La trama de Santa Coloma defraudó a los Ayuntamientos casi 45 millones de euros

Una serie de "pautas comunes"

En la resolución judicial, Garzón afirma que hay una serie de "pautas comunes" en las tres grandes operaciones en las que intervinieron los imputados, desarrolladas en las localidades antes citadas.

El primer paso consistía en que los Ayuntamientos afectados aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis García, quien, "gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en las localidades afectadas y a sus relaciones con las empresarios interesados", favorecía su tramitación, "repartiendo, en forma ilícita, cantidades pagadas por los últimos".

Sin embargo, la empresa adjudicataria nunca llegaba a realizar el proyecto, sino que éste quedaba paralizado hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés.

Esa modificación, además, "resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca del municipio", añade Garzón.

Percibían comisiones "sin lógica comercial alguna"

Tras la recalificación, el proyecto urbanístico se vendía al constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicación, de modo que todo el beneficio quedaba en manos de los intermediarios y nunca en las del Consistorio.

Según el juez, los imputados, en pago por la obtención de las recalificaciones urbanísticas, percibían comisiones "sin lógica comercial alguna".

El auto detalla las cantidades que resultaron de la rectificación de los planes urbanísticos: 18.377.000 euros en Santa Coloma, catorce millones de euros en Badalona y 12.377.000 euros en San Andrés.

La primera de esas operaciones, denominada "Pallaresa" y desarrollada en Santa Coloma entre 2001 y 2005, supuso, tras la aprobación de las modificaciones al Plan, "la disminución de superficie comercial y la dedicada a vivienda protegida para destinarlas de forma significativa, y con un beneficio mucho mayor para el promotor, a vivienda libre, manteniendo el precio original".

"Todo ello presentado y aprobado en 9 días", subraya Garzón.

La operación de Badalona, que se llevó a cabo entre 2002 y 2004, consistió en la adquisición a la sociedad pública Marina de Badalona, S.A. de un solar junto al puerto deportivo de la localidad y su posterior venta, "con una revalorización considerable".

Por último, la denominada "operación Niesma" supuso la compra de unos terrenos en la localidad de San Andrés de Llavaneras, produciéndose su venta 22 meses después, una vez aprobada la modificación del Plan de Urbanismo en la que se contemplaba un considerable aumento del techo de edificabilidad, con la consiguiente revalorización de las fincas.

Esta operación en cuestión se desarrolló entre el 23 de mayo de 2003 y el 17 de abril de 2007.

Muñoz, Vela y Dobarco serán expulsados del PSC

El Partido Socialista de Cataluña ha anunciado que el próximo lunes expulsará de la agrupación al alcalde de Santa  Coloma de Gramenet y vicepresidente de la Diputación de Barcelona,  Bartomeu Muñoz; al concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco; y al  director de Servicios Municipales, Pascual Vela, una vez que el juez  de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decretado prisión  incondicional para ellos.

Este martes, el secretario de Organización de los socialistas  catalanes, José Zaragoza, leyó un comunicado en que anunciaba que, si Garzón acababa imputando a los socialistas, serían expulsados y se les pediría renunciar a sus cargos.

Zaragoza añadió ese día que, además, el PSC propondría al pleno  del Consistorio la elección "inmediata" de un nuevo alcalde, para lo  que el nombre que más suena es Antoni Fogué, presidente de la  Diputación de Barcelona y concejal de Santa Coloma.