Los impulsores del 'Manifiesto' piden cambios "garantistas" en la ley antidescargas

Son blogueros, profesionales online, internautas pero ante todo se definen como "ciudadanos". Algunos de los impulsores del conocido como "Manifiesto en Defensa de los Derechos Fundamentales de Internet" se han vuelto a ver con el PSOE para hablar de la Ley Antidescargas.

Tras su reunión en diciembre con Cultura, han conversado con la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín y María González, secretaría de Nuevas Tecnologías de los socialistas.

No quieren tirar la toalla tras la aprobación en el consejo de Ministros del texto definitivo de la ley que ahora espera el trámite parlamentario.

En los primeros encuentros con diferentes partidos políticos, empresas como Google y otros actores afectados por la ley, que prevé el cierre de páginas webs con enlaces a descargas, se volcaron en tratar de "tumbar" el texto.

Ahora, el grupo del "Manifiesto" lucha por introducir en la ley modificaciones para lograr que sea "garantista y que no vulnere los derechos fundamentales de los internautas.

La primera reunión con Cultura se "tuiteó" en directo. En esta ocasión el encuentro ha sido "offline", y en ella se han propuesto cuatro puntos para modificar la disposición adicional incluida en la Ley de Economía Sostenible antes de su aprobación definitiva.

El primero de ellos pide que el juez tenga tiempo suficiente para "entrar en el fondo del asunto". La ley antidescargas prevé que el juez de la Audiencia Nacional decida en un procedimiento exprés de cuatro días si se vulnera algún derecho fundamental en la orden del cierre de web tramitada por una comisión dependiente de cultura.

Los creadores del "Manifiesto" consideran que este plazo es "claramente insuficiente" para que la Justicia pueda valorar cada caso.

Piden también que se aclare qué webs se podrán cerrar y porqué, ya que en la última modificación del texto se introdujo el siguiente párrafo: "La sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daño patrimonial".

Queda abierta así la interpretación de quién vulnera la propiedad intelectual ya que entrarían no sólo las webs que se lucren con contenidos protegidos por la propiedad intelectual sino también aquellas que, aún no teniendo publicidad "pretendan causar un daño patrimonial".

“Piden que la comisión sea regulada por Ley y no mediante un reglamento“

En el tercer punto, los internautas plantean al PSOE que la comisión que decidirá qué webs infringen la propiedad intelectual "sea neutral" y que sea regulada por ley y no mediante un reglamento, ya que en el texto aprobado por el consejo de ministros no se desgrana quiénes serán sus componentes.

Por último exigen que si tras el proceso judicial la web demandada resulta absuelta exista "alguna penalización para el demandante" como el pago de las costas del proceso y los daños derivados de haber tenido que cerrar la página cautelarmente.

La Red continúa en pie de guerra tras el visto bueno del Gobierno a la norma. La disposición, que se "coló" entre las 200 páginas del texto de la Ley de Economía Sostenible, ha hecho que los internautas se unan en torno a un solo lema: "no al cierre de webs".