Los familiares de las víctimas del Yak-42 : "Nunca debió despegar, no reunía las condiciones"

• Comienza el juicio contra la compañía, la contratista y la aseguradora
• Los responsables de la seguridad "no contrataron el seguro de accidentes"

Comienza el juicio civil del Yak-42

El juicio civil por el accidente del Yak-42 contra una compañía aérea, una reaseguradora y una contratista se repetirá a partir de este lunes y hasta el jueves 4 de febrero en el juzgado de primera instancia número 2 de Zaragoza.

El 26 de mayo de 2003, 62 militares españoles fallecieron cuando regresaban de Afganistán en un avión Yak-42 que, según los familiares de las víctimas, "nunca debió despegar porque no reunía las condiciones".

El primer juicio de este caso contra las tres empresas se celebró los días 24 y 25 de enero de 2006 pero un año después se anularon las actuaciones contra una de las compañías al considerar el juez que no se la emplazó correctamente y se ordenó la repetición de la vista.

El juicio penal contra parte de la cúpula militar española de 2003 terminó el pasado 19 de mayo de 2009 con la lectura de la sentencia. La Audiencia Nacional condenó a tres años de prisión al general Vicente Navarro y a un año y medio al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez por la identificación errónea de 30 de los cadáveres españoles.

El vicepresidente de la Asociación de Víctimas del Yak-42, Francisco Cardona, asegura que no buscan dinero, sino que lo que quieren es saber la verdad. "Mi hijo no vale los mismo que un apartamento en la playa de Valencia. Es una obra de arte entre un hombre y una mujer, única e irrepetible, y no tiene precio".

Cardona afirma que era "ilegal" y que en eso cree que no hay dudas. Volaba "sin seguro, con un comandante con la licencia caducada y con pilotos con falta de preparación para tomar tierra. Era previsible que el accidente pasara".

En el avión "había inseguridad real"

A partir de las 10.00 horas de este lunes, las dependencias judiciales de la  plaza del Pilar de Zaragoza serán escenario de la repetición del  juicio contra la compañía Um Air, la reaseguradora Business y la contratista Chapman Freeborn.

La empresa contratante Chapman era la encargada de garantizar que  la aeronave operara con seguridad en todo momento y en conformidad a  las leyes y regulaciones de navegación aérea. Chapman era responsable  de las condiciones del avión y de los permisos cumplimentados, pero  "ni siquiera contrató el seguro de accidentes al que estaba  obligada", asegura la Asociación de Familias Víctimas del Yak-42.

"Nuestros  familiares ya nos habían avisado de que les daba miedo volar, esos  aviones eran catalogados como tartanas, había inseguridad real", insisten.

Las familias quieren "la verdad sobre la cadena de subcontratas"

La asociación reclama que en el juicio civil "se sepa otra verdad, la que tiene que ver con una cadena de subcontratas que  acabaron en la adquisición de un avión que nunca debió despegar  porque no reunía las condiciones". 

El anterior juicio se celebró los días 24 y 25 de enero de 2006 y las familias solicitaron 60 millones en indemnizaciones a las tres compañías juzgadas.

El juez que llevó el caso, estableció una indemnización global de 10 millones de euros, pero finalmente la Audiencia Provincial de Zaragoza declaró nulo el juicio al  considerar que Chapman Freeborn "no había sido debidamente emplazada y por eso no asistió para defenderse",  precisa la Asociación de Familias Víctimas del Yak-42 en un comunicado.

Los familiares de las víctimas han mostrado su "insatisfacción" por tener que "repetir algo que ya se hizo y se hizo bien", ha explicado uno de los abogados. "Chapman logró su propósito de obstaculizar y dilatar en el  tiempo la intervención judicial", lamentan, y esta vez "va a hacer lo posible por volver a fastidiar o retrasar el juicio".

Pedirán indemnizaciones "superiores"

El letrado de la asociación ha asegurado que solicitarán en el juicio de esta semana indemnizaciones "superiores" a las del proceso anterior ya que consideran "insuficientes" las que, de haberse aplicado la sentencia, les concedió el juez en 2006. 

En opinión de los familiares, la sentencia dictada el 6 de  febrero de 2006 "fue clara y los hechos probados también", al  recordar que "hubo temeridad de los pilotos, no tenían formación en  gestión de recursos en cabina, el ingeniero de vuelo tenía caducado  el certificado médico de vuelo, no hubo aplicación de procedimientos,  llevaban 23 horas de servicio sin descansar, el vuelo era ilegal y  había deficiencias demostradas del aparato que según la normativa  aérea internacional le prohibían despegar".

El representante de la contratista, requerido por la Audiencia

A los familiares también les resulta "doloroso comprobar que el representante legal de  Chapman, Russi Batliwala, no ha acudido a declarar ante la Audiencia Nacional a pesar de ser requerido varias veces e incluso ofrecerle la posibilidad de  utilizar sistemas como la comparecencia por videoconferencia". 

En este contexto, avanzan que tendrán que "ver al representante  de Chapman en el segundo Juicio Civil defendiendo el patrimonio de su  empresa sin haberlo podido ver en la instrucción penal".

En este sentido, y atendiendo una petición de la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía del Yak-42, el juez Grande Marlaska ha citado a declarar a Batliwala el jueves a las 10:30 horas en el marco de la causa que investiga las posibles responsabilidades políticas en la contratación del avión.

Batliwala se ha negado a acudir a la Audiencia hasta en dos ocasiones y el magistrado ha decidido aprovechar la circunstancia de que declarará en Zaragoza para que no vuelva a eludir los requerimientos de la Audiencia Nacional.

13 personas, entre testigos y peritos

El juicio por este caso se celebrará en Zaragoza entre el 1 y el 4 de febrero con la comparecencia de 13 personas, entre testigos y peritos, sólo en horario de mañana pero con la posibilidad de que las sesiones se prolñonguen por la tarde si es necesario. 

Para el primer día se han programado los interrogatorios de Russi Batliwala, representante legal de Chapman Freeborn, contratista inglesa del vuelo accidentado y entidad codemandada y de Sergio Manzanos y Fermnín Pérez, dos testigos propuestos por la parte demandante.