HRW denuncia "atrocidades" en Colombia, acusación que desata la ira del Gobierno

• Defensa cancela una cita con un director de HRW tras publicarse el informe
• HRW afirma que grupos paramilitares comenten masacres y violaciones
• Para el país el texto distorisona la realidad y no incluye datos del Gobierno

El director para las Américas de HRW, Jose Miguel Vivanco, durante la presentación del informe

Los nuevos grupos criminales surgidos en Colombia de las bandas paramilitares desmovilizadas, integrados por al menos 4.000 miembros, "cometen gravísimas atrocidades" en el país, según un informe de la ONG Human Rights Watch (HRW).

"Herederos de los Paramilitares. La nueva cara de la violencia en Colombia" ha sido presentado en Bogotá por el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, que ha dicho que esos ataques son "generalizados".

Tras hacerse público el texto, el ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, ha cancelado una reunión que tenía prevista con Vivanco por sus críticas al Gobierno.

En su opinión, "el informe no consultó ningún tipo de información estadística del Ministerio de Defensa y desconoce de manera flagrante los esfuerzos del Gobierno y la Fuerza Pública por cumplir estrictamente la política de derechos humanos y el respeto del Derecho Internacional Humanitario".

Herederos de las AUC

La denuncia de HRW explica que las bandas paramilitares son grupos surgidos tras la desarticulación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre 2003 y 2006, mediante un proceso de diálogo con el Gobierno que llevó a la desmovilización de unos 30.000 combatientes.

Algunos de sus principales jefes, responsables de miles de asesinatos, fueron posteriormente extraditados a Estados Unidos para ser juzgados por acusaciones de narcotráfico y allí siguen encarcelados.

"Los grupos sucesores comenten habitualmente masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones sexuales y extorsión, y generan un clima amenazante en las comunidades que están bajo su influencia", asegura el documento de HRW, de 126 páginas y elaborado tras dos años de investigaciones sobre el terreno.

Vivanco ha dicho que "independientemente de cómo se llame a estos grupos -paramilitares, bandas criminales u otra denominación- no debe minimizarse el impacto que tienen actualmente para los derechos humanos en Colombia".

"Al igual que los paramilitares, estos grupos sucesores cometen gravísimas atrocidades y deben ser detenidos", afirma el director de esta ONG con sede en Washington.

Críticas a la gestión del Gobierno

HRW determina que esta nuevas bandas de delincuentes actúan en 24 de los 32 departamentos del país, con especial énfasis en la ciudad de Medellín (noroeste), la región del Urabá, en el norteño departamento provincial del Chocó, y en los del Meta (centro) y Nariño (suroeste).

"Las cifras más conservadoras, usadas por la Policía Nacional de Colombia, indican que los grupos cuentan con más de 4.000 miembros", según el informe.

Asimismo asegura que "reclutan activamente a nuevos miembros y, pese a la captura de algunos de sus jefes, actúan con rapidez para reemplazar a estos mandos y ampliar sus zonas de operación".

Human Rights Watch recuerda que "el Gobierno tiene obligaciones jurídicas de proteger a los civiles frente a las agresiones, prevenir abusos y garantizar justicia".

Pero advierte de que "el Gobierno no ha asegurado que las unidades de policía encargadas de combatir a estos grupos ni los fiscales responsables de investigarlos cuenten con recursos adecuados".

El Gobierno del presidente Álvaro Uribe "no ha abordado el surgimiento de los grupos sucesores con la seriedad que amerita este problema", manifesta Vivanco.

El Gobierno: "Distorsiona la realidad"

El Ministerio de Defensa "rechaza las afirmaciones del informe que insinúan una supuesta complacencia del Gobierno o sus instituciones con las bandas criminales".

Para Silva "las conclusiones del informe tienen una orientación política e ideológica que distorsiona la realidad y que tienen ante todo una intención deliberada de afectar la reputación de la Política de Seguridad Democrática", como denomina el Gobierno las políticas de seguridad.