La Fiscalía pedirá hasta 8 años de cárcel para los controladores, la máxima pena por sedición

• Hay 20 diligencias abiertas y más de 400 personas responsables
• USCA recurre ante el Supremo el estado de alarma y la militarización
• Los controladores se niegan a declarar ante la Fiscalía de Madrid

La Fiscalía del Estado pedirá penas de hasta ocho años de cárcel para los controladores

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha anunciado este jueves en Zaragoza que se propondrán penas de hasta ocho años de cárcel para los controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo por un presunto delito de sedición. Un paro salvaje que provocó el mayor caos da la historia del espacio aéreo español.

Así lo ha anunciado el fiscal general antes de presidir una reunión de la Junta de Fiscales en la capital aragonesa, en la que se ha incluido por vía de urgencia tratar el conflicto de los controladores y sus repercusiones penales.

La reunión tiene lugar el mismo día en el que los controladores comienzan a declarar ante la Justicia. La Fiscalía de Madrid les ha enviado ya las primeras citaciones y una treintena de ellos deberán acudir a los juzgados para declarar entre este jueves y este viernes.

Los 12 primeros se han negado a declarar, según informa Critina Ónega, de TVE, alegando que la Fiscalía no es competente porque están sometidos a jurisdicción militar.

Conde-Pumpido ha dicho que los hechos protagonizados por los controladores suponen un delito "muy grave" sancionado con penas de entre tres y ocho años de prisión.

Un abandono "premeditado" y "colectivo"

A juicio del fiscal general, el conflicto protagonizado por los controladores no es un problema laboral, porque no se han utilizado los cauces previstos en estos casos, sino que se ha producido un abandono del puesto de trabajo "premeditado", "concertado" y "colectivo", con un grave daño para los ciudadanos y para España.

Conde-Pumpido ha confirmado que hay más de 20 diligencias abiertas en toda España y más de 400 personas responsables de estos hechos a los que se exigirá la correspondiente responsabilidad.

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha presentado dos recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Supremo contra los Reales Decretos que establecen el estado de alarma y "la militarización" de los servicios civiles de tránsito aéreo.

Debate en el Congreso de los Diputados

Mientras el fiscal general del Estado hacía este anuncio en Zaragoza, se celebraba la comparecencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso pora explicar las razones por las que se decretó el estado de alarma, por primera vez en democracia.

Zapatero ha defendido que ha sido una "medida proporcionada" ante la gravedad de los efectos de la protesta de los controladores, que ha definido como "una afrenta al orden público constitucional".

El líder de la oposición, Mariano Rajoy, ha apoyado la medida, pero ha añadido que el hecho de que Ejecutivo tuviera que tomar esta decisión es la "proclamación de la impotencia".