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Aprobada la ley orgánica que prohíbe el derecho a manifestarse de los guardias civiles

  • En una sola votación ha recibido el apoyo del PSOE, PP y UPN
  • La ley ha sido fuertemente criticada por los guardias civiles
  • Denuncian un "recorte de derechos"

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El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente, con los votos de PSOE, PP y UPN, este jueves, en una sola votación, una ley orgánica para aplicar a los miembros de la Guardia Civil el artículo de la ley de derechos y deberes de los militares --aprobada la pasada semana-- que les prohíbe organizar o participar "activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical".

La ley orgánica, que sólo ha recibido los votos favorables de PSOE y PP, ha nacido este mismo jueves, en el momento de la votación, a partir de una enmienda que los dos principales partidos introdujeron en el Senado al proyecto de ley de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad. Con ella, se modifica la ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.

El cambio en la ley que regula los derechos y deberes de los guardias civiles tuvo un primer intento fallido durante la tramitación en la Cámara Alta de la ley de derechos y deberes de los militares, cuando el Partido Popular presentó una enmienda en el sentido de la ley orgánica aprobada.

El PP y el PSOE pactaron la enmienda

El PP anunció su retirada en la votación del proyecto de ley en Comisión y aseguró que lo hacía "con satisfacción" en aras al consenso. Sin embargo, pocas semanas después PP y PSOE pactaron la enmienda ahora convertida en ley orgánica y la introdujeron como disposición final a la ley sobre contratos del sector público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad.

Tras ser aprobada en el Pleno del Senado, la enmienda sobre el derecho de manifestación de los guardias civiles ha llegado este jueves al Congreso, donde ha copado el debate sobre la ley usada como 'percha'. De hecho sólo las portavoces de PP, Beatriz Rodríguez Salmones, y PSOE, Teresa Villagrasa, han hablado de los contratos que regula la norma, mientras que los grupos minoritarios se han únicamente a la enmienda de la polémica.

Después de votar el proyecto de ley y la disposición final en la que se introducía la reforma, el presidente de la Cámara, José Bono, ha advertido que al aprobar una enmienda que modifica una ley orgánica, su contenido debía quedar "desglosado en un proyecto de ley indpendiente de carácter orgánico", con una votación final sobre el conjunto de este proyecto orgánico, que debía contar con mayoría absoluta (176 votos) para salir adelante.

Solo un debate

Fuentes parlamentarias han explicado que la enmienda pudo introducirse en el Senado sin transformarse previamente en ley orgánica porque, a diferencia de lo que ocurre en el Congreso, la Cámara Alta no requiere una votación de conjunto de las normas que afectan a los derechos fundamentales, en este caso el de manifestación.

Por eso, el Pleno del Congreso ha tenido que desgajar la enmienda del proyecto de ley en el que la había incluido el Senado y transformarla en una nueva ley a la que se ha dado el visto bueno tras un único debate en la Cámara Baja, en una única votación y a la que no se han podido presentar enmiendas. Sin embargo, las fuentes consultadas destacan que el esta operación no contraviene el Reglamento y que además, existen precedentes.

La nueva ley aprobada, con los votos de PSOE, PP y Unión del Pueblo Navarro, la abstención de Coalición Canaria y el 'no' de CiU, PNV, ERC-IU-ICV, BNG y UPyD ha sido bautizada como "proyecto de ley orgánica para la aplicación a la Guardia Civil del artículo 13.1 de la ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas".

Fuertemente criticada por los demás partidos

La maniobra ha sido duramente criticada por el resto de partidos, que la han tildado de "chapuza jurídica" y "acción impresentable" y han acusado a socialistas y 'populares' de hacer una "contrarreforma" con "nocturnidad y alevosía".

El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha avisado de que tratarán que el Defensor del Pueblo y "otras instituciones" recurran la iniciativa "totalmente inaceptable". Para el diputado de CiU Josep Sánchez i Llibre, esto ha sido una "acción impresentable" del PP y PSOE y un acto "poco democrático". Por ello, ha denunciado la "chapuza" incorporada por estos partidos "a espaldas del resto de grupos".

Desde el PNV, Emilio Olabarria ha denunciado que con esta enmienda se ha actuado de una manera "manifiestamente incorrecta desde una perspectiva técnico-jurídica". Además, se ha referido a la "incógnita" que le supone que se denomine Guardia Civil "al único cuerpo policial que tiene naturaleza militar en toda Europa".

La cuestión ha sido abordada también por el diputado del BNG Francisco Jorquera, quien también ha cargado contra esta enmienda "manifiestamente inconstitucional" y ha reprochado a los dos principales partidos que "las pocas veces que son capaces de ponerse de acuerdo sea para retroceder en derechos".

La diputada de UPyD, Rosa Díez, ha denunciado el "atraco" cometido con "cobardía " y "de forma ilegítima". "Verdaderamente, señorías, julo es el mes de las rebajas en la calle. En este Congreso de los Diputados, julio del año 2011 ha sido el mes de las rebajas de los derechos sociales y cívicos de los ciudadanos", ha rematado.

La Guardia Civil denuncia "recortes de derechos"

Las cuatro asociaciones mayoritarias de guardias civiles han acusado este jueves al PSOE y al PP de actuar "sin escrúpulos" al prohibir "con nocturnidad y alevosía" el derecho de manifestación de los agentes del instituto armado, en un recorte de derechos "sin precedentes" en la historia de la democracia.

El secretario de comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Antonio Delgado, en nombre de las cuatro asociaciones mayoritarias en unidad de acción -AUGC, UO, ASES y UGC-, ha reprochado a los dos principales partidos que pretendan tener a su servicio "policías baratos, obedientes y esclavos".

Delgado ha dudado además de la legalidad de la medida, que a última hora ha tenido que ser aprobada de forma independiente como proyecto de ley orgánica ya que la enmienda pactada por socialistas y 'populares' reformaba a un mismo tiempo dos leyes orgánicas diferentes. "Su legalidad la decidirá un tribunal. No nos vamos a quedar parados ante este atropello", ha anunciado.

El secretario de Comunicación de AUGC ha agradecido además el apoyo de los grupos minoritarios del Congreso, muy críticos con el recorte de derechos para los guardias civiles.

Las cuatro asociaciones ya anunciaron el miércoles que pese a la prohibición convocarán una manifestación de protesta para el próximo 1 de octubre. Hasta esa fecha, las asociaciones se manifestarán en todos los actos electorales del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.