Competencia abre un expediente sancionador a las cinco grandes eléctricas

• Son las distribuidoras Endesa, Iberdrola, Hidrocantábrico, Unión Fenosa y E.ON
• Las acusan de posibles prácticas anticompetitivas por obstruir el cambio de compañía
• Competencia cree que están dificultando el acceso a los los datos sobre sus clientes
• Las empresas suministradoras los necesitan para hacerse un hueco en el mercado
• A partir del 1 de julio la luz se la tendremos que pagar a estas últimas
• El bono social que congela el recibo entrará en vigor también ese día

La Comisión Nacional de Competencia ha incoado un nuevo expediente sancionador contra las cinco grandes eléctricas que operan en España (Endesa, Iberdrola, Hidrocantábrico, Unión Fenosa y E.ON) por posibles prácticas anticompetitivas en el suministro de electricidad a clientes finales.

Dichas prácticas consistirían en la suspensión temporal a terceros, por parte de las distribuidoras de estos grupos empresariales, del acceso telemático a los datos necesarios para gestionar el cambio de compañía suministradora de los consumidores finales, según ha informado la Comisión Nacional de Competencia (CNC) en un comunicado.

El organismo ha subrayado que la suspensión temporal del acceso telemático se produce en un momento "crítico" para la competencia, por la entrada en vigor, a partir del próximo 1 de julio, de la tarifa de último recurso (TUR), la única que fijará el Gobierno.

A partir de esta fecha, los clientes con potencias contratadas iguales o inferiores a los 10 kilovatios (kw) podrán elegir entre acudir al mercado o acogerse a tarifa, en tanto que los que superen ese límite deberán contratar su suministro de forma obligatoria con una comercializadora que operen en el mercado libre.

Ahora, el suministro eléctrico pasará a depender en exclusiva de las comercializadoras, en tanto que las distribuidoras se centrarán en la gestión de las redes.

El Gobierno sólo ha autorizado cinco comercializadoras de último recurso que, precisamente, pertenecen a los cinco grandes grupos eléctricos contra los que se abre el expediente, en tanto que en el mercado libre operan unas 25 compañías.

Para facilitar el cambio de suministrador y fomentar la competencia, las distribuidoras están obligadas a permitir a las comercializadoras acceder a los datos de sus clientes, siempre y cuando éstos no indiquen lo contrario.

Por tanto, según la CNC, las supuestas prácticas anticompetitivas podrían estar interfiriendo en un hito relevante del proceso de liberalización del mercado eléctrico "con el que se esperaba que pudiera producirse el traspaso de un número importante de consumidores del mercado regulado al libre, especialmente en el caso de las pymes".

Medidas cautelares

En el marco del expediente incoado, la Dirección de Investigación de la CNC ha propuesto la adopción de medidas cautelares para obligar a las compañías a restablecer el acceso telemático a la base de datos de las distribuidoras y garantizar a las comercializadoras independientes el normal funcionamiento de la gestión del traspaso de clientes.

Las prácticas investigadas se producen tan sólo dos meses después de que el Consejo de la CNC sancionara a las cinco compañías con un total de 38 millones de euros por prácticas similares.