PSOE y PP asumen que no habrá renovación del Constitucional hasta la próxima legislatura

• Ramón Jáuregui y Federico Trillo consideran que no habrá acuerdo hasta 2012
• Las dos formaciones no han vuelto a negociar desde hace tres semanas

Fachada de la sede del Tribunal Constitucional.

No habrá renovación del Tribunal Constitucional esta legislatura. Tanto el PSOE como el Partido Popular han asumido que será imposible ponerse de acuerdo para nombrar a cuatro magistrados a propuesta del Congreso hasta después de las elecciones generales.

Así lo ha reconocido en una entrevista a Servimedia el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, quien ha afirmado que no se podrá sustituir hasta, al menos, 2012 a los cuatro vocales del Constitucional que tienen su mandato agotado desde el pasado mes de noviembre, entre los que se encuentra el fallecido Roberto García-Calvo.

El Partido Popular también ha asumido que será prácticamente imposible renovar el Tribunal Constitucional antes de las próximas elecciones generales, según ha reconocido a la agencia de noticias el coordinador de Libertades Públicas y Justicia del PP, Federillo Trillo.

Sobre la legitimidad del TC, su presidente, Pascual Sala, ha afirmado en una entrevista en El País que "el actual Tribunal y su presidente se encuentran plenamente legitimados para afrontar su tarea fundamental de actualizar y poner al día el funcionamiento del Pleno y de las Salas, sin ninguna restricción ni limitación que pudieran derivar de una, a mi juicio, equivocada, percepción de provisionalidad".

Jáuregui y Trillo, de acuerdo en el desacuerdo

El principal escollo de la negociación es el juez Enrique López, propuesto por el Partido Popular y al que el Partido Socialista se opone de forma tajante con el argumento de que no cumple los requisitos necesarios para ingresar en el Tribunal Constitucional.

"No oculto que esa es una asignatura pendiente que tenemos los grupos políticos. Tenemos un deber de producir un acuerdo en esa materia. También tenemos otros órganos pendientes de ese consenso y sería bueno que trabajáramos en un clima y en un terreno de aproximación para producir una renovación institucional que diera normalidad a esos órganos", ha subrayado Jáuregui.

Mientras, el PP considera que el PSOE se basa en razones "personales" para vetar el nombramiento de Enrique López. Y porque los nombramientos del Congreso reducirían el predominio progresista en el Constitucional, ya que el sillón vacío del fallecido García-Calvo pasaría a estar ocupado por un juez conservador.

Es lo que ha subrayado Federico Trillo, quien también ha afirmado que el Gobierno no cambiará de postura mientras José Luis Rodríguez Zapatero siga en La Moncloa y José Antonio Alonso sea el portavoz del PSOE en el Congreso. Por eso, también ha subrayado que habrá que esperar a después de las generales para alcanzar un acuerdo en esta materia.

"Conversaciones completamente rotas"

PP y PSOE han tardado tres años en alcanzar un acuerdo para renovar a los cuatro magistrados del Senado que finalizaron en 2007 el periodo para el que fueron nombrados y que, sin embargo, no han sido sustituidos hasta enero de 2011 tras un largo culebrón de negociaciones.

La historia va camino de repetirse ahora con los cuatro jueces que debe nombrar el Congreso de los Diputados. Socialistas y populares asumen que las conversaciones están "completamente rotas" desde hace tres semanas, cuando el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los nombres de los cuatro nuevos jueces del Constitucional propuestos por el Senado.

Desde entonces, no ha vuelto a haber contactos para intentar buscar otro acuerdo que permita nombrar en el Congreso a su cupo de magistrados del Tribunal Constitucional.

Otras instituciones pendientes de renovación

Jáuregui ha recordado que, además del Tribunal Constitucional, otras instituciones del Estado como el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas están a la espera de un acuerdo entre PSOE y PP para proceder al nombramiento de nuevos responsables.

No obstante, ha defendido que las leyes españoles "prevén la continuidad y por tanto la normalidad" de estos órganos mientras se procede a su renovación, sin que por ello pierdan "ni legitimidad ni validez ni eficacia", como el Gobierno sostuvo con el Tribunal Constitucional cuando se publicó la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña.