El PP recuerda que aún se puede ilegalizar Bildu al Gobierno, que acata la sentencia

• Justicia afirma que impugnó las listas porque había "motivos suficientes"
• El PP pide al Gobierno que la Policía siga recabando pruebas
• Mayor Oreja afirma que legalizar Bildu es "dar un salto al vacío sin red"

El Partido Popular ha insistido en que aún se está a tiempo de dejar a Bildu fuera de las instituciones a pesar de que el Tribunal Constitucional haya permitido su concurrencia a las elecciones del 22 de mayo al rechazar la decisión del Supremo de ilegalizar la coalición. En este sentido, ha instado a recabar más pruebas al Gobierno, que acata y respeta la sentencia

El PP respeta la decisión del Tribunal Constitucional pero la considera "una mala noticia", pero "no definitiva" y por ello, insta al Gobierno a presentar un nuevo recurso al Supremo si durante la campaña conociera factores que puedan conducir a su anulación.

Es por esta razón que el Partido Popular, como señala en un comunicado,  reclama al Ejecutivo que dé instrucciones a las fuerzas policiales para que sigan recabando "los elementos de convicción" que prueben, dice, que en verdad todos los integrantes de las listas de Bildu "lo sean en nombre de la democracia y nunca en nombre y al servicio de la estrategia de ETA".

En la nota, el PP recuerda que en la nueva ley electoral hay vías para impedir la concurrencia electoral de la coalición si efectivamente queda demostrado que obedece a una estrategia de ETA.

Posibilidad de un nuevo recurso ante el Supremo

Una de ellas es la interposición de un nuevo recurso ante el Supremo si durante la campaña electoral "se tuviera conocimiento de circunstancias que impidan la presentación de candidaturas". Indica el PP al Gobierno que tiene de plazo hasta el día 12.

Sin embargo, la posición oficial del partido que dirige Mariano Rajoy es la de respeto a la decisión de una "exigua mayoría" del pleno del alto tribunal, según destaca en la nota.

No evita eso que recalque en su comunicado que lamenta la decisión, sobre todo cuando el Supremo ya había declarado que Bildu es "una estrategia diseñada por ETA".

Tras decir que "valora de forma especial la posición de quienes han anunciado un voto particular", el PP insiste en que el TC ha dado pie a una "mala noticia", aunque "no definitiva", pues existen "vías sucesivas de impugnación".

"Por eso, el Partido Popular reitera la necesidad de desenmascarar cualquier fórmula fraudulenta que permita al brazo político de ETA o a sus coaligados eludir la Ley, concurrir a unas elecciones democráticas y obtener representantes en las Instituciones mientras ETA no abandone las armas", se dice en el comunicado.

El PP asegura que "es ETA quien ejerce el control"

Afirma que "la experiencia demuestra que, pese a la apariencia de distanciamiento de los candidatos, es ETA quien ejerce el control".

Además de los instrumentos citados para cerrar el paso electoral a Bildu, los populares remarcar que incluso con los electos ya proclamados, la ley electoral permite al Gobierno presentar una demanda de ilegalización del partido o de las fuerzas que integren la coalición.

Para ello hay que demostrar que "se han convertido en instrumentos de ETA".

También cabe solicitar la suspensión cautelar de la proclamación de sus electos y evitar que tomen posesión.

Otra opción, insiste el PP, es la aplicación de "la incompatibilidad sobrevenida" de los cargos, una nueva figura de la ley electoral.

La dirección de los populares contaba con esta decisión del TC desde primeras horas de la mañana dado el nuevo juego de mayorías del alto tribunal, aunque sigue pendiente la renovación de la cuota que corresponde al Congreso.

El Gobierno recuerda que las sentencias hay que cumplirlas

El Gobierno ha asegurado que acata y respeta la sentencia del Tribunal del Constitucional que permite a Bildu concurrir a las elecciones tras rechazar el veto impuesto por el Supremo a la coalición electoral de EA, Alternativa e independientes de la izquierda abertzale.

En un comunicado, el Ministerio de Justicia argumenta que desde el primer momento, el Gobierno ha actuado de conformidad con lo dispuesto en las leyes y siguiendo los procedimientos establecidos. En el Estado de Derecho a cada poder del Estado corresponden concretos cometidos y el Gobierno ha cumplido con los suyos.

Añade que en nuestro sistema constitucional es competencia de los tribunales determinar la legalidad de las candidaturas electorales. Por ellos, indica que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, impugnó todas las candidaturas presentadas por considerar que de los informes en su poder se derivaban motivos suficientes para cuestionar su legalidad.

La Sala Especial prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dictó sentencia estimatoria y declaró su nulidad.

Añade que interpuesto el recurso de amparo, el Tribunal Constitucional ha reconocido que la coalición puede participar en las elecciones y que "las decisiones del máximo intérprete de la Constitución, que tiene la última palabra en esta materia, deben ser cumplidas por todos los ciudadanos y poderes públicos".

Mayor Oreja afirma que es "dar un salto en el vacío sin red"

El eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja ha dicho que "legalizar a ETA en las instituciones" sin que haya desaparecido es un "disparate" y una "catástrofe" porque España "da un salto en el vacío sin red".

El ex ministro del Interior ha afirmado que el único responsable político de la legalización de Bildu es el Gobierno porque es el que impulsó un proceso pactado con ETA.

Para Mayor Oreja, la decisión del Constitucional de permitir a Bildu que concurra a las elecciones del próximo día 22, revocando así la decisión del Tribunal Supremo de anular sus listas, es una "pésima" noticia.

"Entramos en una situación política especialmente difícil, hay una crisis económica, pero la crisis nacional cada día se aproxima más", ha apostillado.

Preguntado por si considera que el Constitucional sigue indicaciones políticas, Mayor Oreja ha dicho que no va a dedicar un minuto a elogiar al Tribunal Supremo o a descalificar al Constitucional. "Estamos desenfocando el tiro en ese sentido", ha apuntado el ex ministro, quien ha insistido en que el único responsable político es el Gobierno de Rodríguez Zapatero.