Amnistía Internacional denuncia que la justicia universal está en riesgo por las presiones políticas

• Presentan el Anuario 2010 centrado en la situación mundial de la justicia
• Califican el año como histórico por avances significativos contra la impunidad
• La manipulación de la justicia deja resquicios a los criminales para esconderse
• España dio un paso atrás al limitar a la capacidad de investigar fuera

Un detenido en la cárcel de Guantánamo.

Omar Al Bashir se convirtió el 4 de marzo de 2009 en el primer jefe de Estado en activo contra el que la Corte Penal Internacional dictó una orden de detención. Le imputan dos cargos por crímenes de guerra y cinco delitos de lesa humanidad en el conflicto de Darfur. 449 días después, continúa en libertad bajo el amparo de países que no han suscrito el Estatuto de Roma. Es el mayor ejemplo de cómo la politización ha abierto una brecha en la justicia universal, según el Anuario 2010 de Amnistía Internacional.

Este informe, descrito como el "mapa de la ignonimia, del que no hay Estado que quede fuera", en palabras de José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo y único español en la Comisión Internacional de Juristas, evidencia que hoy por hoy "no todo el mundo está bajo el peso de la ley". 

Aún hoy 81 países -7 de ellos miembros del poderoso G-20- no ha ratificado aún el Estatuto de Roma bajo el que está inspirada la Corte Penal Internacional (CPI), algo que deja al aire resquicios por los que campa la impunidad y que "cuestionan que exista una verdadera justicia universal", según defiende Esteban Beltrán, director general de Aministía Internacional en España. [Encuentro digital]

"La mayoría de los gobiernos no investiga ni procesa los abusos a los Derechos Humanos. Algunos países porque carecen de leyen y otros, como Estado Unidos o China, porque carecen de voluntad política para perseguir a los criminales", argumenta Beltrán.

"Estados Unidos incumple a día de hoy su obligación de garantizar la investigación de los derechos humanos. Primero por la pervivencia de Guantánamo, donde todavía hay presos internados. Segundo, porque aún nadie ha respondido ante la justicia por los crímenes cometidos en aras de la guerra contra el terrorismo, entre los que se incluyen delitos de tortura", argumenta Beltrán.

Aministía denuncia, además, que la primera potencia mundial ha aplicado una falsa solidaridad con gobiernos como el de Israel, que incumple persistentemente cualquier tipo de respeto a los Derechos Humanos, y facilita así que se pueda huir de la justicia global.

España aumenta la brecha de la justicia universal

Para esta organización, que ya ha cumplido los 30 años de antigüedad, los dos grandes escollos que se deben superar para aspirar a una rendición de cuentas significativa son el hecho de que algunas potencias siguen actuando por encima de la ley y que los estados más poderosos "manipulan las leyes para proteger a sus aliados y presionar para que se rindan cuentas en los casos en los que les interese políticamente". Algo que, a juicio de AI, "sólo brinda pretextos para a otros Estados o bloques para politizar la justicia de igual modo".

España ha contribuido a lo largo de 2009 a aumentar la brecha de la justicia universal, al salir adelante la ley por la que el Congreso limita la jurisdicción universal penal. Los jueces de la Audiencia Nacional investigan ahora crímenes de lesa humanidad en el extranjero bajo tres supuestos: que la víctima sea española, que el criminal se encuentre en España o que exista un vínculo de conexión relevante con España.

Martín Pallín considera que esta nueva ley "cercena signficativmente" la lucha contra la impunidad en los crímenes contra los Derechos Humanos, aunque el último supuesto deja una vía libre a los magistrados.

"Somos los jueces los que debemos hallar ese vínculo de conexión relevante con España y hay muy diversos caminos: lazos históricos, como con Latinoamérica; lazos más actuales, como hoy en día con Europa; aunque el que prima es el de la cultura de la defensa de los Derechos Humanos, común a casi todos", argumenta Martín Pallín.

2009, un año histórico lleno de logros

Pese a todo, Aministía Internacional valora 2009 como un año histórico en la consecución de logros de la jurisdicción universal. Además de la orden de detención contra Al Bashir, otro ex jefe de Estado, Alberto Fujimori, fue condenado por la Corte Suprema del Perú por una serie de graves violaciones de Derechos Humanos, entras las que destacan torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Además, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró nula y sin efecto la ley de amnistía "promulgada para garantizar la inmunidad de los criminales de lesa humanidad de finales de la década de los 80".

También en Sierra Leona las víctimas de la guerra hallaron final a su sufrimiento y se avanzó en el camino hacia la reconciliación con su pasado al concluir todos los juicios ante el Tribunal Especial creado para este conflicto, salvo el del ex presidente de Liberia, Charles Taylor, que aún seguía en curso al concluir 2009.

En Camboya, uno de los líderes de los Jemeres Rojos, Kaing Guek Eav, conocido como 'Duch', fue finalmente juzgado por crímenes de lesa humanidad y de guerra, cometidos durante más de 30 años.

Garzón relanzó la cultura de reparación de víctimas

Esta cultura de reparación de las víctimas y redención de cuentas tuvo un hito significativo con el caso Pinochet, a juicio de Amnistía. "España tiene el privilegio de tener al juez que relanzó el concepto de jurisdicción universal al emitir la orden de arresto contra el ex dictador chileno", defiende Martín Pallín, quien sostiene que gracias a ello "la comunidad internacional y los ciudadanos de a pie se dieron cuenta de que era posible que criminales de guerra fueran perseguidos años vista si un juez decidía investigar".

Doce años después de aquella histórica orden de arresto, Garzón está paradójicamente a la espera de sentarse en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo y de la guerra civil española, en un intento de reparar a las víctimas de Franco.

"Gracias a Garzón, todo esto se puso en marcha y está inacabado, no vamos a cejar en el empeño aunque los logros ahora parezcan escasos", defiende Martín Pallín, quien ve este movimiento por la consecución de la reparación de las víctimas una "marea imparable", que va "ajustando cuentas con el pasado en países como Chile o Argentina".

Respecto al casos de las fosas del franquismo, el juez del Supremo considera que "150.000 desaparecidos difícilmente pueden ser digeridos por una sociedad y una democracia, por mucho que se empeñen los políticos, a no ser que exista una salidad judicial, que en este caso es factible".

Salidas a los "agujeros negros"

Existen modos de cerrar estos "agujeros negros" de la jurisdicción universal, en opinión de Esteban Beltrán, que cree básico garantizar el acceso a la justicia de los dos tercios de víctimas de Derechos Humanos que existen en ámbitos de pobreza.

Además, es vital que cada vez más países suscriban el Tratado de Romapara que sus territorios pasen a estar bajo la jurisdicción del CPI y no haya resquicios donde puedan esconderse los criminales.

Aministía Internacional también incluye en su anuario la necesidad de proteger a los testigos de abusos que dan voz a los más débiles. Según el presidente de Aministía Internacional España, Alfonso López, los defensores de los Derechos Humanos continúan sufiendo ataques y no les es facilitado su trabajo.

Un ejemplo claro es la campaña contra las ONG que operan en Sudán impulsada por el  presidente Omar Al Bashir, una vez supo que pesaba sobre el la orden de detención del TPI. Expulsó a 13 organismos e impidio el reparto de ayuda humanitaria entre la población sudanesa.