El jurado declara a Ana Julia Quezada culpable de asesinato con alevosía por matar al niño Gabriel intencionadamente

El jurado descarta el ensañamiento

En presencia los padres del menor, Ángel Cruz y Patricia Ramírez, y en audiencia pública, las siete mujeres y dos hombres que integran el jurado han estimado probado por unanimidad que, de acuerdo con los forenses del Instituto de Medicina Legal que practicaron la autopsia, "tras el impacto" la acusada "procedió con sus propias manos" a la oclusión de los orificios respiratorios "con fuerza, hasta vencer su resistencia y provocar su fallecimiento" por asfixia mecánica por sofocación.

Ha descartado, no obstante, que hubiese ensañamiento, tal y como ha mantenido la acusación particular ejercida por los progenitores. El jurado no ha podido probar que Quezada aumentase de manera deliberada e inhumana el sufrimiento del niño al darle muerte y rechaza que haya pruebas que respalden que le diera "golpes, dejándolo aturdido" entre 45 y 90 minutos para después "taparle la boca y la nariz hasta llevarle a la muerte".

El jurado también considera que Quezada es culpable de dos delitos de lesiones psíquicas sobre los padres del niño y de dos delitos de atentado contra la integridad moral de cada uno debido a su comportamiento con respecto a ellos durante los días en los que se prolongó el dispositivo de búsqueda y la acusada "simuló encontrarse afligida".

La Fiscalía y los padres piden prisión permanente revisable

Por las lesiones psíquicas causadas, el Ministerio Público pide tres años de prisión en las relativas a Ángel y dos años y nueve meses en el de Patricia, mientras que el letrado de éstos ha reclamado tres años por cada uno.

En cuanto a los delitos contra la integridad moral, el abogado de los padres ha reclamado dos años de cárcel y, por su parte, la defensa ha solicitado las penas mínimas en todos los casos y "lo establecido" en el Código Penal en el delito de asesinato.

Además, la fiscal solicita que Quezada no pueda residir o acudir en el lugar de domicilio de la familia, órdenes de alejamiento respecto a los padres y abuela de mil metros durante 30 años, libertad vigilada y, entre otros, el pago de indemnizaciones de 770.000 euros a los progenitores por los daños morales y lesiones psíquicas, además de 160.000 euros por el daño moral a la abuela, y el pago de 202.203,84 euros por los gastos de la búsqueda del niño.

Los padres del menor: "Se ha hecho justicia"

A las puertas de la Audiencia Provincial de Almería, tras la lectura del veredicto, los progenitores del menor, Ángel Cruz y Patricia Ramírez, han dado las gracias al jurado popular y han afirmado que "se ha hecho justicia".

"Hemos conseguido justicia por Gabriel y por toda esa marea de niños que estuvo y porque esta mujer no salga nunca más", ha manifestado la madre, quien ha subrayado el "excelente trabajo" de su equipo de abogados, Miguel Ángel y Francisco Torres.

Este último se ha mostrado "supersatisfecho" por la decisión de los nueve miembros del jurado popular y ha dado por hecho que la jueza encargada del caso decretará la prisión permanente revisable.

Por su parte, la defensa de Quezada, Esteban Hernández, ha asegurado que el juicio ha sido "contaminado" y ha invitado a "repensar" la cobertura mediática y los "juicios paralelos" que pueden afectar al derecho a un juicio justo. Este letrado, que pedía para la acusada 15 años de prisión por delito de homicidio imprudente, cree que "hay base" para un recurso.

El juicio terminó el pasado martes

El juicio finalizó el pasado martes en la Audiencia Provincial de Almería tras siete jornadas en las que la acusada aseguró que acabó con la vida de Gabriel de forma "accidental", mientras que la Fiscalía y la acusación particular sostuvieron que fue "premeditado".

Gabriel Cruz, que tenía ocho años, desapareció el 27 de febrero de 2018 tras salir de la casa de su abuela paterna en Las Hortichuelas para jugar con sus primos que vivían en una vivienda a pocos metros, pero a la que nunca llegó.

Doce días después, tras una intensa búsqueda, en la que participaron más de 1.500 profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y más de 2.000 voluntarios, se localizó su cadáver en el coche de Ana Julia Quezada, que fue detenida.