La titular de Garoña alega que deberán indemnizarla si no se renueva su licencia diez años

Nuclenor, titular de la central nuclear burgalesa de Garoña, ha presentado alegaciones ante el Ministerio de Industria en las que advierte de que no se dan  "las circunstancias excepcionales de interés nacional que justifiquen el cierre de la planta y que, en caso de tomarse una decisión que se aparte del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), favorable a renovar la licencia de explotación por diez años, el Estado tendrá que indemnizarla por daños y perjuicios.

Así consta en las alegaciones presentadas esta semana ante Industria al informe adicional emitido por el CSN, tras la petición de este departamento, y en el que se analizan las condiciones para renovar durante dos, cuatro o seis años, según fuentes del sector. El Gobierno debe tomar una decisión antes del 5 de julio.

Nuclenor -participada por Endesa e Iberdrola con un 50% cada una- expone que el procedimiento administrativo de renovación de las autorizaciones de explotación de las centrales nucleares en España es un procedimiento reglado. Añade que, en ese procedimiento, el Ministerio de Industria "carece de potestad para apartarse de las condiciones establecidas en el informe preceptivo del CSN -no sólo de las relativas a la seguridad de la instalación sino también de las referentes al plazo y posibilidad de ulteriores renovaciones-".

A juicio del titular de Garoña, la única cobertura de que dispondría la Administración para no permitir el funcionamiento de Garoña diez años más, sería el ejercicio del Consejo de Ministros para acordar la pérdida de eficacia de una autorización de explotación, sobre la base de la concurrencia de "circunstancias excepcionales de interés nacional", tal y como recoge la Ley de Energía Nuclear.

Sin embargo, considera que estas circunstancias, que "en modo alguno pueden confundirse con criterios de oportunidad o de concurrencia política del Gobierno de turno", no se dan en el presente caso.

De todos modos, insiste en que tanto en el caso de que Industria dicte un acuerdo que se aleje del informe del CSN como de que el Consejo de Ministros haga uso de la mencionada facultad que le confiere la Ley de Energía Nuclear, el Estado tendrá que indemnizar a la sociedad por los daños y perjuicios que la decisión le ocasione.

Zapatero rechaza hablar de la decisión

Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha rechazado hablar de la decisión que su Ejecutivo debe adoptar en breve sobre el futuro de Garoña porque antes, ha dicho, debe informar a agentes políticos y sociales.

"No es el día ni el momento de dar respuesta a este tema; llegará en los próximos días y antes de que se conozca debemos comunicarla (la decisión) a una serie de agentes políticos y sociales", ha apuntado en su comparecencia junto al lehendakari, Patxi López, tras la reunión que han mantenido en Moncloa.