La Fiscalía Anticorrupción pide dos años de prisión para Carlos Fabra por falsedad en documento oficial

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de dos años de cárcel y una multa de 6.000 euros para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, al que acusa de "manipular" documentos oficiales para que dos de sus empresas obtuvieran el "mayor número posible" de autorizaciones por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la producción de productos fitosanitarios. 

Según la calificación del ministerio público presentada en el juzgado de primera instancia e instrucción número dos de Nules (Castellón), que ha instruido una causa iniciada en 2004, el fiscal considera tanto a Fabra como al empresario Vicente Vilar y la ex mujer de éste, Monserrat Vives, autores de un delito continuado de falsedad en documento oficial.

También pide un año de cárcel para el impresor castellonense Manuel Martínez, a quien acusa de proporcionar sellos y cuños para elaborar los documentos, y que se sobresean las actuaciones en relación con María de los Desamparados Fernández, ex esposa de Fabra; Domingo Cadahía, ex director general del Ministerio de Agricultura; y Mohamend Chakir, ex empleado de la empresa Naranjax. 

En el escrito, el fiscal sostiene que Fabra, Vilar y Vives, en fecha no concretada, llegaron al acuerdo de, si era preciso, presentar documentación "manipulada" al Ministerio de Agricultura para tratar de conseguir el mayor número posible de autorizaciones para la producción de productos fitosanitarios por parte de las empresas Comercial de Industrias Químicas Arcavi S.L, y Artemis 2000 S.L. 

Esta manipulación, especifica en el texto, significaba la "simulación" de informes técnicos y la "imitación" de documentos supuestamente emitidos por laboratorios de India y China. Para falsificar los documentos de laboratorios extranjeros llegaron a fabricar sellos que, en un primer momento, fueron proporcionados por Fabra para, posteriormente, hacerlo Manuel Martínez. Además, en la elaboración de estos documentos intervino otra persona, Hamdi el Azouzi, empleada de Vilar, que actualmente se halla en paradero desconocido.

Seis documentos con sellos y firmas falsas

El fiscal recoge hasta seis documentos presentados por la mercantil comercial de Industrias Químicas Arcavi ante el Registro de Productos y Material Fitosanitario del ministerio en los que los sellos y firmas fueron falsificadas. 

Uno de los documentos hace referencia a la falsificación de los sellos y firma del 'General Manger', de la empresa que supuestamente había suministrado los componentes activos de la sustancia activa 'GA4+GA7 Técnico', cuya homologación fue solicitada el 4 de diciembre de 2001. Otro documento recoge la falsificación de firmas y sellos del fabricante que se decía había suministrado los componentes activos de la sustancia rotenona, pedida el 2 de agosto de 2001. 

También tiene otros documentos falsificados, con productos como abamectina, imidaclopridm, diniconazol y triciclazol, cuyas homologaciones se solicitaron en febrero, julio y agosto de 2002. Todas estas solicitudes fueron firmadas por Montserrat Vives. 

La calificación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada lleva fecha de 21 de mayo, días después de que la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Nules (Castellón) pidiera a las partes que se pronunciaran sobre la apertura del juicio oral o el archivo de la causa, en una decisión que se conoció el pasado día 11. 

Fabra acumula causas judiciales

Esta no es la única causa judicial que existe abierta contra el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial ya que el juzgado número 1 de Nules instruye otro procedimiento en el que se encuentra imputado por uno o varios presuntos delitos contra la Administración Pública y un supuesto delito fiscal.

En este caso se investiga si Fabra medió ante la Administración pública para acelerar las autorizaciones para fabricar plaguicidas, y si cobró por ello, así como un presunto fraude fiscal tras una denuncia de la Agencia Tributaria.