El Tribunal de la UE suspende cautelarmente la aplicación del decreto del carbón
- La Corte europea atiende la petición de las eléctricas españolas
- Aplica medidas cautelarísimas contra el visto bueno de Bruselas a las ayudas al carbón
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aplicado medidas cautelarísimas contra la decisión de la Comisión Europea de declarar compatible con el mercado interior el decreto español que incentiva el consumo de carbón nacional, han indicado fuentes jurídicas a Europa Press.
Esta medida ha sido adoptada apenas dos semanas después de que Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa presentaran ante la Corte de Luxemburgo sendos recursos contra la decisión de Bruselas.
Los recursos, que se presentaron de forma individual, toman como base la interpretación de las eléctricas de que el real decreto del carbón no es compatible con el Derecho Comunitario.
"Contrario" al Tratado de la Unión Europea
Así, las empresas eléctricas solicitan la aplicación de medidas cautelares y la suspensión provisional y urgente de la decisión de la Comisión Europea hasta que el Tribunal analice el caso mediante un procedimiento acelerado.
Las eléctricas esgrimen, entre otros argumentos, que la medida del Ejecutivo comunitario no ha sido analizada en profundidad, es contraria a otras disposiciones del Tratado de la Unión, no responde a un riesgo real para garantizar el suministro energético y contraviene varias disposiciones europeas relativas a la industria del carbón.
Además, entienden que la nueva norma incrementará los costes del sistema eléctrico español, atenta contra el libre mercado e impedirá el cumplimiento de los objetivos mediambientales en España.
La semana pasada, Luxemburgo ya remitió un escrito no vinculante al Gobierno en el que se sugiere la posibilidad de retrasar la aplicación del decreto a la espera de que se resuelvan algunas cuestiones técnicas.
Dañará a otras tecnologías
El decreto del carbón, aprobado por el Consejo de Ministros -después de que la Comisión Europea lo autorizase al descartar que se trataba de ayudas de Estado-, ha sido criticado por las eléctricas no tanto porque provocará un mayor uso de las centrales térmicas de carbón, sino porque ese uso se hará en detrimento de otras tecnologías, como los ciclos combinados de gas, que resultarán desplazados.
En este contexto, las compañías han abierto otros dos frentes judiciales, uno ante el Tribunal Supremo y otro ante la Audiencia Nacional. En el primero de ellos, el Supremo ha rechazado la solicitud de medidas cautelarísimas.
La Audiencia Nacional ya decidió la semana pasada paralizar la aplicación de este desarrollo normativo y este miércoles debe estudiar si aplica medidas cautelarísimas.