El Congreso rechaza la ley que pretendía prohibir a los políticos asistir a ritos religiosos

• PSOE, PP, UPyD y CiU han votado en contra
• La inicitiva fue presentada por ERC-IU-ICV

El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la proposición de ley de Libertad Religiosa presentada por ERC-IU-ICV. En ella se planteaba entre otros aspectos prohibir que los cargos públicos participaran en ceremonias religiosas y ritos de cualquier creencia en el desempeño de sus responsabilidades.

Asimismo, esta ley contemplaba la retirada de los crucifijos de los lugares públicos, incluidos colegios. No obstante, esta ley no ha salido adelantes porque el Grupo Parlamentario Socialista, el Partido Popular, Convergencia i Uniò, y Unión Progreso y Democracia (UPyD) se han mostrado contrarios a la aprobación de esta proposición.

El Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) han apoyado la tramitación de la ley, que fue presentada por ERC-IU-ICV.

Una normativa "obsoleta"

El portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha avanzado que con la norma que proponen junto a ERC e ICV se pretende derogar preceptos preconstitucionales, lograr la separación efectiva entre la Iglesia y el Estado, la autofinanciación de las confesiones y garantizar la libertad religiosa y de conciencia.

Según Llamarazares, la ley, de 1980 es "obsoleta" y  "no se corresponde con la letra y el espíritu de la Constitución". "Bebe más del concordado que  del carácter aconfesional de la Constitución. Hay demasiado de  confesionalidad de herencia del nacionalcatolicismo", ha añadido.

La reforma religiosa no es prioritaria

Desde el PSOE, el portavoz Jesús Quijano ha calificado la propuesta como "unilateral y sesgada", y ha dicho que, si bien en el texto se refleja "una mayor tolerancia religiosa", en la intervención los proponentes han dejado entrever que el "sentido último" de la ley es derogar los acuerdos entre España y la Santa Sede, algo que "no es posible".

Asimismo, Quijano ha considerado que esta proposición no es prioritaria, aunque ha matizado que se seguirá trabajando en ella.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado por contra que la "peculiar visión" que recoge la proposición de ley discrimina a los cargos públicos por creencias y convicciones. Además, ha dicho que el texto "no cabe para nada en la Constitución española" porque pretende "lisa y llanamente provocar por vía de ley orgánica una mutación constitucional para convertir un Estado aconfesional cooperativo en un estado laico".

 "Con una ley como ésta, el Papa Benedicto XVI no podría haber  hecho el viaje a Reino Unido ni hubiera podido dirigirse a los políticos en Wesminster Hall", ha apuntado.

El portavoz de CiU, Jordi Xuclà, también ha criticado la prohibición a los cargos institucionales porque "seguramente vulnera el derecho individual reconocido en el artículo 16 de la Constitución", y ha señalado que "la mayoría" de los veinte artículos que conforman el texto están "cubiertos por el cuadro de los derechos fundamentales", por lo que no son necesarios.

Por parte del Grupo Mixto, los portavoces de BNG y PNV han apoyado la proposición normativa, mientras que la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha manifestado su rechazo ante la idea de "regular" la libertad religiosa y de pensamiento porque es "incompatible con una democracia".