Tres detenidos por presunta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Murcia
- Entre los detenidos está el director de la Gerencia de Urbanismo
- Hay, además, cuatro imputados, entre ellos el presidente del Real Murcia
- Otro es el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Fernando Berberena
- Se investiga malversación de caudales públicos, blanqueo y cohecho
La Guardia Civil ha detenido a tres personas en el marco de una operación relacionada con presuntas irregularidades en convenios urbanísticos en el Ayuntamiento de Murcia, donde se están practicando registros desde primera hora de este martes, según ha informado Radio Nacional de España (RNE).
Los detenidos son el director de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Alberto Guerra, el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero italiano Renato de Noce, ambos profesores del departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia.
El primero ya ha sido trasladado a dependencias judiciales después de haber presenciado los registros en la Gerencia de Urbanismo.
La investigación comenzó hace más de un año y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.
Se podría llamar a declarar a varios testigos, una vez que se analice la documentación incautada en los registros.
Cuatro imputados en la operación
Uno de ellos es el presidente del club de fútbol Real Murcia. El empresario Jesús Samper ha sido imputado en las diligencias judiciales abiertas sobre un presunto caso de corrupción urbanística en torno al complejo 'Nueva Condomina'.
En el marco de estas diligencias, el domicilio en Madrid de Jesús Samper, promotor de 'Nueva Condomina', ha sido registrado por la Guardia Civil. El club ha confirmado que la Guardia Civil ha visitado también la sede social de Sport Management & Project SL, empresa de Samper.
Igualmente ha sido imputada la jefa del Servicio de la Oficina de Gobierno Local del ayuntamiento de Murcia, María Isabel Fernández, que, según han informado a Efe fuentes próximas a la investigación, es la esposa de Alberto Guerra.
También ha sido imputados el concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, y el que fuera jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de ese ayuntamiento entre 1999 y 2006, Joaquín Peñalver, arquitecto en excedencia de su puesto como funcionario municipal.
Malversación, cohecho y blanqueo, entre los presuntos delitos
Fuentes judiciales han informado a Efe de que la investigación se centra en operaciones inmobiliarias derivadas de la expansión de la zona norte de la ciudad, donde se ubican, entre otras urbanizaciones y centros comerciales, el complejo residencial Nueva Condomina y el estadio del mismo nombre, en el que juega el Real Murcia.
El plan parcial 'Nueva Condomina', urbanización investigada por la Fiscalía en esta operación policial, fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Murcia (PP) el 27 de febrero de 2003, e incluía una alternativa residencial criticada desde entonces por la oposición (PSOE e IU).
En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha informado de que el caso está relacionado con los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, entre otros, y que los tres detenidos pasarán el próximo miércoles a disposición judicial.
La operación está impulsada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, con el apoyo de la Fiscalía Superior de la Región de Murcia.
El alcalde de Murcia espera que todo se esclarezca
Desde las ocho de la mañana, una decena de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han realizado registros en varios despachos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia y en algunas empresas y domicilios tanto de esta ciudad como de Madrid. Los agentes se han incautado de numerosa documentación.
El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha manifestado su confianza en que "los hechos se esclarezcan a la mayor brevedad posible".
El Ayuntamiento de Murcia ha asegurado, en un comunicado, que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en sendas sentencias de 2005 y 2006, y el Tribunal de Cuentas, en una de 2009, probaron la inexistencia de irregularidades y de responsabilidad contable, respectivamente, en el desarrollo urbanístico de la zona norte.