Justicia indulta a un ex alto cargo de la Generalitat, condenado por prevaricación y malversación

• Josep María Servitge fue condenado a cuatro años y medio de prisión
• También indulta al empresario Acuña, condenado también en el caso Treball
• Eran militantes de UDC y se les impone una multa de casi 4.000 euros

El Ministerio de Justicia ha indultado a los condenados por el caso Treball: el exsecretario general de la Consejería de Trabajo  de la Generalitat Josep Maria Servitje Roca y al empresario Víctor  Manuel Lorenzo Acuña, que han militado en UDC.

Según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) en su  edición de este martes, tras aprobarse en el Consejo de Ministro del  17 de febrero, a Servitje se le conmuta la pena de prisión por un año  de multa -una cuota diaria de diez euros a pagar en los próximos  doce meses- con la condición de que "en el plazo de tres años no  vuelva a cometer delito doloso".

Servitje fue condenado por delitos cometidos en 1994 de  prevaricación y malversación de caudales públicos a una pena de  cuatro años y medio de prisión y seis años de inhabilitación absoluta  a raíz del desvío de dinero público de la Consejería de Trabajo  cuando su responsable era el democristiano Ignasi Farreres, que quedó  absuelto.

Acuña, excuñado de Sánchez Llibre

También se ha conmutado la pena al empresario Víctor Manuel  Lorenzo Acuña,  excuñado del diputado de CiU en el Congreso y  dirigente de UDC Josep Sánchez Llibre.

Lorenzo Acuña fue condenado en 2009 por la Audiencia de Barcelona  por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a  dos años y tres meses de prisión, cuatro de inhabilitación absoluta y  con la accesoria de inhabilitación especial para desempeñar cargos en  la administración, representar sociedades y obtener concesiones del  sector público.

También en este caso, al empresario se le conmuta la prisión por  un año de multa,  que también son diez euros por día durante los  próximos 12 meses.

Según la sentencia judicial que le condenó, Servitje desvió más de  46.000 euros de fondos públicos a través de la adjudicación de  estudios que eran plagiados o de nula utilidad a empresas vinculadas  a Lorenzo Acuña, que también militó en el partido democristiano.