El español condenado a cadena perpetua en Filipinas viaja a España para cumplir su pena

El preso Paco Larrañaga ha abandonado la cárcel de New Bilibid, a unos 30 kilómetros al sur de Manila, y viaja en un avión rumbo a España, donde cumplirá el resto de su pena por el secuestro, violación y asesinato de dos hermanas en 1997.

Custodiado por varios policías españoles, Larrañaga ha sido el último pasajero en subir al aparato en el aeropuerto internacional de Manila, adonde fue trasladado después de abandonar la cárcel de New Bilibid.

Larrañaga, de padre español y madre filipina y quien siempre ha defendido su inocencia, ha abandonado el centro penitenciario de máxima seguridad a las 05.35 hora local (23.35 en la España peninsular) y ha subido a un vehículo privado con cristales oscuros, seguido de un furgón blanco del departamento de prisiones con cuatro guardias provistos de fusiles ametralladores.

El joven de 31 años había pasado más de siete horas en la sala de visitas de los abogados, desde que fue llamado por la dirección de la penitenciaría para ser informado de su traslado a España.

La operación se ha cerrado después de que un juez del tribunal regional de Cebú anulara la orden dictada en 1997 y que prohibía a Larrañaga abandonar Filipinas, y de que expirará el plazo de tiempo dado el 29 de septiembre por ese mismo magistrado, para que se presentaran alegaciones en contra y a favor de su entrega a las autoridades españolas.

Esquivando penas

Larrañaga llevaba preso en New Bilibid más de doce años, desde que un juez le condenó, junto a cinco amigos, a cadena perpetua por la muerte de las hermanas Chiong.

En 2004, el Tribunal Supremo elevó la condena a la pena capital en 2004 y Larrañaga ingresó en el corredor de la muerte, hasta que Filipinas abolió la pena de muerte en 2006. Al año siguiente, España y Filipinas firmaron un acuerdo de traslado de presos.

"Me gustaría poder retomar los estudios de hostelería que interrumpí cuando me arrestaron. También me encantaría trabajar. Me han dicho que en España te dejan trabajar con el tercer grado", decía Larrañaga en una de sus últimas entrevistas. 

Una vez en Madrid, pasará a disposición de la Audiencia Nacional, que deberá decidir cuántos años le quedan por cumplir de su condena --lleva trece entre rejas en una cárcel de Manila--, en qué régimen y dónde, ha precisado el letrado, quien en anteriores ocasiones ha manifestado su confianza en que sea trasladado al País Vasco o a la provincia de Barcelona, que son los únicos sitios donde tiene familiares. 

El Gobierno español anunció el pasado 18 de septiembre que el traslado de Larrañaga se produciría "en los próximos días", después de que las autoridades filipinas accedieran a que se conmutara su condena de cadena perpetua por otra de 40 años con el fin de adecuarla al ordenamiento jurídico español. 

La existencia de una orden judicial de 1997 que prohibía su salida del país hizo saltar la semana pasada las alarmas con respecto a un nuevo retraso del traslado, pero un juez de Filipinas ha emitido una nueva resolución en la que señala que no cabe tener en cuenta esa orden, ya que fue emitida con el objetivo de impedir que Larrañaga huyera una vez que fuera detenido, explica el abogado. 

Hijo del ex pelotari vasco Manuel Larrañaga y de Margarita González, asegura que estaba en Manila y no en Cebú el día del crimen, y denuncia que no se le dejó testificar en su defensa ni a él ni a una treintena de testigos. 

Los trámites

Filipinas requería que el Ministerio de Justicia elaborase un reglamento de desarrollo previa autorización a través de una resolución conjunta del Congreso y del Senado del país asiático, trámites que se completaron para la visita que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, realizó al archipiélago en marzo pasado. 

El pasado 8 de septiembre se remitió a la Audiencia Nacional la documentación relativa al traslado, al objeto de que se emitiera informe sobre la viabilidad del cumplimiento de la pena impuesta en España y la duración de la pena de acuerdo con la legislación penal española. 

Dos días después se recibió el escrito del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, informando de que la duración de la pena en España sería de cuarenta años de prisión, ya que la naturaleza y la duración de esta pena están previstas en el Código Penal español, por lo que no procede conversión alguna. 

El Ejecutivo remitió entonces a las autoridades filipinas la carta con copia de los textos penales españoles que verifican la doble incriminación de los delitos cometidos, así como la copia del informe de la Audiencia Nacional, como último paso para que aceptaran el traslado de Larrañaga.