El TC admite el recurso del Parlamento riojano contra el 'blindaje' de las normas forales vascas

• El Congreso, el Senado y el Gobierno tienen 15 días para hacer alegaciones
• Es el cuarto recurso contra el 'blindaje' de las normas forales vascas

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Parlamento de La Rioja contra el 'blindaje' de las normas forales vascas.

Tras este paso, se trasladará la demanda al Congreso y al Senado, así como al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, para que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

El TC también se interesa por si el Parlamento tiene inconveniente en que se acumule el recurso de la Cámara riojana con el promovido por el Gobierno de La Rioja y los otros dos recursos presentados por las Cortes de Castilla y León y por el Consejo de Gobierno castellanoleonés.

Primer recurso de inconstitucionalidad

El parlamento riojano interpuso este recurso de inconstitucionalidad, por primera vez en su historia, atendiendo a la decisión del Pleno que, en sesión del 8 de marzo, determinó que los Servicios Jurídicos lo presentaran. Este acuerdo fue adoptado por la mayoría absoluta de los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Mixto.

En el recurso, solicita al TC que dicte sentencia declarando la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes  orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, y la nulidad de los preceptos impugnados.

La argumentación jurídica coincide con el informe de la Defensora del Pueblo Riojano, que defiende que el 'blindaje' de las normas forales tributarias dictadas por las Juntas Generales de los tres territorios vascos "entra en contradicción con la Constitución y supone hacer un uso distinto de los derechos históricos y del Concierto Económico Vasco".

Quiebra la unidad de España

Se estima que la norma "quebranta el principio de unidad de la Nación española, es un franco elemento discriminatorio respecto al resto de ciudadanos, especialmente los de las Comunidades limítrofes, y supone la concesión de un poder legislativo a instituciones que no gozan de tal poder a la luz de la Constitución", ha apuntado el Parlamento riojano.

Por un lado, el reparto territorial del poder político que se realiza a través de los Estatutos de Autonomía sólo permite la existencia de una Asamblea Legislativa en cada una de las Comunidades Autónomas y no reconoce otros órganos legislativos "descentralizados" como las Juntas Generales.

Por otro, si gozan de autonomía normativa en determinadas materias y la ejercen bajo la modalidad de "leyes formales", habría tres poderes legislativos: el estatal, el autonómico y los forales. Además, el propio Estatuto de Autonomía del País Vasco no configura las Juntas Generales como cámaras legislativas, ni pueden dictar normas con valor de ley. 

Igualmente, la Ley del Parlamento Vasco 27/1983 establece que la facultad de dictar normas con rango de Ley corresponde en exclusiva al Parlamento y los productos normativos de las Juntas Generales están, por tanto, subordinados a las leyes.

Convierte al TC en un tribunal ordinario

El recurso del parlamento riojano también señala que al conceder rango de ley a normas locales y que sólo puedan ser recurridas ante el TC desnaturaliza la esencia de la justicia constitucional y las funciones del alto tribunal, convirtiéndolo en un tribunal ordinario.

Esta reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2010 conlleva una importante limitación para recurrir a quienes hasta ahora estaban legitimados activamente para ello y también supone una reducción de los motivos de impugnación. Por último, "vulnera el sistema constitucional de distinción entre la justicia constitucional y la ordinaria y viola el derecho a la tutela judicial efectiva".

En el recurso se señala expresamente que no se cuestiona el sistema de Concierto Económico, ni implica desconocer la singularidad de la organización de las instituciones de la Comunidad vasca.

Del mismo modo que se refleja la larga serie de conflictos judiciales planteados por el gobierno de La Rioja y otros agentes económicos y sociales ante diversas instancias judiciales nacionales o ante las instituciones europeas. En definitiva, el recurso "examina la conformidad o no de la reforma procesal aprobada a la Constitución, de acuerdo a un discurso estrictamente jurídico".