Fomento pone en marcha la externalización del servicio en algunas torres de control
- El Gobierno ha aprobado el reglamento de certificación de los proveedores
- Afecta al servicio de control de aterrizajes, despegues y movimientos en pista
- Esta liberalización forma parte de la Ley de Navegación Aérea de abril
El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto para regular la certificación de nuevos proveedores de servicios de navegación aérea, un paso ya contemplado en la Ley de Navegación Aérea aprobada el pasado mes de abril, que permite la externalización de las actividades de control en torre (aterrizajes, despegues y movimientos en pista de los aviones) en determinados aeropuertos.
Este nuevo reglamento coincide con el último enfrentamiento entre los controladores y Fomento, que les acusa de organizar la simultaneidad de numerosas bajas médicas para provocar el caos en el servicio de control aéreo.
Según han confirmado a RTVE.es fuentes de Fomento, AENA sigue siendo el responsable de toda la navegación aérea, pero podrá licitar el servicio de control en las torres de aquellos aeródromos que considere oportuno. "Es hacer con el control en torre lo mismo que ya se hace con la gestión de los equipajes", han explicado las mismas fuentes.
A esos concursos públicos -que, según la ley, resolverá Fomento- podrán presentarse las empresas que cuenten con la pertinente certificación.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso, Blanco ha añadido que una vez aprobada esa regulación, quiere convocar el concurso en el mes de octubre, de forma que los nuevos proveedores de este tipo de servicios puedan entrar a desempeñar sus funciones antes de fin de año.
AENA sigue al frente del control aéreo
Esta actuación permite cierta liberalización de los servicios de navegación aérea en los aeropuertos españoles. Fuentes de Fomento han explicado a RTVE.es que "no debe confundirse liberalización con privatización".
La Ley de Navegación especifica que AENA continuará prestándo directamente "los servicios de tránsito aéreo de control de área y control de aproximación, así como los de información de vuelo, de alerta y de asesoramiento asociados a los volúmenes de espacio aéreo en los que se prestan tales servicios".
Así, lo que el ministro trasladará al Consejo para su estudio es la resolución que especificará "los requisitos técnicos y operativos que el proveedor de servicios deberá cumplir para iniciar su actividad".
Respecto a la situación actual de los controladores, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha acusado al ministro de actuar con "manu militari" en este asunto. Llamazares ha añadido que no es contrario a la abolición de los privilegios, pero que ese tipo de actuaciones "da miedo", porque cualquier día se pueden aplicar esos mismos métodos "a mí o al resto de los trabajadores".
Llamazares tampoco se ha mostrado favorable a suplir las bajas de controladores civiles con otros militares.
En defensa del interés general
Blanco ha respondido al diputado que lo importante es que si hay alguien que no cumple su función, pueda ser sustituido para garantizar un servicio público y eso -ha dicho el ministro- se puede garantizar con los controladores militares, actuando en condiciones de seguridad y prestación del servicio.
Para José Blanco, las decisiones que se tomen van destinadas a defender siempre "el interés general por encima del particular". El ministro ha insistido en que se trata de solucionar un problema que viene de años atrás y que su actuación pretende defender los derechos que tienen los ciudadanos.
Blanco ha asegurado que, desde el primer día que ocupó el Ministerio, ha asumido "un compromiso para resolver un problema y hacer justicia, buscando una mayor productividad" del colectivo de controladores.