Zapatero desmiente a Casas: "No hay crisis institucional por el Tribunal Constitucional"

• No cree necesario cambiar la ley del Tribunal Constitucional
• PSC y CiU quieren que el TC se declare incompetente para el Estatut
• Insiste: "Se debe renovar cuando se den las condiciones necesarias"
• Cospedal y Caamaño se reparten culpas en un tenso debate

El presidente del Gobierno ha contestado a la presidenta del Tribunal Constitucional.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que no hay ninguna crisis institucional, al contrario de lo que este lunes señaló la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, ante las presiones que aseguró recibir el alto tribunal de algunos ámbitos políticos.

Después de someterse al control de la oposición en el Pleno del Senado, Rodríguez Zapatero ha respondido con un escueto "no" cuando los periodistas le han preguntado si pensaba que España estaba viviendo una crisis institucional.

María Emilia Casas pidió respeto a la institución que preside ante lo que calificó como una "desproporcionada e intolerable campaña de desprestigio emprendida desde ciertos sectores políticos y mediáticos". 

No ve necesario cambiar la ley del T.C

Por otra parte, Zapatero ha rechazado cambiar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, como han reclamado PSC y CiU, alegando que eso sería "enmendar al  constituyente", de modo que ha apostado por dejar que las cosas "funcionen como están en el ordenamiento actual" y así "fortalecer la credibilidad de la democracia".

En respuesta a una pregunta del senador de CiU Jordi Vilajoana en el pleno de la Cámara Alta, Zapatero ha admitido que "se puede hablar" de cambiar la Ley que regula el Constitucional, pero ha añadido que "a día de hoy" es preferible que el alto tribunal funcione conforme a la ley actual.

Vilajoana le había pedido su opinión sobre el acuerdo entre PSC y CiU para que el TC se inhiba en el caso del Estatuto catalán, cuya  sentencia lleva pendiente cuatro años, y le ha reclamado un cambio de la ley para que el Constitucional no tenga que pronunciarse sobre leyes refrendadas en referéndum y para que los miembros que tengan su mandato caducado cesen al cabo de un tiempo.

La iniciativa para que el tribunal se inhibiese partió de CiU. Su presidente, Artur Mas, lo anunció en el programa '59 segundos' de TVE.

"Se debe renovar cuando se den las condiciones"

Zapatero le ha replicado que el Constitucional no puede "abdicar" de sus responsabilidades y que, en todo caso, la renovación de los miembros del alto tribunal debe hacerse con "sosiego" y "discreción", no en medio del debate público actual. 

Ha insistido en que sí se debe renovar pero "cuando se den las condiciones para ello y que sea una cuestión sometida a debate día a día no contribuye a que así sea".

"Deseo que la renovación venga cuanto antes pero mientras hay que tener máximo respeto para la decisión que los miembros del Constitucional puedan tomar", ha concluido.

Cospedal y Caamaño se reparten culpas 

Por otra parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y la secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, se han repartido culpas por la estancada renovación de los magistrados y se han enzarzado en un tenso debate. Si para De Cospedal la responsabilidad es del Gobierno, para Caamaño la culpa hay que atribuirla al PP.

La secretaria general de los populares, sin embargo, ha acusado también al Ejecutivo de "estar sometiendo a casi todas las instituciones del Estado a unas presiones intolerables", especialmente dos de las más importantes del ordenamiento español, el Constitucional y el Supremo.

La situación, según ha recalcado De Cospedal, llevó ayer a Casas a "salir en defensa" del Tribunal Constitucional a pesar de que deberían haber hecho eso mismo los integrantes del Gobierno, en concreto el propio Caamaño. Ha añadido: "Está siendo el PSOE el que avala los ataques al Constitucional".

Caamaño ha respondido con una reclamación al PP: "Sigan el criterio de la Constitución y actúen con lealtad,  y hagan posible la renovación de las instituciones democráticas".

El ministro, tras indicar que el Gobierno "siempre ha actuado con respeto institucional y lealtad institucional", ha manifestado que si el plazo de renovación de cuatro magistrados no ha culminado, se debe a que "el PP ha hecho todo lo posible para impedirlo".

Para De Cospedal, es el Gobierno el que "ha bloqueado cualquier posibilidad de acuerdo".