El juez impone una fianza de 750.000 euros al ex consejero madrileño de Deportes por el caso Gürtel

El juez instructor del caso Gürtel ha impuesto una fianza de 750.000 euros al ex consejero de Deportes del Gobierno regional de Madrid y diputado del PP en la Asamblea autonómica Alberto López Viejo.

Le imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) imputa también a López Viejo la participación en una trama delictiva y ha establecido la fianza a petición de la Fiscalía Anticorrupción para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias del ex consejero del Gobierno regional.

López Viejo ha comparecido ante el juez durante escasos minutos y se ha negado a declarar hasta que se levante el secreto de sumario, al igual que hicieron los otros aforados madrileños también imputados, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch.

Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJM), que han añadido que el magistrado Antonio Pedreira ha mantenido la situación de prisión provisional de Antoine Sánchez, al que imputa los mismos delitos por su participación en la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP.

Garzón le acusaba de haber recibido más de medio millón de Correa

Según las investigaciones sobre la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP desarrolladas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del TSJM, López Viejo -que mantiene su acta de diputado en la Asamblea de Madrid- recibió un total de 563.000 euros de la organización presuntamente liderada por Francisco Correa.

El papel del ex consejero del Gobierno madrileño en la trama consistía, según los autos dictados por Garzón, en la adjudicación directa de contratos a las sociedades de Correa a cambio de dinero. Para que otras empresas no pudieran optar a esos contratos y "disimular" el "favorecimiento" a la trama dirigida por Correa, López Viejo recurría a "no facturar por cantidades superiores a 2.000.000 pesetas (12.000 euros) para que la concesión del evento no saliera a concurso público".

El juez añadía que el ex consejero de Deportes sería la persona "que daba las instrucciones para que se facturara adecuadamente a fin de ocultar las irregularidades en cada acto, distribución que siempre se hacía sin pasar de los 12.000 euros".

Garzón también relataba que una de las empresas de Correa (Servimadrid Integral) trabajaba con la Comunidad de Madrid, concretamente con las Consejerías de Cultura, Deportes y Educación, Mujer, Presidencia y otras con las que hacían eventos sueltos. 

En el auto en el que el TSJM aceptó hacerse cargo del caso, este tribunal señalaba la existencia de indicios de delito respecto del ex consejero basados en "declaraciones de alguno de los imputados (que) apuntan a la intervención de López Viejo, aprovechando sus cargos públicos anteriores (viceconsejero de Presidencia), para favorecer a alguna de esas empresas".

Otros interrogatorios

Pedreira también ha tomado declaración a Antoine Sánchez, primo de Correa y, junto a éste y Pablo Crespo, uno de los tres imputados encarcelados por orden de Garzón.

La defensa de Sánchez, que según el juez trabajaba directamente a las órdenes de Correa y era una "pieza clave" en su organización, ha solicitado al magistrado del TSJM que ordene su puesta en libertad, pero éste ha mantenido de momento su situación de prisión a la espera de recibir el informe de la Fiscalía sobre esa solicitud.

Por último, Pedreira ha interrogado al empresario Plácido Ramón Vázquez Diéguez, imputado en la causa porque en la "contabilidad B" de la trama, intervenida en el "piso franco" que la organización tenía en la calle de Serrano de Madrid, figuran varios apuntes que reflejan que hizo varias entregas de dinero, entre ellas una de 50 millones de pesetas y otra de diez millones.

Tanto Sánchez como Vázquez han sido imputados por su supuesta participación en la trama y por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad, ha informado el TSJM.