Cinco políticos y tres empresarios imputados en el caso Can Domenge

Cinco políticos y tres empresarios están imputados en relación con el llamado caso Can Domenge, en el que se investiga la posible venta de un solar público por la mitad de su precio.

 Entre ellos, la presidenta del Parlament balear, ex presidenta del Consell de Mallorca y presidenta de honor de Unió Mallorquina, Maria Antònia Munar, que ha sido citada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares como imputada por este caso de presunta corrupción urbanística.

Junto a Munar, también ha sido citado el conseller del PP en el Consell de Mallorca, Fernando Rubio.

El pasado 28 de septiembre la jueza del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, María del Carmen González, que instruía el caso, apreció indicios de delito en la actuación del conseller de Turismo del Gobierno balear, Miquel Nadal, de Unió Mallorquina, que era vicepresidente del Consell de Mallorca en el momento de los hechos.

La jueza apreció los mismos indicios respecto al diputado autonómico Bartomeu Vicens,  entonces conseller de Territorio y actualmente suspendido de militancia por Unió Mallorquina.

Al tratarse de dos aforados, la jueza solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Baleares que se hiciera cargo de esta causa, lo que el TSJIB aceptó el pasado 5 de octubre.

Previamente la jueza de instrucción había imputado, el 3 de septiembre, al presidente de Unió Mallorquina (UM), Miquel Àngel Flaquer, conseller de Economía cuando se produjo la adjudicación de Can Domenge, y había fijado una fianza de 38 millones de euros por responsabilidad civil que también incluyó a los responsables de las empresas Sacresa y Construcciones Ferrà Tur, Joan Maria Pujals, Francisco Ferrà y Mario Sanz.

El caso Can Domenge se inició cuando el Grupo Núñez y Navarro denunció en 2007 que en el concurso de enajenación de Can Domenge, un solar de 52.000 metros cuadrados, presentó una oferta de 60 millones de euros y, sin embargo, el Consell de Mallorca se decantó por otra sensiblemente inferior, de 30 millones de euros, realizada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sacresa Terrenos Promoción SL y Construcciones Pedro Ferrà Tur.

El proyecto preveía la construcción de 600 viviendas y en su diseño participó el prestigioso arquitecto Jean Nouvel, quien junto al también arquitecto catalán Josep Ribas declaró como testigo en la causa el pasado 13 de enero.

Según un informe de Hacienda encargado por la jueza, el precio de mercado del solar en 2006, año de la venta, era de 57,8 millones de euros, 28,9 millones menos de lo que pagaron los compradores.

La Justicia investiga en esta causa la posible existencia de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.