Todos los niños de 3 a 5 años tendrán educación infantil gratuita a partir de septiembre

• El Gobierno reparte 428 millones de euros a las autonomías para hacerlo posible
• 1,34 millones de niños podrán acceder a estos puestos escolares gracias al acuerdo
• CEAPA pide que se concrete si ese dinero se usará para crear nuevas plazas públicas
• La ministra y los consejeros autonómicos aprueban un decálogo contra el fracaso escolar

El Gobierno ha distribuido 428 millones de euros entre las comunidades autónomas para garantizar que todos los niños de la segunda etapa de educación infantil (3-5 años) tengan asegurada una plaza gratuita desde el curso próximo, según ha informado la ministra de Educación, Mercedes Cabrera.

Esta cantidad se suma a la financiación que aporten las comunidades, de tal forma que 1.340.000 de alumnos podrán acceder a estos puestos escolares desde septiembre.

Un largo caballo de batalla

La gratuidad del segundo tramo de infantil ha sido una promesa realizada por distintos gobiernos nacionales y autonómicos desde que el PP la incluyó en la fallida Ley de Calidad.

Al carecer de memoria legal este texto legal, se ponía sobre los hombros de las comunidades autónomas el peso de llevar a cabo esta medida, cuya aplicación universal fue primero el curso 2005-06 y luego el 2006-07.

Sin embargo, la anulación de esta ley por parte del Gobierno socialista dilató aún más la puesta en marcha de la medida, aunque fue incluida dentro de la Ley Orgánica de Educación (LOE) que la sustituyó.

En esta ley, de cuya aplicación es consecuencia directa el acuerdo rubricado por Gobierno y CCAA, establece que " a fin de atender las demandas de las familias, las administraciones educativas garantizarán una oferta suficiente de plazas en los centros públicos y concertará con centros privados en el contexto de su programación educativa".

1.407 millones hasta 2010

La memoria económica de la misma establecía que el Gobierno central pagaría de su bolsillo 1.407 millones de euros hasta 2010 -de los que forman parte estos 428- para lograr que el objetivo de la gratuidad fuese posible. Además, compensaría a las comunidades que ya habían implantado esta medida con fondos propios.

La mayoría de estas autonomías están gobernadas por el PP, ya que se encaminaron a aplicarla pese a carecer de fondos cuando se aprobó la Ley de Calidad. Se trata de Galicia, Murcia, Madrid, Castilla y León, La Rioja, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares.

Por el contrario, Andalucía, la más poblada, carecía de esta medida, al igual que las socialistas Extremadura, Castilla La Mancha, Aragón y Asturias.

Esta asimetría generó especulaciones sobre si el reparto de fondos se haría en función de los alumnos que no podían acceder a enseñanza gratuita, lo que beneficiaría a las autonomías del PSOE.

Al final, según ha concretado la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, el criterio ha sido consensuados entre las administraciones autonómicas, teniendo en cuenta, fundamentalmente,   "el tamaño de la población afectada (número de menores con edad comprendida entre los tres y los seis años) en cada una de las  regiones".

De esta forma, Andalucía será la comunidad que más fondos reciba (más de 82 millones de euros) y La Rioja, la que menos (algo  más de 3 millones).

Para la Confederación Española de Padres de Alumnos (CEAPA), el acuerdo entre Gobierno y CCAA es una buena noticia, pero "no es un avance espectacular" teniendo en cuenta que la LOE contemplaba la medida.

Por este motivo, el principal temor de los padres es dónde irá dirigido ese dinero que otorga el gobierno y administran las autonomías.

"Vamos a exigir que se cumpla con la obligación de proveer de plazas públicas suficientes para satisfacer la demanda", ha subrayado Pedro Rascón, el presidente de CEAPA, que teme que parte del dinero del Estado se destine a sufragar nuevas plazas de infantil en la enseñanza privada y concertada.

Contra el fracaso escolar

La ministra y los consejeros autonómicos de educación también se han puesto de acuerdo en un decálogo de prioridades para la legislatura para atajar el fracaso escolar.

En él figuran los siguientes objetivos: 

• Incrementar la tasa de escolarización en educación infantil
• Reducir el abandono escolar prematuro.Incrementar la tasa de alumnos titulados en ESO: El éxito de todos los alumnos como objetivo.
• Incrementar las tasas de varones titulados en los estudios de educación secundaria postobligatoria.
• Mejorar el dominio de los alumnos en competencias básicas.
• Incrementar la proporción de alumnado titulado en educación secundaria superior.
• Elevar el porcentaje de titulados en formación profesional de grado superior.
• Aumentar la tasa de alumnos graduados en ciencias, matemáticas y tecnología.
• Incrementar el porcentaje de adultos que recibe formación permanente.

Incrementar el gasto público en educación en relación con el PIB.

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Las administraciones públicas también han acordado propuestas para conseguir estas metas que serán, entre otras, impulsar los Programas de Cualificación Profesional Inicial, una oferta suficiente de plazas de FP, promover una mayor autonomía de los centros educativos y su apertura a una mayor participación de las familias.

 

Los padres de alumnos valoran este décalogo, en especial el punto dedicado a la mejora del dominio de las competencias básicas. "Implica un cambio sustancial en el profesorado", ha subrayado Rascón, que también destaca el compromiso de mejorar el porcentaje del PIB destinado a Educación.