El Gobierno llevará al Congreso antes de junio la ley para echar a ANV de los ayuntamientos

El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, ha confirmado que en el próximo periodo de sesiones, que concluye en junio de 2010, el Ejecutivo remitirá al Congreso la reforma para impedir que miembros de formaciones ilegalizadas, como ANV, participen en las instituciones democráticas.

El Tribunal Supremo ilegalizó ANV hace un año, en septiembre de 2008, pero los concejales de esta formación que resultaron elegidos en las elecciones municipales de 2007 -alrededor de 400 entre País Vasco y Navarra- siguen ocupando sus cargos. En julio pasado, el Supremo ordenó también la disolución de los grupos municipales de ANV.

El vicepresidente y ministro de Política Territorial ha hecho este anuncio en la sesión de control en el Senado a una pregunta del senador del PP Luis Peral, que ha pedido a Chaves que concrete la fecha en la que el Ejecutivo tiene previsto abordar esa reforma.

Chaves ha asegurado que el Gobierno esta trabajando en un proyecto de ley de gobiernos locales que modifique la Ley de Bases del Régimen Local para remitirlo al Parlamento el próximo periodo de sesiones, y que perseguirá una modernización de las corporaciones locales y una mejora de la participación democrática de los ciudadanos y de la prestación de servicios públicos.

En el marco de esta reforma, según ha explicado Chaves, se están estudiando las posibilidades "que el bloque de constitucionalidad permite" para evitar que personas que forman parte de organizaciones ilegalizadas puedan participar en el gobierno de instituciones democráticas.

El PP recuerda que pidió disolver los ayuntamientos

El senador del PP ha recordado que hace ya nueve meses su partido presentó una moción instando al Ejecutivo a disolver los ayuntamientos gobernados por la ilegalizada ANV, y que tanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, anunciaron que se acometerían las reformas legales necesarias en ese sentido.

Sin embargo, según ha dicho Luis Peral, esas "promesas" aún no se han traducido en medidas concretas, pese a los informes de la Fiscalía General del Estado, favorables a una modificación de la Ley de Bases del Régimen Local, y la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo que ha acreditado que formaciones sucesoras de Batasuna, como ANV o PCTV, están sometidas a ETA y forman parte de la organización terrorista.

Para Peral, la permanencia de miembros de ANV en los ayuntamientos vascos y navarros es "una ofensa para las víctimas del terrorismo y para todos los ciudadanos de bien", que esperan que cuánto antes llegue el proyecto de ley que permita que "los lacayos de ETA no vuelvan a gobernar" en las instituciones vascas.

Acabar con la impunidad

Por su parte, Chaves ha reiterado el compromiso del Gobierno en la lucha contra el terrorismo y con la unidad de las fuerzas democráticas, así como su voluntad de eliminar cualquier margen de acción e impunidad en el entorno de ETA.

No obstante, el vicepresidente ha resaltado que todos los dictámenes jurídicos coinciden en que con la ley actual no se puede negar a las personas electas el derecho a permanecer en los cargos públicos para los que fueron elegidos, pese a las sentencias de ilegalización y la disolución de los órganos de Gobierno de los municipios vascos.

Por esa razón, le ha pedido al representante del PP que no discutan sobre fechas porque lo importante es que entre el Gobierno y la oposición hay coincidencia en el objetivo de conseguir que representantes de organizaciones ilegalizadas no gobiernen o no participen en las instituciones democráticas.