Clientes de prostitutas recibirán información sobre la explotación de la mujer en Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona iniciará próximamente una campaña de sensibilización dirigida a los hombres para concienciarlos de que, mediante el uso de servicios sexuales procedentes de la prostitución callejera, están contribuyendo a la explotación de la mujer por parte de las mafias.

  

La Comisión de Bienestar Social ha aprobado por unanimidad una proposición de CiU en la que se pide al consistorio que inicie "una campaña de sensibilización dirigida especialmente a los hombres para concienciarlos de que los clientes de la prostitución están colaborando con esta explotación" por parte de las redes de proxenetas.

  

Exigen también un aumento de los recursos económicos y de personal para la Agencia para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual, además de rechazar la creación de "zonas rojas" de tolerancia de la prostitución y el compromiso del gobierno local en la aplicación de la ordenanza de civismo.

  

La portavoz de CiU, Maite Fandos, ha acusado al equipo de gobierno de ser el responsable de que la imagen exterior de la ciudad sea la de "la capital de la prostitución" y que se esté convirtiendo en un destino sexual europeo.

  

El primer teniente de alcalde, Carles Martí, ha negado que Barcelona sea "Sodoma y Gomorra" y ha añadido que el consistorio "trabaja con normas claras y realistas" contra la prostitución, "cogiendo el toro por los cuernos", aunque ha reconocido que "la lucha es compleja".

  

La concejal de Juventud y Mujer, Elsa Blasco, ha declarado que la actuación del plan municipal contra la prostitución "es impecable" y ha acusado a los medios de comunicación de no cumplir los protocolos periodísticos sobre violencia machista a la hora de informar sobre el fenómeno de la prostitución en la ciudad.

  

Los grupos del gobierno -PSC y ICV- han apoyado la proposición de CiU porque consideran que está en consonancia con la política municipal, mientras que los grupos de la oposición la han considerado como "medidas transitorias" necesarias para la solución definitiva del problema, que "se escapa a las competencias municipales", ha dicho Blasco.