Las infracciones "muy graves" de Caja Castilla-La Mancha podrían llevar a su liquidación

El Banco de España propone que Caja Castilla-La Mancha (CCM) que fue intervenida en marzo y su ex Consejo de Administración sean sancionados por dos faltas "muy graves", además de otra grave, lo que podría suponer la "revocación" para que pueda operar.

La entidad reguladora también fija importantes sanciones e inhabilitaciones de hasta diez años para los ex consejeros de CCM.

En su pliego de cargos contra la veintena de antiguos consejeros, el organismo aprecia una "clara carencia de estructura organizativa, así como importantes deficiencias en los mecanismos de la caja para el control interno de las actuaciones inversoras, de su riesgo crediticio y del riesgo de concentración".

Además, CCM carecía de unas líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes.

Respecto al ex presidente del Consejo de Administración Juan Pedro Hernández Moltó, el pliego de cargos recoge que a pesar de que no tenía funciones ejecutivas propias ni delegadas por el Consejo, "se integra de facto en el comité de dirección, asistiendo a todas sus reuniones y además, realiza funciones de gestión directa con los ejecutivos de la entidad, con los que se reunía de forma frecuente".

Según el Banco de España, todo ello pone de manifiesto que la estructura organizativa de la entidad se había apartado de las líneas de responsabilidad definidas en sus estatutos y que el ex presidente "se ha extralimitado en las funciones que le correspondían".

Comisión de Inversiones con conflicto de intereses

Respecto a la Comisión de Inversiones, cuyo objeto es informar al Consejo sobre la viabilidad financiera y adecuación a los presupuestos y planes estratégicos de la caja, se subraya que sus tres miembros eran también miembros de órganos de administración de sociedad participadas por CCM.

El hecho de que José Fernando Sánchez Bódalo, Tomás Martín-Peñato e Ismael Cardo Castillejo compatibilizaran estas responsabilidades "no es congruente con el grado de independencia" que debería tener este órgano de control, más si se tiene en cuenta que dichos miembros perciben, a su vez, dietas por su participación en los Consejos de Administración de las participadas.

Además, la inspección ha detectado "importantes deficiencias" en los mecanismos de control interno de la actividad inversora y en el procedimiento de decisión de inversiones y desinversiones estratégicas, así como en concesiones de créditos y asunción de riesgos.

Cita como ejemplo la ampliación de la participación de CCM en el Aeropuerto de Ciudad Real, del 25% al 37,6%, sin que hubiera informe de la Comisión de Inversiones, caso similar a lo ocurrido con inmobiliarias como Centrum o Lohtse Desarrollos Inmobiliarios.

En casos como Metrovacesa ni siquiera el Consejo se dio por informado de la OPA parcial a la que acudió la caja y respecto a otras inmobiliarias no se informó al consejo de CCM Corporación ni al de la entidad y tampoco hubo informe de la Comisión de Inversiones.

Estas decisiones -han afectado a la situación económica y patrimonial de la caja, pues ha habido deterioro en el valor de los activos de 35 de las 45 sociedades participadas por un total de 417,2 millones de euros, con un impacto de 221,9 millones en la cuenta del resultados del grupo. Esto podría constituir una infracción "muy grave".

Falta de seguimiento del riesgo

El pliego de cargos abierto por el Banco de España señala que existe una carencia de medios humanos dedicados al seguimiento del riesgo, una deficiencia que se acentúa -afirma el informe- en la actividad inmobiliaria, ya que no se ha realizado un trabajo sistemático de control de las promociones, suelos y certificaciones de obra.

El organismo detecta, asimismo, un exceso en los límites de grandes riesgos en empresas del propio grupo (270 millones de euros, el 37,6% de los recursos propios de CCM) o los contraídos con entidades vinculadas a la Junta (casi 279 millones, el 37,17% de los recursos propios), lo que podría conllevar una infracción grave.

La caja no disponía de recursos propios mínimos a diciembre de 2008 y los remitidos en marzo de 2009 no habían tenido en cuenta los ajustes requeridos por la inspección del Banco de España, situándose su coeficiente de solvencia en el 1,23% frente al 8% exigible y un déficit porcentual cercano al 85%.

Estos hechos podrían ser constitutivos de una infracción "muy grave", lo que podría derivar en la "revocación de la autorización de la entidad" por parte del ministerio de Economía, además de una multa a CCM del 1% de sus recursos propios o de hasta 300.000 euros si el porcentaje fuera inferior a esa cifra.

Para los miembros del Consejo se establecen para las infracciones muy graves multas de hasta 150.000 euros para cada uno, inhabilitación para ejercer cargos similares por un periodo de hasta diez años, mientras que por falta grave se establecen 90.000 euros e inhabilitación de hasta un año.