Incertidumbre ante la vuelta al cole: planes "poco realistas" y muchas dudas sobre la seguridad en las aulas

Menos alumnos y más profesores

"Las escuelas tienen que estar abiertas en septiembre, es irrenunciable". Así de contundente se mostraba la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, el pasado 30 de julio. Un mantra que ha repetido en varias ocasiones y que se ha trasladado a la práctica totalidad de los protocolos o planes de contingencia elaborados por las comunidades autónomas.

Con matices entre territorios, los textos se basan en el documento de Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021 publicado a comienzos de junio por el Ministerio y giran en torno a cuatro pilares fundamentales: la creación de grupos estables de convivencia en infantil y primaria, la higiene y el distanciamiento social, el uso de mascarillas y la definición de distintos escenarios que van de la educación 100 % presencial a la totalmente telemática, pasando por un modelo mixto, en función de las condiciones sanitarias.

“La única posibilidad es reducir los alumnos y subir los profesores“

"Conociendo la realidad de los centros, con la actual ratio [de alumnos por aula] y sin medios sanitarios", la aplicación de las medidas propuestas por las comunidades autónomas "es impensable" para el presidente del Sector Nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez. "La única posibilidad real es reducir el número de alumnos y subir el número de profesores", argumenta, a la vez que critica la "falta de liderazgo del Ministerio", con "un falso mensaje de que la responsabilidad la tienen las comunidades autónomas", a las que también acusa de "deslealtad" e "inoperancia", en algunos casos.

Más allá de estas críticas, lo cierto es que al menos Madrid, Cataluña, Andalucía, Asturias, la Comunidad Valenciana y Cantabria sí han anunciado la ampliación de equipos de personal docente y de administración y servicios. No obstante, no es algo generalizado y solo en algunos casos se trata de una ampliación de la capacidad para hacer frente a las propuestas.

La semipresencialidad, una salida al escenario actual

"Con las medidas que se puedan aplicar, la presencialidad es prácticamente imposible", asegura el representante de FEDADI, que cree que, "si no se pueden reducir las ratios -porque supone contratar mucho profesorado- y la situación sigue como está, lo más sensato sería plantear la semipresencialidad". "Desahogaría la asistencia de personas al centro y un nivel de garantía un poco mayor", defiende, sin entender que en algunas comunidades se estén reduciendo las reuniones sociales a diez o 15 personas, pero se esté planteando juntar a 30 o 35 alumnos en un aula durante seis horas. "No parece que llevar la mascarilla resuelva mucho la aglomeración", ironiza, y destaca los ejemplos de La Rioja, donde se contempla la enseñanza mixta a partir del segundo ciclo de la ESO, Bachillerato y FP; y de Murcia, donde se prevé un plan de adaptación y formación del alumnado.

“Los escenarios van cambiando y es difícil planificar“

"Los escenarios que estamos barajando van cambiando y es difícil planificar", advierte también la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), Leticia Cardenal, que se resigna a ir adaptándose a las circunstancias "para sacar el curso de la mejor manera posible". "Si eso no puede ser, todo lo que hemos hecho en el último trimestre del año ya no sirve", sentencia.

Ahora bien, ante la posibilidad de volver a tener que recurrir a la educación a distancia, la representante de las familias protesta porque no se ha legislado este tipo de enseñanza y cómo ha de llevarse a cabo. "Hemos visto que la enseñanza online se ha convertido, en la mayoría de los casos, en mandar deberes", explica. Durante el estado de alarma, "cada docente ha hecho lo que buenamente ha podido, lo hemos entendido y hemos puesto de nuestra parte", pero "ahora que ha habido meses para prepararlo, creo que tienen que tener un plan claro", demanda.

En este sentido, la dotación tecnológica no ha llegado de momento, explica Raimundo de los Reyes, que cree que, como "los contratos públicos van despacio", si se diera una vuelta telemática en septiembre, "en la mayoría de los casos, nos va a pillar igual que en marzo". CSIF, por su parte, denuncia falta de formación y de criterios claros para la adaptación digital de las programaciones.

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Críticas por la responsabilidad sanitaria sobrevenida

Los grupos estables de convivencia, también conocidos como grupos burbuja, son otro de los ejes sobre los que giran gran parte de los protocolos autonómicos. Aplicables sobre todo en las etapas de Educación Infantil y los primeros cursos de Primaria, se trata de agrupaciones de alumnos y profesores estancos y que solo se relacionan entre ellos. Esto implica una "responsabilidad de los profesores incluso fuera de su horario", lamenta el responsable de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, mientras que FEDADI, asociación de directivos de centros de secundaria, los descarta de plano en este nivel: "La secundaria se basa en la especialización, con profesores distintos. Habría que reducir materias, redefinir las plantillas y convertir al profesor de historia en profesor de lengua, filosofía, etc.".

Más allá de las complicaciones que puedan conllevar la creación de estos grupos, para los que hay ratios reducidas de alumnos, los educadores claman contra la responsabilidad que se les atribuye respecto al control de la enfermedad, que han llevado incluso a la dimisión de los equipos directivos de algunos centros al no verse capacitados para asumir la una carga que consideran sobrevenida.

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Entre otros conceptos, muchos de los planes contemplan la creación de un delegado o un grupo COVID que se encargue de la coordinación con los centros de salud de referencia a las consejerías. Sin entrar a valorar la utilidad de este rol, "los equipos directivos tenemos juicios y opinión claros sobre lo académico y lo organizativo, pero, sobre lo sanitario, el criterio lo tienen que tener los técnicos de Salud", protesta Raimundo de los Reyes. Una vez más, el representante de los directores reclama mayor claridad en los criterios para poder garantizar su cumplimiento y lamenta que no se haya aprovechado la coyuntura para cumplir una reclamación histórica de los centros: contar con personal sanitario propio.

De la misma forma se manifiesta la representante de CEAPA, Leticia Cardenal, para quien cosas como la compra de material para garantizar la seguridad no pueden recaer en manos de los docentes. "No entendemos la vuelta a las aulas si no hay una garantía sanitaria de que la comunidad educativa al completo no va a correr ningún riesgo de contagio", afirma.

"Falta una mesa de trabajo"

“Las guías se tenían que haber hecho consultando a los que pisamos los centros“

Todas las partes consultadas coinciden en observar una falta general de coordinación, negociación y consenso en la elaboración de los planes, que -salvo excepciones como la de la Comunidad Valenciana, donde la Consellería se ha reunido con asociaciones docentes y ha creado un foro de debate representativo- no han tenido en cuenta la opinión del profesorado. "Las guías se tenían que haber hecho consultando a los que pisamos los centros", reclama Raimundo de los Reyes, que reconoce el trabajo que hay detrás, pero cree que "pecan de falta de realismo".

El hecho de que el presidente del Gobierno haya anunciado una conferencia monográfica sobre este asunto con los presidentes autonómicos para finales de agosto, "de manera implícita, da la sensación de que no se ha hecho nada en los últimos cinco meses", critica el representante de CSIF.

"Falta una mesa de trabajo; sentar a representantes de toda la comunidad educativa y llegar a un consenso entre todos" coincide Cardenal, que señala que "hay comunidades autónomas que no tienen ninguna relación con las federaciones de padres y madres". "Si trabajamos en conjunto, vamos a sentir que ese protocolo lo hemos hecho entre todos y, a partir de ahí, nos lo creeremos", argumenta.