Del Nido: "Me piden 13 años de prisión, a mi edad toda mi vida"

• Alega que lo contrató Jesús Gil y que las minutas se ajustaban a la norma
• Piden para él 13 años y medio de cárcel por el caso Minutas
• También se sienta en el banquillo el ex alcalde marbellí Julián Muñoz

El abogado y presidente del Sevilla F.C, José María del Nido, declara como acusado en el juicio del "Caso Minutas" (Imagen obtenida de una pantalla de televisión en la sala de prensa) (12/04/10).

El letrado y presidente del Sevilla FC, José María del Nido, ha afirmado este lunes durante el juicio del "Caso Minutas", respecto a la petición de 13 años y medio de cárcel, que "con 13 años de prisión a mi edad, se me pide la vida" y despúés de que el presidente del tribunal, Carlos Prieto, le pidiera que se moderara tras haberse mostrado agitado en algunas de sus respuestas.

Durante su declaración en calidad de procesado, por las presunast irregularidades en los encargos del Ayuntamiento de Marbella al letrado, Del Nido ha asegurado que su contratación la efectuó el ex alcalde de Marbella Jesús Gil y no su sucesor, Julián Muñoz, y que las minutas que cobró "se ajustan a las normas del Colegio de Abogados".

Ha señalado en numerosas ocasiones que él no era "el abogado de confianza de Jesús Gil" y ha añadido que él no sustituyó al letrado José Luis Sierra, que fue jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento.

Del Nido ha alegado que fue contratado por el Consistorio marbellí por decreto de designación y que los asuntos siempre se los encomendaba el "señor alcalde", en alusión a Jesús Gil.

En este procedimiento hay 18 personas procesadas, uno de ellos en busca y captura desde mayo de 2009 y otro el ex alcalde marbellí Julián Muñoz, por los delitos continuados de asociación ilícita, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad, entre otros.

Gil le contrató después del 'caso Camisetas'

El presidente del Sevilla FC ha explicado que él conocía a Gil de actos sociales y del fútbol, y que tras el "Caso Camisetas" -sobre presunta financiación irregular del Atlético de Madrid-, le preguntó si podía llevarle algunos asuntos porque "había discutido con Sierra".

En este sentido, Del Nido ha relatado que ya había sido abogado para diversos ayuntamientos y que estaba acostumbrado "a bregar con pleitos administrativos", experiencia que, ha asegurado, tuvo en cuenta el entonces alcalde de Marbella.

El procesado ha matizado que él fue contratado como abogado externo para pleitos concretos y ha reiterado que, además de él, había una decena de letrados que colaboraban con el Consistorio marbellí, y que por ello no entiende por qué se sienta únicamente él en el banquillo de los acusados.

Del Nido ha precisado que fue contratado directamente, y no su despacho profesional de Sevilla, y en el periodo mencionado se le encomendaron todo tipo de procedimientos, aunque ha negado que fuera coordinador o abogado de confianza.

Asimismo, ha rechazado que hubiera desarrollado su trabajo desde el Ayuntamiento, ya que lo hizo desde su despacho de Sevilla, desde otro ubicado en el club financiero de Marbella y, en ocasiones puntuales, desde uno de la tenencia de alcaldía que estaba vacío.

Sus honorarios, con arreglo a los colegios de abogados

A preguntas del fiscal Anticorrupción sobre sus honorarios, el imputado ha afirmado que los cobró con arreglo a las normas profesionales de los colegios de abogados de Málaga o Madrid y que ello está reconocido en la ley.

También ha negado haber vulnerado la Ley de Contratos del Estado y ha puesto como ejemplo contrataciones de otros letrados para esgrimir la legalidad de su trabajo.

Durante el juicio la Sala ha admitido la petición del fiscal de que declaren como testigos los concejales que participaron en el pleno del Ayuntamiento de Marbella celebrado el 31 de marzo de 2000 en el que supuestamente se trató la ampliación del objeto social de la empresa que presuntamente pagaba las minutas a Del Nido.

Mientras declaraba Del Nido, Julián Muñoz ha tomado numerosas anotaciones.

Del Nido se enfrenta a una petición de 13 años y medio de prisión e inhabilitación durante siete años para el desempeño de cargos de administración o representación de sociedades, para contratar con las administraciones públicas y obtener concesiones o subvenciones de las mismas.

El fiscal pide que Julián Muñoz sea condenado a 16 años y seis meses de prisión y 48 de inhabilitación por los delitos de asociación ilícita, prevaricación administrativa continuada, fraude en concurso ideal con el delito de malversación de caudales públicos y societario, entre otros.