El Supremo condena al ex presidente de Funespaña por el caso Funeraria

Condena a Rodrigo Fernández por prevaricación y tráfico de influencias
Compró la mitad de la funeraria de Madrid en 1992 por 60 céntimos
El TS confirma los dos años de inhabilitación del ex concejal del PP Huete
Le considera responsable de privatizar la empresa, valorada en 6 millones

27/10/2009 14:24 horas

Por EFE

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de dos años de inhabilitación al ex concejal madrileño del PP Luis María Huete por irregularidades en la privatización de la funeraria municipal y ha condenado a una multa de 3,7 millones de euros al ex presidente de Funespaña José Ignacio Rodrigo Fernández.

Así lo ha acordado el Tribunal Supremo en una sentencia que condena a Rodrigo como cómplice responsable de un delito consumado de prevaricación y como autor de otro delito de tráfico de influencias con la atenuante de dilaciones indebidas a una multa de 3.716.268 euros.

El "caso Funeraria" se refiere a la compra en 1992 por parte de Funespaña del 49% de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid por 60 céntimos cuando su valor ento era de más de seis millones de euros.

El fallo resuelve los recursos de casación interpuestos por la Fiscalía de Madrid y los imputados contra la sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Madrid en junio de 2008.

Una funeraria por 60 céntimos

La Audiencia consideró a Huete responsable de la privatización del 49% del capital de la Empresa Mixta de Servicio Funerarios del Ayuntamiento de Madrid a manos de Funespaña, cuya "gestión la adquirió por 100 pesetas".

El 'caso Funeraria' significó el mayor escándalo del mandato del ex alcalde José María Alvarez del Manzano. Los hechos se remontan al pleno municipal celebrado el 22 de diciembre de 1992 que aprobó la venta del 49% de las acciones de la funeraria municipal a Funespaña por su quiebra económica.

La empresa la adquirió por un precio simbólico de 0,60 euros. La Fiscalía acusaba a Huete, Piñal y Moreno de hacer caso omiso de las advertencias del interventor municipal en contra de la adjudicación.

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