El Gobierno vasco excluye a terroristas de las indemnizaciones a víctimas de abusos policiales

• Presenta un borrador para indemnizar a víctimas de 1968 a 1978
• Las indemizaciones van desde los 35.000 a los 390.000 euros
• En caso de muerte la indemnización es de 135.000 euros

El Gobierno Vasco ha presentado este lunes el borrador de decreto que reconocerá como víctimas a quienes padecieron abusos policiales entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1978 y que excluye a los terroristas.

El decreto contempla indemnizaciones de 35.000 hasta 390.000 euros para casos de gran invalidez. En caso de muerte, la compensación asciende a 135.000 euros.

La consejera de Justicia del Gobierno de Vitoria, Idoia Mendia, y la exmagistrada Manuela Carmena, que está coordinando esta materia, han presentado el borrador del decreto que podría estar aprobado definitivamente la próxima primavera, y al que seguirá otro para los casos a partir de 1978.

El futuro decreto busca la declaración de la condición de víctima y la reparación de quienes sufrieron la vulneración de sus derechos producida en el País Vasco entre 1968 y 1978, "en el contexto de la violencia de motivación política vivida durante ese periodo".

El borrador considera sufrimientos injustos la muerte, la gran invalidez, la incapacidad permanente total o parcial y las lesiones permanentes provocadas por acciones indebidas de agentes de las Fuerzas de Seguridad y otros funcionarios públicos, así como por colaboradores externos.

La puesta en marcha de un decreto de este tipo responde a un mandato del Parlamento vasco aprobado el 31 de marzo de 2011.

Los terroristas quedan excluidos de las indemnizaciones

"Ningún terrorista fallecido cuando intentaba poner una bomba o muerto en un enfrentamiento con agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrá beneficiarse de la reparación y reconocimiento que se recogen en este", ha aclarado Mendia.

Por ello, ha querido "tranquilizar" a las víctimas del terrorismo de ETA, porque el Gobierno Vasco no tiene ninguna intención ni de "equiparar" víctimas ni de buscar "equidistancias" entre distintas violencias.

Serán susceptibles de ser reparados los "sufrimientos injustos" aunque en su momento no fueran considerados como tales, al haber sido exculpados en procedimiento judicial, por sobreseimiento o sentencia absolutoria, o aunque las conductas de las víctimas fueran objeto de enjuiciamiento, "si este vulnerara el derecho a la vida reconocido en la Constitución", en referencia a los fusilados por el franquismo.

Habrá una comisión de valoración que declarará la condición de víctima de violaciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política definida en el decreto y la que atribuirá a dichas víctimas los derechos que, en consecuencia, le correspondan.