Libres con cargos un policía local y una funcionaria del ayuntamiento de una veintena de imputados en Almogía
- Los imputados declaran en la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga
- Al agente se le ha preguntado si usó su cargo para agilizar expedientes
- Investigan por qué no se cumplieron expedientes de demoliciones
Un policía local que se encuentra entre la veintena de imputados en la investigación judicial relacionada con el urbanismo en la localidad malagueña de Almogía ha sido puesto en libertad con cargos tras declarar ante la Guardia Civil.
Un portavoz del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha informado a los periodistas de que el agente ha aportado su testimonio tras ser conducido en un vehículo a la Comandancia del instituto armado en Málaga.
Allí, acompañado de su abogado, ha sido preguntado sobre si ha podido utilizar su cargo para agilizar expedientes municipales, y si conoce la causa por la que no se han demolido algunas construcciones ilegales sobre suelo no urbanizable. Tras ello, el agente ha quedado libre con cargos al considerar que no hay riesgo de fuga ni de que destruya pruebas.
También ha quedado en libertad una funcionaria del ayuntamiento tras declarar ante la Guardia Civil como imputada.
Fuentes cercanas al caso han informado de que este jueves está prevista la toma de manifestación a otras tres personas, algunas de las cuales no han podido acudir a la Comandancia del instituto armado en Málaga por diversas razones.
Los dos imputados en esta investigación que han pasado ya por la Guardia Civil han quedado pendientes de que la jueza instructora del caso decida sobre su situación.
El procedimiento que se está siguiendo por los investigadores es citar a personas a las que se les informa de que van a ser imputados para que acudan ya asistidas por un abogado.
Declaraciones de ediles y funcionarios
El instituto armado continuará esta jornada con otras declaraciones de ediles y funcionarios, aunque el número dependerá del ritmo de las comparecencias, y las preguntas se orientarán a averiguar el motivo por el que no se habían cumplido los expedientes sancionadores -que en algunos casos ordenaban demoliciones o paralizar las construcciones llevadas a cabo en suelo rústico-, así como a determinar cómo se regía el importe de las multas.
La Guardia Civil intenta dirimir si ediles y funcionarios municipales en Almogía han cometido los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad y alteración del precio de las cosas.
En la operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, han sido imputadas una veintena de personas, más de las previstas inicialmente tras un primer examen de la documentación incautada en el registro de las dependencias municipales, que se prolongó el martes durante doce horas.
La investigación judicial se inició a principios de este año, aunque transcurrieron varios meses hasta que intervino la Fiscalía de Medio Ambiente, tras lo que se declararon secretas las actuaciones.
Por su parte, el alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca (PSOE), ha reanudado esta mañana su labor en el Ayuntamiento tras concluir la Guardia Civil anoche el registro de las dependencias municipales. Torreblanca, que comunicó al PSOE que dejaría su cargo si es imputado, ha asegurado que se encuentra "bien, trabajando" y que, tras la jornada vivida, los integrantes de la Corporación municipal "han vuelto a sus tareas".
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