se ceda uno" solo de los miembros del CGPJ a Podemos porque la formación morada tiene "71 diputados".
Por contra, Ciudadanos se ha excluido de cualquier negociación y se mantiene al margen de una renovación que tacha de mero "intercambio de cromos" entre socialistas y populares, quienes ahora se afanan en pactar el nombre del sustituto de Carlos Lesmes.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha tachado de "escándalo" y "vergüenza" el acuerdo alcanzado entre el PSOE y PP para la renovación del CGPJ. En una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, Rivera ha lamentado la "vuelta al pasado" que supone ese acuerdo.
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