El juez decreta prisión comunicada y sin fianza para los siete CDR detenidos por preparar explosivos
- Atiende la petición de la Fiscalía por la gravedad de los delitos y el riesgo de destrucción de pruebas
- Se les acusa de pertenencia a organización terrorista, fabricacion de explosivos y conspiración para causar estragos
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el lunes, a quienes la Fiscalía acusa de ultimar acciones terroristas de cara al próximo aniversario del 1-O, han informado a Efe fuentes jurídicas.
El magistrado ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía haya solicitado prisión incondicional para los siete por los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. Finalmente el delito de rebelión ha decaído en la petición del fiscal.
El magistrado considera que existen indicios de que los siete forman parte de ERT (Equip de Resposta Tàctica), una facción de los CDR con una estructura jerarquizada que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas. En los autos de prisión, García Castellón individualiza las actuaciones concretas de cada uno de los siete investigados y su función dentro de la organización.
La Fiscalía considera que la organización de la que forman parte presuntamente los detenidos tiene "naturaleza terrorista" y su finalidad era "subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública".
Además, se mantiene el secreto de las actuaciones mientras se analiza la documentación incautada el lunes en el transcurso del operativo "Judas", en el que se detuvo a los siete miembros de los CDR.
Riesgo de fuga
También entiende que concurren los requisitos para acordar la prisión por la gravedad de las penas que conllevan los delitos imputados, la posibilidad de destrucción de pruebas, si salieran en libertad, la posible sustracción a la acción de la Justicia, e incluso la posible reiteración delictiva, ante el inminente aniversario del 1 de octubre.
Dos de los acusados, antes de pasar ante el juez, admitieron ante la Guardia Civil haber comprado y hecho pruebas para la fabricación de artefactos para "meter ruido" el 1-O. Los otros cinco, representados por abogados de la organización independentista Alerta Solidària, se han acogido a su derecho a no declarar, y este jueves solo han respondido a las preguntas de sus defensas.
Ante la Audiencia Nacional se han concentrado para apoyar a los detenidos decenas de personas y varios políticos de formaciones independentistas como ERC, JxCAT, la CUP y EH Bildu. El president Torra y otras personalidades han criticado también su detención.
Derecho de defensa
Eva Pous, abogada y portavoz de los cinco detenidos que se han negado a declarar, ha lamentado tras finalizar las comparecencias que se les haya "negado" ver el expediente donde figuran "los indicios básicos" que hay contra ellos, y con ello el "derecho básico de defensa".
Tampoco se les ha permitido presenciar el interrogatorio de los dos detenidos que sí han contestado a las preguntas del juez, porque la causa está bajo secreto. Estos dos investigados presentaron el miércoles un habeas corpus, figura que permite la puesta a disposición inmediata ante el juez para hacer alegaciones si se considera que el arresto no se ha ajustado a la ley. Ante el magistrado expresaron su deseo de mantener a su abogada de oficio.
Los cinco representados de Pous solo han contestado a sus preguntas, con las que han intentado "acreditar" que son "personas normales y corrientes" y con ello desvincularse de los delitos que el fiscal les atribuye.
Fuentes de Alerta Solidaria han indicado a Efe que creen sospechosa la forma en que se asignó abogado de oficio a los otros dos presuntos miembros de los CDR que confesaron ante la Guardia Civil y apuntan a que podrían haber sufrido presiones.
Las declaraciones se han prolongado aproximadamente de las 11.00 a las 14.30 horas tras haber sido trasladados los siete detenidos a primera hora de la mañana a la Audiencia Nacional desde las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) en las que han permanecido arrestados desde el pasado lunes.
Operación Judas
Más de 500 agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad registraron el lunes una decena de domicilios de la provincia de Barcelona. Se incautó documentación, material informático y sustancias susceptibles de ser utilizadas en la fabricación de artefactos explosivos. Se produjeron registros en diez domicilios de los municipios de Mollet del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Cerdanyola del Vallès, Sant Vicenç de Torrelló, Sabadell y Santa Perpètua de la Mogoda.
También se encontraron planos e información sobre infraestructuras y edificios públicos, como un cuartel de la Guardia Civil. Según la Fiscalía, iban a llevar a cabo "proyectos terroristas con fines secesionistas" con unas acciones que podrían ser "inminentes" y haber provocado "daños irreparables".
Aunque la operación sigue bajo secreto, se sabe que las nueve detenciones del lunes (dos personas quedaron en libertad con cargos) se enmarcan en el operativo "Judas", fruto de la investigación de más de un año durante el que se han practicado numerosas intervenciones telefónicas.
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