El despido será procedente salvo que el trabajador demuestre lo contrario

Bajada de salario

A partir de ahora, la “cuantía salarial” se incluye entre las  condiciones de trabajo que la dirección de la empresa puede acordar “por  razones económicas, técnicas, organizativas o de producción”. Entre  esas razones están “las relacionadas con la competitividad,  productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa”. Esa  definición afecta a los trabajadores con sueldos por encima de los mínimos de convenio de su categoría. Por lo que se abre la puerta a bajar salarios si la empresa alega razones de competitividad.

Por otro lado, la reforma elimina el contrato de fomento de la contratación indefinida, por el que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) cubriría parte de las indemnizaciones por despido, y también paraliza el proceso abierto por el anterior Ejecutivo para integrar la estructura del Fogasa y del Servicio Público de Empleo.

Estas medidas se suman a la desaparición del "despido exprés", la limitación a dos años de la ultraactividad de los convenios, la generalización de la indemnización de 33 días por año trabajado, la eliminación del requisito de autorización administrativa para los expedientes de regulación de empleo (ERE) o la creación de un nuevo contrato para emprendedores.

ERE no recurrible

Las sentencias sobre ERE no podrán ser recurridas ante el Tribunal Supremo (TS) cuando afecten a menos de 50 trabajadores, según el decreto ley "de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral" publicado en el BOE.

Esta norma, que entra en vigor este lunes y ha modificado varios artículos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, también ha suprimido la posibilidad de presentar recursos de súplica por despidos colectivos.

Así, desaparece la posibilidad de recurrir en casación ante el TS "las sentencias dictadas en relación con expedientes de regulación de empleo, de extinción de contratos de trabajo, suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cualquiera que sea la cuantía, cuando afecten a menos de cincuenta trabajadores".

En el decreto ley también se detalla el nuevo procedimiento judicial sobre las demandas presentadas contra despidos colectivos, que deberá estar resuelto en menos de dos meses, de acuerdo con los plazos indicados en esta norma.

También ha eliminado el acceso al conflicto colectivo cuando la empresa niega a los representantes de los trabajadores información de "carácter reservado" o cuando no les comunica "determinadas informaciones".

Además, ha excluido el uso del conflicto colectivo por "los litigios relativos al cumplimiento por los representantes de los trabajadores y los expertos que les asistan de su obligación de sigilo".