La Audiencia Nacional admite a trámite una querella contra un ataque israelí a Gaza en 2002

• El juez Fernando Andreu imputa a un ex ministro de Defensa y a seis militares israelíes
• Les acusa de un delito contra la humanidad por un ataque en Gaza el 22 de julio de 2002
• Se juzga un ataque en el que un avión israelí mató a un presunto líder de Hamás y 14 civiles
• El juez cursa una comisión rogatoria al Gobierno palestino y otra al Gobierno israelí
• El juez asume la causa atendiendo "al principio de la jurisdicción universal"
• La querella fue presentada por Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR)

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares israelíes un delito contra la Humanidad por un ataque en la franja de Gaza el 22 de julio de 2002,  en el que murieron un presunto líder de Hamás y catorce civiles, además de resultar heridas 150 personas.

Andreu adopta esta decisión en un auto en el que admite a trámite la querella que interpuso el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR) por estos hechos: el lanzamiento por parte de un avión de combate israelí de una bomba de una tonelada contra la vivienda de Salah Shehade, un destacado dirigente de Hamás, situada en el barrio Daraj.

El juez acuerda además cursar una comisión rogatoria al Gobierno palestino para tomar declaración a los testigos de este ataque y otra al Gobierno israelí para notificar este auto a los imputados, aunque recuerda que ya envió una comisión rogatoria a Israel para conocer si se estaban investigando estos hechos y nunca obtuvo respuesta.

Jurisdicción universal

El juez asume la competencia de la causa en función de lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula que España pueda investigar genocidio, terrorismo y delitos contra las personas cometidos en conflictos armados, bien se sucedan en su territorio o fuera de él. 

"En este caso concreto", señala Andreu en su auto, "nos encontramos ante un ataque armado dirigido, según se desprende de los hechos relatados en la querella, para acabar con la vida de una persona presuntamente perteneciente a una organización terrorista conocida como Hamás".

En el auto hecho público, Andreu destaca que "el ataque contra la población civil ya de inicio es ilegítimo,  pues el mismo tendría como objeto la comisión de un asesinato", un hecho que España puede perseguir atendiendo "al principio de la jurisdicción universal".

El magistrado considera que el ataque, en el que un caza F- 16 lanzó sobre uno de los lugares de mayor densidad de población del mundo, el barrio de Aldaraj de la ciudad de Gaza, una bomba de una tonelada de peso, fue "desproporcionado y excesivo".

En su auto, el juez recuerda que Israel no ha respondido a la comisión rogatoria que dictó en agosto de 2008 solicitando a las autoridades israelíes si los hechos estaban siendo investigados en ese país.