Detenidos tres ex altos cargos del Ayuntamiento de Palma relacionados con la operación contra UM

• La declaración de uno de ellos desencadenó el registro en la sede central
• UM contrató informadores medioambientales para captar afiliados
• La operación ha sido iniciada por orden de la Fiscalía Anticorrupción

Agentes de la Policía Nacional de delitos Económicos abandonan la sede de la formación política Unión Mallorquina de Palma, que ha sido registrada por encargo de los fiscales anticorrupción.

Agentes de la policía judicial están registrando desde primera hora de  esta mañana la sede de Unió Mallorquina en Palma por  un presunto caso  de financiación irregular de este partido político. Por el momento tres personas han sido detenidas en relación con la investigación, en la que participa el grupo de delitos económicos de la Policía Judicial y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach.

El juez, la fiscalía anticorrupción y la policía han estado en la sede central de la formación de Unió Mallorquina (UM), en Palma, en una operación que deriva de diversos casos de corrupción ya abiertos en los últimos meses relacionados con este partido y con algunos de sus altos cargos y continuará a lo largo del día con otros registros.

Las tres personas detenidas son la exgerente del IMFOF (Instituto Municipal de Formación y Ocupación) del Ayuntamiento de Palma Catalina Palleras, que fue puesta en libertad con cargos tras declarar la pasada noche; Paula Cortés ex "número dos" de Cristina Cerdó (UM) en la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma; y el coordinador del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma, S.M.

Informadores medioambientales que captaban afiliados

Unió Mallorquina (UM) contrató supuestamente a través de una empresa municipal informadores medioambientales con el único objetivo de captar afiliados para el partido.

Este es el motivo de la investigación abierta por la fiscalía anticorrupción y la policía que ha motivado hoy el registro de la sede de UM y la detención de tres personas vinculadas al partido por malversación de caudales públicos.

Según las fuentes, una veintena de informadores medioambientales fueron contratados a través del IMFOC (Instituto Municipal de Formación y Ocupación) del Ayuntamiento de Palma y durante el tiempo que duró su trabajo no presentaron ningún informe medioambiental.

La Fiscalía sospecha que los contratados se dedicaron realmente a captar afiliados para UM en lugar de hacer el trabajo para el que fueron contratados, según las fuentes.

La declaración de una detenida desencadenó la operación

La declaración de la primera fue el desencadenante del registro de la sede de UM. En concreto, sobre pesan sobre ella los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental y cohecho  a raíz de su presunta intervención en los hechos que se investigan en  el nuevo caso, centrados en una supuesta financiación irregular la  formación nacionalista a nivel municipal en las pasadas elecciones de  2007.

Paula Cortés supervisaba funciones de los informadores medioambientales del Ayuntamiento (IMAS), que eran contratados a través del IMFOF y declaró el pasado mes de enero como imputada en el "caso Maquillaje", en el que también fue imputada la expresidenta del Parlamento balear María Antonia Munar.

El registro se está produciendo por orden del titular de Juzgado de instrucción número 8 de Palma, Antoni Rotger,  a raíz de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción.

Irregularidades en la financiación

RTVE.es se ha intentado poner en contacto con la sede de UM que está siendo registrada y no responden a ningún teléfono.

Desde la Jefatura Superior de Policía de Mallorca afirman estar autorizados solamente para confirmar que efectivamente se está produciendo un registro y que la orden ha partido de la Fiscalía Anticorrupción, aunque no dan más datos dado que "la investigación está abierta".

En este sentido, fuentes citadas por Europa Press apuntan que las investigaciones se centran en una presunta captación irregular de votos a nivel municipal durante las pasadas elecciones y en la contratación de militantes de UM en diferentes cargos del Ayuntamiento a pesar de que en estos puestos ellos no tenían ninguna función, sino que se dedicaban a labores de partido.

Por tanto, según estas fuentes, entre otros se estaría investigando un delito de malversación de caudales públicos.