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El Tribunal de la UE suspende cautelarmente la aplicación del decreto del carbón

  • La Corte europea atiende la petición de las eléctricas españolas
  • Aplica medidas cautelarísimas contra el visto bueno de Bruselas a las ayudas al carbón

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aplicado medidas cautelarísimas  contra la decisión de la Comisión Europea de declarar compatible con  el mercado interior el decreto español que incentiva el consumo de carbón  nacional, han indicado fuentes jurídicas a Europa Press.

Esta medida ha sido adoptada apenas dos semanas después de que  Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa presentaran ante la Corte de Luxemburgo sendos recursos contra la decisión de Bruselas.

Los recursos, que se presentaron de forma individual, toman como  base la interpretación de las eléctricas de que el real decreto del  carbón no es compatible con el Derecho Comunitario.

"Contrario" al Tratado de la Unión Europea

Así, las empresas eléctricas solicitan la aplicación de medidas  cautelares y la suspensión provisional y urgente de la decisión  de la Comisión Europea hasta que el Tribunal analice el caso mediante  un procedimiento acelerado.

Las eléctricas esgrimen, entre otros argumentos, que la medida del  Ejecutivo comunitario no ha sido analizada en profundidad, es contraria a otras disposiciones del Tratado de la Unión, no responde  a un riesgo real para garantizar el suministro energético y  contraviene varias disposiciones europeas relativas a la industria  del carbón.

Además, entienden que la nueva norma incrementará los costes del  sistema eléctrico español, atenta contra el libre mercado e impedirá  el cumplimiento de los objetivos mediambientales en España.

La semana pasada, Luxemburgo ya remitió un escrito no vinculante  al Gobierno en el que se sugiere la posibilidad de retrasar la  aplicación del decreto a la espera de que se resuelvan algunas  cuestiones técnicas.

Dañará a otras tecnologías

El decreto del carbón, aprobado por el Consejo de Ministros  -después de que la Comisión Europea lo autorizase al descartar que se trataba de ayudas de Estado-, ha  sido criticado por las eléctricas no tanto porque provocará un mayor  uso de las centrales térmicas de carbón, sino porque ese uso se hará  en detrimento de otras tecnologías, como los ciclos combinados de  gas, que resultarán desplazados.

En este contexto, las compañías han abierto otros dos  frentes judiciales, uno ante el Tribunal Supremo y otro ante la  Audiencia Nacional. En el primero de ellos, el Supremo ha rechazado  la solicitud de medidas cautelarísimas.

La Audiencia Nacional ya decidió la semana pasada paralizar la aplicación de  este desarrollo normativo y este miércoles debe  estudiar si aplica medidas cautelarísimas.