Trampas para conseguir el colegio que se quiere: desde el padrón hasta las separaciones fingidas

• Algunas familias cometen fraudes para conseguir más puntos para una plaza
• Los perjudicados llegan a recurrir a detectives privados para desenmascararlas
• Los principales problemas se dan para acceder a colegios concertados

Unos estudiantes en el pasillo de un colegio

Elena, que prefiere que no aparezca su verdadero nombre, consiguió al final que su hijo estudiara este curso en el colegio que le pertenecía por cercanía a su domicilio, en la zona de Nervión, en Sevilla, pero no fue fácil. Se había quedado fuera porque otros niños habían recibido más puntos de forma fraudulenta.

Para conseguirlo Elena tuvo que organizarse con otros padres, cuyos hijos también se habían quedado sin plaza, para desenmascarar a las familias presuntamente tramposas. Llegaron a contratar los servicios de un detective para poner las pruebas sobre la mesa de la Dirección Provincial de Educación, encargada de revisar las denuncias. Les cobró unos 2.000 euros a pagar entre diez familias, explica a rtve.es.

De este modo lograron demostrar que muchos niños no vivían de facto donde estaban empadronados, el fraude más frecuente (y el que da más puntos) para entrar en el colegio deseado. Pero en estos casos no les sirvió de nada. La Consejería de Educación de Andalucía no cuestiona si el alumno vive o no vive realmente en el domicilio que declara si existe un certificado oficial que así lo dice.

Fuentes de la Junta explican a rtve.es que la Administración no puede dudar de un papel oficial y se presupone que si un ayuntamiento permite a una persona empadronarse en un domicilio es porque ha comprobado que efectivamente vive ahí.

En Aragón tampoco cuestionan el padrón. Según los datos facilitados por Educación, el año pasado se presentaron 59 denuncias en Zaragoza. De ellas una no fue admitida a trámite, tres denunciados renunciaron directamente a la plaza y al final se estimaron 27, pero ninguna por empadronamiento.

Elena explica que ellos denunciaron a 21 en su colegio de Sevilla y consiguieron "echar a ocho o nueve". "Los del domicilio se libraron. Echamos a los que decían que eran familias monoparentales al demostrar que él vivía en la casa o aportaba una pensión" y a otras familias "por defecto de forma" en la solicitud, que fue "lo más injusto", lamenta esta madre.

La historia se repetirá seguramente esta primavera. Elena asegura que de cinco amigas a las que les toca solicitar plaza para sus hijos ahora para el curso 2010-11 "tres están haciendo trampas".

Del tablón a la denuncia

En Andalucía el plazo para conseguir colegio se cerró el pasado miércoles 31 de marzo. En otras comunidades se abre más tarde, como en Madrid, que recogerá las solicitudes del 12 al 29 de abril. En unas semanas estarán en los tablones los listados con los puntos de cada niño y como cada año volverán las reclamaciones.

La cercanía al colegio del domicilio familiar o del lugar de trabajo de los padres, que ya estudien en el centro otros hermanos, la renta familiar, las discapacidades, las enfermedades crónicas del aparato digestivo o las alergias, ser hijo de padres separados o de familias monoparentales... Los puntos están ahí y algunos intentan arañar todos los que pueden.

Desde las administraciones se insiste en que son hechos puntuales, pero muy "sonoros". Pero aunque sean pocos, generan mucho malestar. Tanto como para que el Defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo, haya llamado la atención sobre esta realidad varias veces.

La última vez fue hace menos de dos semanas, cuando envió a la Consejería de Educación un escrito para pedir que se sancione con "mayor rigor" a los padres que comenten fraude.

Muchas comunidades como Andalucía, Aragón o Cataluña han tomado medidas en los últimos años para intentar disuadir a las familias. Si las trampas se descubren antes de que empiece el curso, el niño se queda sin plaza en ese colegio. Si se descubre cuando ya está empezado el curso, al año siguiente tienen que volver a solicitarla.

Chamizo va más allá y además de la pérdida de los puntos pide que los hechos se pongan en conocimiento de la Fiscalía cuando la falsificación de documentos pueda ser un delito.

Desde la oficina del Defensor de Pueblo de Andalucía explican a rtve.es que "es una constante año tras año" y que esta situación genera un clima en el que es "difícil mantener la convivencia".

Más frecuente en los concertados

La mayoría de los casos se da en los colegios concertados y casi siempre en los mismos, reconocen las mismas fuentes. Es una cuestión de oferta y demanda. Por este motivo, desde el Defensor proponen que "en aquellos centros de especial conflictividad se revisen de oficio todas las solicitudes".

Desde la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (CEAPA), su presidente, Pedro Rascón, cree también que es un fenómeno que se da sobre todo en los centros concertados y que "no ocurriría si hubiera oferta suficiente de plazas públicas de calidad".

Por su parte, Luis Carbonel, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) cree que es una cuestión de "falta de plazas" en los colegios concertados, que en su opinión son los más solicitados, e insta a que se creen más en este tipo de centros en lugar de los públicos.

Empadronamientos fraudulentos

De oficio, está revisando estos días los empadronamientos sospechosos el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que ha abierto una investigación a una veintena de familias para saber si viven donde figura oficialmente.

Según explica a rtve.es su teniente de alcalde y responsable de Educación, Lluis Esteve, han revisado los últimos cambios de padrón de familias con niños de tres años para detectar aquellos que sospechosamente se han hecho poco antes de tener que pedir una plaza escolar.

"No nos mueve el hecho de perseguir a nadie. Nos mueve el preservar el derecho de todas las familias a tener la plaza que les corresponde", explica Esteve, quien insiste en que, en cualquier caso, de los 2.800 niños que tiene que entrar ahora en el colegio, sólo se han detectado 20 posibles casos.

A estas familias se les ha citado desde servicios jurídicos para que acrediten que realmente viven donde dicen. La Guardia Urbana puede personarse también en su supuesto domicilio para comprobar que viven allí.

Y es que en Cataluña, sí se comprueba el padrón. Desde la Consellería de Educación explican a rtve.es que las denuncias que reciben sobre este particular se remiten a los ayuntamientos correspondientes para que sean ellos los que hagan las comprobaciones.   

Tarea de detectives privados

Pero en otras ocasiones, cuando la administración no hace esta tarea, los padres como Elena se organizan para espiar ellos mismos a los otros padres y contratar los servicios de detectivos privados.

Manuel Prieto, detective de Ability Tec, trabaja en Sevilla. El año pasado llevó cuatro casos de este tipo en toda Andalucía. "Hay niños que viven en frente del colegio y se quedan fuera. Los padres se preguntan cómo es posible", explica este profesional a rtve.es.

Se dan cuenta de que otros padres no viven allí, como dicen, o falsean el domicilio del trabajo. Es ahí donde entran los detectives. Hacen un seguimiento a las familias para comprobar si realmente duermen o no en los domicilios donde dicen estar empadronados y sacan fotos para documentar de dónde salen por las mañanas.

Es el mismo método que utilizan cuando el fraude consiste en separarse legalmente para que el niño reciba más puntos pero sin dejar de vivir juntos. En ese caso se documenta si ambos padres duermen o no en el mismo domicilio.

Entregas a domicilio

Además de los seguimientos, tienen otros métodos para demostrar donde vive una persona realmente. Llaman a su verdadera casa para entregarle alguna carta o paquete a su nombre y consiguen que les firmen un recibí que demuestra donde residen.

Prieto explica que hacer un seguimiento y conseguir las pruebas les puede llevar entre un mes y mes y medio. Lo normal, asegura, es que se junten varios padres para pagar los servicios, pero no especifica cuánto puede costar, sólo que a quienes le contratan les merece la pena porque consiguen que sus hijos estudien en el centro deseado.

Este detective andaluz explica que no es lo mismo hacer un seguimiento en el centro de una ciudad que en una urbanización donde es más difícil pasar desapercibido.

Desde la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (Apdpe), a la que pertenece Prieto, explican que existen unas tarifas estipuladas, pero que el precio final depende del número de detectives que hagan falta, de los días de trabajo necesarios... Según sus tablas, cinco horas de trabajo de un detective pueden llegar a costar 350 euros.

Algunos padres echan cuentas y deciden que sí les compensa el desembolso para que su hijo estudie en el colegio que le corresponde. A Elena le salió por poco más de 200 euros.