La Fiscalía no tomará una decisión sobre Urdangarín hasta que analice toda la documentación

Quince archivadores con documentación

Según las citadas fuentes, la documentación que los investigadores  se incautaron en los registros llevados a cabo entre el 7 y el 10 de  noviembre en el Instituto Nóos y en varias sociedades mercantiles  vinculadas a Urdangarín está siendo analizada en sede judicial por la  Fiscalía y el Grupo de Delincuencia Económica de Baleares. Se trata,  en concreto, de unos 15 archivadores.

Los documentos, que fueron incautados en la denominada 'operación  Babel', fueron trasladado a las dependencias de la Jefatura Superior  de Policía de las Islas Baleares. Tras su análisis, la Fiscalía  decidirá si llama a declarar al marido de la infanta Cristina como  imputado o como testigo, en cuyo caso podría hacerlo por escrito.

La investigación parte de la sospecha de la Fiscalía  Anticorrupción de que Urdangarín y su socio y actual presidente del  Instituto Nóos, Diego Torres, desviaron a través de esta fundación  fondos públicos y privados procedentes de estas tres administraciones  públicas para "apoderarse" de ellos. Para ello, habrían fijado  precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que  prestaban a la Administración y simulando asimismo trabajos  "ficticios".

En el caso de Baleares, el montante desviado ascendió a 2,3  millones de euros que el Gobierno de Jaume Matas destinó en 2005 y  2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y  Deporte.

En un auto, el magistrado sostenía que el precio de ambas jornadas  (1,2 millones la primera y 1,1 la segunda) es "totalmente  desproporcionado para lo que supone el encargo" y fue fijado  "exclusivamente en base a un presupuesto ficticio en tanto que  realizado sin analizar coste alguno", hechos que están siendo  investigados en la pieza número 25 de las 26 que integran el 'caso  Palma Arena'.

La Fiscalía cree que fue a partir de 2003 cuando el Duque de Palma  entró en vinculación con Nóos y un año después comenzó a presidir la  entidad mientras Torres ostentaba el cargo de gerente. Según la  acusación pública, la "única finalidad perseguida" por Urdangarín y  Torres con la toma del control de Nóos era "contar con la cobertura  de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una  especie de ONG dedicada a proyectos sociales".

De esta forma, pretendían aparentar que la fundación no perseguía  "fines lucrativos" y "rodearse del prestigio social derivado de las  actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la  asociación y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse  básicamente con fondos de organismos públicos".

En concreto, las entidades presuntamente utilizadas por ambos  eran, según especifica el auto, Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon  S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y  De Goes Center For Stakeholder Management. La resolución indica que  tanto Nóos como las sociedades vinculadas tenían, como mínimo desde  el año 2006, el mismo domicilio real social, lo que revela que el  "control" de las mismas "estaba en manos de los dirigentes del  Instituto Nóos".