El Gobierno deberá disponer de un almacén de residuos para cerrar Garoña en 2013
- La ubicación del Almacén Temporal Centralizado lleva un año de retraso
- Además, el Gobierno cierra la central por "el cambio estructural" en el sector energético
- También se compromete a elaborar un "plan de desarrollo económico" para el entorno
- Industria advierte que cerrará la central si Nuclenor incumple los requisitos
- Hoy se ha dado a conocer la Orden ministerial en el que el Gobierno basó su decisión
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El Gobierno basó su decisión de cese definitivamente la actividad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) el 6 de julio de 2013 en 14 puntos, entre los que destaca el "cambio estructural" en el sector energético y la apuesta del Ejecutivo por incrementar la participación de fuentes renovables en la generación eléctrica, así como para hacer compatible el desmantelamiento con la disponibilidad de un Almacén Temporal Centralizado.
La ubicación de dicho almacén, en el que se puedan almacenar los residuos de alta actividad y el combustible gastado en Garoña lleva más o menos un año de retraso. Su instalación es indispensable para iniciar las tareas de desmantelamiento de la central.
La Orden del Ministerio de Industria Turismo y Comercio dada hoy a conocer, considera que los principales componentes y estructuras fueron diseñados para una hipótesis de 40 años, que es además el tiempo previsto para las centrales nucleares a efectos de cálculos y planificación técnica y económica. Además, esta orden se adopta "ponderando la totalidad de circunstancias" que concurren y "evitando cualquier asomo de arbitrariedad".
En todo caso, el Ejecutivo señala que la decisión de establecer la fecha de cese definitivo de explotación de la central es "congruente" con la política sobre uso de fuentes de energía renovables y con el Plan de Energías Renovables 2005-2020. "La opción de política energética del Gobierno es que dicha participación se siga incrementando", reza el texto.
La central se cerrará si hay incumplimientos
Con todo, el Ejecutivo recuerda en el texto que la autorización podrá cancelarse si se comprueban incumplimientos, inexactitudes en los datos aportados por el titular -Nuclenor- o "discrepancias fundamentales" con los criterios en los que se basa la concesión.
Por otro lado, establece que ENRESA, la entidad pública que gestionará el desmantelamiento de Santa María de Garoña (Burgos) deberá presentar antes del 31 de diciembre de 2011 un programa preliminar de actuaciones para ese fin.
Finalmente, en cuanto a los límites y condiciones, dicha dirección general podrá modificarlos a iniciativa propia o a propuesta del CSN y exigir la adopción de acciones correctoras pertinentes, mientras que Nuclenor "no podrá" modificar ni realizar propuestas de actuación que impidan o dificulten el cese definitivo de la explotación el 6 de julio de 2013.
Plan de desarrollo económico
Con todo, y reconociendo que el fin de Garoña tendrá un efecto que califica de "significativo" sobre la economía de la zona del valle de Tobalina, el Gobierno se compromete a impulsar un "plan de actuaciones para el desarrollo económico del entorno" con el fin de garantizar su desarrollo económico en el futuro.
Esto, sin embargo, necesita de un plazo mínimo para su implantación, por lo que "resulta procedente" la renovación de la autorización de explotación por el "periodo mínimo necesario" para que el plan de actuación en el entorno tenga efecto y para abordar "con éxito" el cierre en "condiciones de seguridad", así como su desmantelamiento, evacuación y almacenamiento de residuos radiactivos.
Garoña, "completamente" amortizada
Por otro lado, según el régimen del Marco Legal Estable, el reconocimiento del inmovilizado de la instalación burgalesa finalizó en 1996, por lo que Garoña está "completamente" amortizada. Además, la decisión gubernamental incide en que el cese de explotación de ésta no tendrá "repercusión" sobre la garantía de suministro de la planta nuclear.
Por otra parte, indica que la generación de Santa María de Garoña puede ser sustituida por medidas adicionales de ahorro energético y tecnologías renovables sin aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero y que, mientras dure, su explotación debe hacer compatible el vertido térmico con los umbrales y garantías de vigilancia del Plan Hidrológico de Cuenca adaptado a las exigencias de la Directiva Marco del Agua.